martes, 9 de julio de 2013
Factores y actores generadores del crimen y la violencia en Honduras
Los medios de comunicación contribuyen a fomentar la cultura del miedo y la violencia.
“Al de acostumbrarnos a las continuas noticias de muertes con que cada día se nos va endureciendo el alma y el corazón provocando en nosotros la indiferencia y el olvido”, de esta forma comienza el informe que a través de un video la pastoral social Caritas de Honduras da a conocer la violencia en Honduras.
“El problema de la violencia en Honduras es algo multidimensional ya que es totalmente diversa y por eso para disminuirla debemos generar buenas condiciones para el pueblo hondureño en materia de seguridad pública, jurídica, aplicación correcta de la justicia, y esto parte también de generar un verdadero sistema de seguridad congruente con las necesidades del pueblo Hondureño”, aseguró Josué Murillo, director de la Alianza Por la Paz y la Justicia.
Según el estudio, se aplicó una encuesta a jóvenes estudiantes de 42 institutos públicos de siete municipios considerados los más violentos a nivel nacional y se contó con la participación de grupos e informantes clave de las diócesis de La Ceiba, Trujillo, Olancho, Yoro, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula y Tegucigalpa.
José Martínez en representación de Caritas de Honduras y coordinador de este estudio expresó que “para poner en el contexto más reciente desde inicios del siglo XXI, ha predominado el crecimiento acelerado de los indicadores de violencia con la internacionalización del narcotráfico y del crimen organizado y la violencia en Honduras no ha cesado de transformarse y fortalecerse, mientras que el Estado retrocede y la sociedad se resigna al miedo y la postración”.
Generadores de crimen y violencia
El informe destaca que los cinco factores y actores generadores del crimen y la violencia en Honduras son: el crimen organizado y el narcotráfico que han subordinado a las maras o pandillas, y han penetrado las instituciones del Estado; las maras y pandillas juveniles, junto con las “barras bravas”; la delincuencia común; el tráfico ilegal de armas y la permisividad de la Ley de Control de armas de fuego. La Policía y el ejército; y los medios de comunicación que, antes que informar y educar, contribuyen a fomentar la cultura del miedo y la violencia.
Durante el año 2012 se registraron 7,172 homicidios dado que el 83% se cometió con arma de fuego como el principal instrumento de muerte en el país.
Grupos más vulnerables
Los grupos más vulnerables a todo tipo de violencias son los niños y jóvenes. Además de las muertes violentas, sufren otros tipos de violencia menos conocidos y estudiados, como la violencia intrafamiliar, la explotación sexual comercial y el trabajo infantil doméstico. Otros grupos poblacionales particularmente afectados son las mujeres y la comunidad LGTB. También destacan las muertes violentas e intimidaciones contra periodistas, abogados y defensores de derechos humanos.
Entre las causas de la violencia y criminalidad sobresalen: la debilidad institucional del Estado y del todo el sistema de la seguridad ciudadana, las inequidades y desigualdades sociales que excluyen de la educación, del empleo y del ingreso al 25% de los jóvenes, el carácter transnacional de la criminalidad, la violencia intrafamiliar y las migraciones, la falta de espacios públicos y de sitios de recreación así como el consumo de drogas y alcohol en la juventud hondureña.
El documento subraya que “las políticas de prevención no se han concretado en acciones a largo plazo y los que ha habido son acciones temporales para reaccionar ante el fenómeno y no para prevenirlo y las experiencias que provienen de la ciudadanía no se ha valorado y ha fallado el acompañamiento del Estado a estas iniciativas para convertirlas en políticas públicas”.
“La situación de violencia solo se podrá revertir con el funcionamiento eficaz de la justicia, el cese de la impunidad, la depuración policial y la prevención social del delito así como promover una cultura de paz por medio de la educación y otras acciones que es una tarea urgente para la sociedad hondureña en su conjunto”, concluye el informe.
