La Muerte de Isis Obed Murillo
La teoría oficial en ese momento sostiene que el disparo fue realizado por los propios manifestantes situados detrás de la víctima. A pesar que sigue siendo todavía la versión de algunas de las autoridades de aquel tiempo, creemos que está completamente refutada por el certificado médico preliminar de la autopsia a la víctima, dos días después, que señalaba que la trayectoria del disparo era de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Del documento gráfico señalado anteriormente, del dictamen de autopsia preliminar y de la inspección ocular del lugar donde ocurrieron los hechos, en los que se establecía la existencia de disparos en la segunda planta de Popeyes —en la frontal que mira a las pistas y también el lateral derecho— se desprende que los disparos no pudieron provenir de los soldados situados en las dos pistas.
El hallazgo de casquillos en otros sitios que no eran donde se encontraban las dos pistas, pero dentro del aeropuerto, como cerca de los hangares y de la malla frente a la pista de aterrizaje, los lugares, distancia y tiempo en que cae el primer herido e Isis Obed Murillo —diez segundos máximos de diferencia— permiten establecer que los disparos no pudieron ser hechos por manifestantes. No hay que dejar de mencionar el hecho que un hombre armado disparando seguidamente habría, por lo menos, llamado la atención de las decenas de personas que se arremolinaron en torno a la víctima.
La hipótesis más probable es que los disparos sobre los manifestantes fueron hechos por miembros del Ejército ubicados en la pista de aterrizaje o en otros lugares dentro del aeropuerto (los informes de planimetría no son concluyentes al respecto).
Teniendo en cuenta que existe constancia gráfica y testimonios que señalan la presencia de militares en lugares altos y la oposición tajante de las Fuerzas Armadas a dar información sobre el despliegue de fuerzas aquel día en la zona, así como su negativa a que se decomisen las armas utilizadas igualmente en aquella jornada, consideramos que fueron las fuerzas militares las que dispararon contra los manifestantes.
Desempeño de las instituciones responsables de la función de protección a los derechos humanos
La Fiscalía Especial de Derechos Humanos emprende la investigación respectiva sobre los hechos.
El 7 de julio de 2009, realiza inspección de la escena del crimen, encontrando 170 casquillos de arma calibre 556 y 45 impactos de bala en el muro frente al restaurante Popeyes, que sirvió de refugio a los manifestantes el día de los hechos. Además, solicita al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas informe sobre los miembros del Ejército que participaron en el operativo, armas que portaban y las funciones asignadas. Asimismo, solicita poner a la orden de la fiscalía los fusiles que portaban los miembros del Ejército con el objetivo de realizar las pruebas balísticas necesarias para determinar a los autores de los delitos.
El 7 de septiembre de 2009 y el 2 de octubre de 2009, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras remite a la Fiscalía de Derechos Humanos dos oficios en los que establece su decisión de no presentar las armas solicitadas para su respectivo peritaje, aduciendo razones de seguridad nacional.
Debido a la falta de cumplimiento por parte de las Fuerzas Armadas a lo solicitado, el 13 de octubre de 2009, la FEDH presenta solicitud de prueba anticipada, ante el Juzgado de Letras de la Sección Penal de Tegucigalpa, en la que solicita el secuestro de las mil tres (1.003) armas de fuego utilizadas por los miembros del Ejército en el operativo realizado el día 5 de julio de 2009 en el aeropuerto internacional Toncontín y en el que se produjo el homicidio de Isis Obed Murillo y las lesiones de Alex Zavala y otros.
El 15 de octubre de 2009, el Juzgado de Letras de la Sección Penal de Tegucigalpa, resuelve declarar sin lugar la solicitud de prueba anticipada presentada por la fiscalía, fundamentando su fallo en razones de seguridad nacional: "… Siendo que las Fuerzas Armadas son las encargadas de velar por la seguridad de todos, resulta inverosímil en este momento proceder a secuestrar las armas de la que se valen para resguardar el orden y el bienestar de todos…".
La resolución fue objeto de un recurso de reposición y de un recurso de apelación, obteniéndose los mismos resultados. A la fecha, el caso sigue en etapa de investigación, no ha sido judicializado, ni se ha logrado individualizar al posible autor material de la muerte de Isis Obed Murillo.
Por tanto, existe certeza que miembros del Ejército de Honduras violaron el derecho a la vida de Isis Obed Murillo Mencías. La víctima fue ejecutada extrajudicialmente por miembros del Ejército de Honduras, los cuales apostados dentro del aeropuerto dispararon sobre objetivos específicos situados detrás del muro de piedra de Popeyes, en donde se encontraba Isis Obed Murillo y al menos uno de los heridos de aquella jornada.
