Coalición Contra la Impunidad exige mayor legalidad en las reformas al Ministerio Público
La Coalición Contra la Impunidad exigió al gobierno hondureño mayor legalidad y transparencia en la elección del nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Publico por parte del Congreso Nacional que ha iniciado una socialización a las reformas a la Ley del Ministerio Público.
“Para la expectativa que tuvo inicialmente la Comisión Interventora del Ministerio Publico me parece que ha sido aceptable y las limitaciones que ha tenido esta Comisión han sido bastantes grandes que la posibilidad de maniobra que tiene es bastante menor”, dijo Wilfredo Méndez, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH).
De acuerdo con la Coalición contra la Impunidad, el primer informe de la Comisión Interventora, divulgado recientemente se queda corto en definir, aunque fuera en líneas generales, un diagnóstico del Ministerio Publico, en particular de las fiscalías especiales, siendo estas dependencias funcionan en Tegucigalpa por otro lado es evidente que la depuración que se ha realizado es de carácter limitado, centrándose únicamente en cambios en la dirección de algunas fiscalías y algunas rotaciones.
“El hecho de que el Congreso Nacional haya llamado a un proceso de concertación y socialización de una ley es un teatro muy bien montado y tenemos conocimiento de la ley que ellos quieren y este proceso que ellos tienen es para hacer creer que todas las organizaciones de la sociedad civil están convocadas de todos los sectores no es del todo cierto y al final ellos quieren que el fiscal que ellos quieren ya está”, destacó Méndez.
La organización que aglutina más de una decena de organizaciones considera “poco relevantes” los hallazgos que identifican en el informe como “excesos de gastos, derroche de viáticos, aumentos selectivos, mal uso de vehículos, falta de seguridad para los fiscales, mecanismos técnicos inadecuados, entre otras”.
Escenario facilitaría el fraude electoral
“Esta elección de estos fiscales se realiza justamente en un Congreso que no debería estar abordando este tema porque es una responsabilidad del próximo Congreso y creemos que se deben elegir fiscales para un periodo de transición y no para un periodo de 5 a 7 años. En ese sentido consideramos que las fuerzas políticas tradicionales están tramando un escenario en el cual pueda crear acciones para un probable fraude electoral en las elecciones generales”, expresó por su parte Héctor Longino Becerra Director Ejecutivo de Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
De su lado, Guillermo López, representante de Jueces por la Democracia explicó que “el Congreso Nacional únicamente tenía que cumplir con la Ley vigente del Ministerio Publico”.
A criterio de López, se realizó “una maniobra de suspender el artículo 22 de la Ley que es la que regula el actuar de la pre ponente sobre las autoridades del Ministerio Público, o sea lo que corresponde en este momento es actuar conforme a la legalidad es pasar a elegir al Fiscal General y Adjunto por el tiempo que le quedaba y la maniobra consiste el cuento de una nueva ley para elegir al fiscal por 5-7 años que más les convenga”.
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