Por Jessica Sánchez
Pese al reconocimiento este año en el Código Penal hondureño de la figura de feminicidio, las muertes violentas de mujeres en este país centroamericano siguen creciendo, confirman estadísticas, estudios y organizaciones de mujeres.
Considerado uno de los países más violentos del mundo, en Honduras la tasa nacional de homicidios es de 85,5 por cada 100,000 habitantes, lo que representa 598 homicidios mensuales y 20 víctimas diarias, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
En 2012 ocurrieron 606 muertes violentas de mujeres, según la misma fuente, lo que representa una tasa de 14.2 por cada cien mil habitantes e indica que 51 mujeres, mueren asesinadas mensualmente en promedio; es decir, una cada 15 horas con 30 segundos.
Entre 2005 y 2012, la muerte violenta de mujeres pasó de 175 a 606, un aumento de 246, 3 por ciento en los últimos ocho años.
Sin embargo, de los casos presentados de 2011 a 2012, apenas dos por ciento llegó a los juzgados y obtenido sentencia, es decir el 98 por ciento sigue sin resolverse, de acuerdo con datos recopilados por organizaciones de La Tribuna de Mujeres contra los femicidios en el estudio "Como se tejen los hilos de la impunidad", realizado en 2012.
En abril del presente año, el movimiento de mujeres y feminista, en concertación con el Estado, logró la aprobación de una reforma al Código Penal que reconoce la figura legal del femicidio, con penas entre 30 y 40 años contra los autores de crímenes de mujeres.
Aunque el Estado hondureño reconoció así la especificidad y particular gravedad de este delito, ello no se ha traducido hasta la fecha en un mayor acceso a la justicia para la resolución de los casos de femicidio y violencia contra las mujeres.
Así lo denunció el Primer Tribunal Alterno contra el feminicido que sesionó el 19 de junio en Tegucigalpa, convocado por la Tribuna contra los Femicidios en Honduras, integrada por ocho organizaciones de mujeres.
El tribunal alterno es una acción simbólica, basada en principios éticos que buscan representar el deber ser de la justicia e incidir en los tomadores de decisiones para que mejoren sus prácticas permitiendo, protegiendo y garantizando el derecho de las mujeres hondureñas a una vida libre de violencia.
El tribunal convocó a personas expertas en derechos humanos y especialistas en derechos de las mujeres para analizar la respuesta estatal frente a los femicidios.
El tribunal lo conformaron la directora del Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA) en Costa Rica, Ana Carcedo; Cecilia Barraza, directora de la organización Humanas en Colombia; Claudia Sánchez, especialista en derechos humanos; el escritor y crítico literario Julio Escoto y el Ex Comisionado de los Derechos Humanos en el país, Leo Valladares.
En el proceso se escucharon las peticiones de las demandantes, así como las obligaciones internacionales del estado hondureño en materia de investigación y sanción de delitos de violencia contra las mujeres y de la debida diligencia, entre otros aspectos clave,
falló contra el Estado de Honduras, develando una práctica de negligencia y desinterés en la prevención, atención y resolución de los casos de femicidio, así como la falta de la debida diligencia, hechos que comprometieron la sanción adecuada a los responsables del delito y colocaron en riesgo a las víctimas indirectas y los testigos.
De forma específica se concluyó que el Estado falló en garantizar a las víctimas el derecho a la vida, a una existencia libre de violencia, a su deber de no discriminación, acceso a la justicia, esclarecimiento de la verdad y medidas de reparación y no repetición.
Entre las recomendaciones el tribunal planteó la investigación y sanción de los funcionarios responsables de la atención de los casos, así como la creación de políticas estatales en materia de acceso a la justicia para brindar una respuesta oportuna y eficaz en materia de violencia contra las mujeres.
También la adopción de medidas concretas encaminadas a superar la impunidad en que se encuentran los casos de femicidio y violencia contra las mujeres, y el fortalecimiento de mecanismos de protección para mujeres víctimas de violencia e involucradas en proceso judiciales, entre otras.
Uno de los grandes retos para el Estado y la sociedad hondureña es "priorizar la violencia contra la mujer y específicamente los femicidios, como un problema grave, que requiere la participación de la sociedad en su conjunto", indicó Carcedo.
En esa misma dirección se enfocaron los señalamientos hechos al Estado hondureño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en ocasión del 147° Período de sesiones, en abril de 2013, al abordarse la situación general de los derechos humanos en Honduras.
En esa ocasión, representantes del Estado sostuvieron que la violencia contra las mujeres estaba inserta en la violencia general, aseveraron que murieron violentamente más hombres que mujeres y desconocieron de manera abierta y pública las especificidades que caracterizan a la violencia contra las mujeres en el país.
Sobre el tema, la CIDH reafirma que "…existe un vínculo entre la discriminación, la violencia contra la mujer y la debida diligencia, por lo tanto, es un deber de los Estados enfrentar y responder a la violencia contra la mujer, lo que implica tomar medidas para prevenir la discriminación que perpetúa este grave problema".
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