Otras conclusiones y hallazgos
• En gran medida, las enormes desigualdades e inequidades que prevalecen en Honduras surgieron de la matriz oligárquica que sirvió como modelo para iniciar la construcción del Estado nacional en los albores del siglo XIX. El principal producto de este proceso fue la asimilación del uso de acciones de naturaleza violenta para resolver los conflictos políticos y también los civiles.
• El retorno a la democracia iniciado en 1980 fue condicionado por el escenario en ebullición y proclive a la violencia que ya primaba en Centroamérica. La paz empezó a perfilarse en la región como producto de los Acuerdos de Esquipulas I y II, proceso que culminó en 1987. Los fusiles se enfriaron, pero no descansaron. Por el contrario, su tenencia y uso se “democratizó” en múltiples actores que pronto aprendieron que la violencia era el recurso más expedito para resolver los conflictos y ejercer el poder.
• La semilla de la violencia floreció en la década de 1990, en un contexto de crisis económica y de intentos por modernizar el Estado. Sin embargo, Honduras no consideró las secuelas del conflicto regional. Así, desde finales del decenio de los 80, inició una profusa circulación de armas heredadas del conflicto regional, que muy pronto se convirtió en un lucrativo negocio para los altos mandos del ejército y grupos irregulares.
También crecieron y se multiplicaron las empresas de seguridad privada, cuyo número de efectivos, a finales de los años 90, ya superaba al número de efectivos de las Fuerzas Armadas. El monopolio de la violencia legítima ya no estaba en manos del Estado.
• Otro actor que surge en esta década son las maras o pandillas juveniles que, a diferencia de las del pasado, utilizan métodos más violentos y mortales. Estas sirvieron al Estado como excusa para renovar la militarización del país a través de una modalidad autoritaria y violenta de concebir la seguridad ciudadana. Y mientras se endurecía la legislación y crecía la arbitrariedad contra los jóvenes en maras, los entes obligados a hacer cumplir la ley fueron penetrados por grupos criminales, hasta que surgió un vínculo entre las pandillas, el crimen organizado y un sector corrupto de la Policía. La impunidad y la corrupción se aglutinaron en un escenario de violencia y desorden sin árbitro.
• Desde inicios del siglo XXI, ha predominado el crecimiento acelerado de los indicadores de violencia. Con la internacionalización del narcotráfico y del crimen organizado, la violencia en Honduras no ha cesado de transformarse y fortalecerse, mientras que el Estado retrocede y la sociedad se resigna al miedo y la postración. Y todo ello a pesar del incremento sostenido de las asignaciones presupuestarias a la Secretaría de Seguridad.
• Las políticas de prevención de violencia no se han concretado en acciones de largo plazo. Lo que ha habido son acciones temporales para reaccionar ante el fenómeno y no para prevenirlo. Las experiencias que proceden de la ciudadanía no se han valorado y ha faltado un acompañamiento del Estado a estas iniciativas para darles carácter de políticas públicas en prevención. Esta dispersión de esfuerzos del Estado y la sociedad contrasta con la definición de propósitos del crimen organizado. No obstante, un primer esfuerzo orientado a crear una política pública se refleja en la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para Honduras 2011-2022, que la mayoría de la población desconoce, pues no ha sido suficientemente socializada ni discutida.
• El estudio identificó experiencias valiosas en prevención de violencia impulsadas por la cooperación internacional y organismos no gubernamentales. Pero el impacto de estas siempre será limitado, porque el actor principal tiene que ser el Estado. La situación de violencia solo se podrá revertir con el funcionamiento eficaz de la justicia, el cese de la impunidad, la depuración policial y la prevención social del delito. El estudio indica, además, que promover una cultura de paz por medio de la educación y otras acciones es una tarea urgente para la sociedad hondureña en su conjunto, sobre todo en los espacios locales, los centros educativos y las familias.
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