Ninguna de las acciones de los manifestantes, incluyendo la víctima y los nueve heridos de arma de bala restantes, suponían un peligro inminente para la vida ni de los miembros del Ejército ni de personas circundantes. El lanzamiento de botes de gas lacrimógeno y los disparos al suelo o al aire hubieran sido —y de hecho fueron— suficientes para hacer retirar a los manifestantes de la valla metálica, por lo que hubo desproporcionalidad en los medios empleados, no cumpliendo igualmente los criterios de necesidad, legitimidad y oportunidad requeridos para el correcto uso de la fuerza letal.
Fragmento Para que los hechos no se repitan: Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011, pp. 289
Represión de manifestantes en aeropuerto Toncontín, 05 de julio de 2009
El 5 de julio de 2009, un conjunto de ciudadanos hondureños y observadores internacionales que verificaban la situación en Honduras, generada por el golpe de Estado, se había concentrado frente al aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa. Los cálculos más conservadores estiman que frente a la pista había unos 350,000 manifestantes que aguardaban el regreso del Presidente José Manuel Zelaya, anunciado para ese día.
Miles de hondureños se desplazaron desde diferentes puntos del país.
La ciudad de Tegucigalpa fue militarizada, se instalaron retenes policiales y militares en las entradas principales de la ciudad, así como en calles y bulevares de acceso al aeropuerto. En el interior de Toncontín permanecía un fuerte contingente militar, equipado de tanquetas de guerra, vehículos militares, fusiles y francotiradores instalados en las azoteas de los edificios del aeropuerto mismo. De igual forma, el perímetro que le rodea fue reforzado con la presencia de francotiradores instalados en las azoteas de los edificios cercanos.
Ante la multitudinaria concentración, militares y policías se vieron obligados a retirar algunos de los retenes instalados en las calles, que impedían el acceso, entre la Universidad Pedagógica, punto de salida, y el aeropuerto Toncontín. Los francotiradores permanecían en la azotea del aeropuerto y de edificios cercanos.
Los manifestantes estaban reunidos en forma pacífica desde tempranas horas. El gobierno de facto había ordenado el cierre del aeropuerto por 48 horas y obstaculizado la pista de aterrizaje con vehículos militares. Entre 200 y 250 efectivos militares se colocaron en la pista frente a los manifestantes, divididos en anillos.
De acuerdo a los testimonios brindados a la CdV, los militares estaban equipados con máscaras antigás, toletes (1) (bastones policiales), escudos, fusiles, pistolas y bombas lacrimógenas. Unos 30 soldados se alinearon, recostados boca abajo, a lo largo de 100 metros de la pista de aterrizaje, con sus rifles apuntados hacia los manifestantes, preparados para disparar. No se movieron de sus posiciones. Detrás de estos dos grupos, aproximadamente 100 soldados se mantuvieron parados y sin formarse, estaban reforzados por tanquetas y comandos militares (2)
Entre las 3:00 y 4:00 de la tarde, el avión (3) en que viajaba el Presidente José Manuel Zelaya intentó aterrizar en tres ocasiones, un grupo de manifestantes se acercó a la malla perimetral, al final de la pista de aterrizaje e intentaron romperla con el fin de ingresar a la misma, la gran mayoría de personas se mantenía en las calles que circundan el lugar y en una plazoleta frente al final de la pista. Los militares iniciaron el lanzamiento de bombas lacrimógenas.
De acuerdo a la información recibida por la CdV, pueden distinguirse dos momentos diferenciados en los cuales los efectivos hicieron uso de las armas en forma indiscriminada.
Durante los primeros 20 minutos, los militares lanzaron bombas de gas lacrimógeno y dispararon balas vivas (4). La población reunida en ese sector corría para protegerse. Por la cantidad de personas y la densidad de los gases el escape resultó difícil. La CdV recibió información sobre 11 personas que resultaron afectadas en su integridad física. Así como daños materiales cuando una bala provocó que una motocicleta estallara y se calcinara. (5)
“Yo estaba frente al aeropuerto cuando los soldados empezaron a disparar. A mí me hirieron en los genitales. Pude ver a muchos más que caían bajo las balas de los soldados.” (6)
“… me encontraba a unos 5 metros de la malla que rodea el aeropuerto, en el extremo sur, cuando los soldados desde el interior de la malla nos dispararon, uno de estos disparos rozó mi cabeza, perdí el conocimiento.” (7)
Luis Romero Amaya, Denis Díaz Sosa, Alex Zavala, José Manuel Torres, Adrián Izaguirre, Santos Jesús Rivas, Adriana Izaguirre, Bernardino Sánchez, y Sagrario Chávez, resultaron heridos por armas de fuego, mientras que Olga Iris Alvarado y Florentina González se intoxicaron por inhalación de gas lacrimógeno.
En el segundo momento, el ataque duró de 10 a 15 minutos, durante los cuales, los manifestantes se encontraban replegados en la plaza, refugiados, agachados o tirados sobre la tierra detrás del muro o deslizándose en cuclillas para escapar del sitio.
Los testigos afirmaron a la CdV que durante el primer momento en que el joven Isy Obed Murillo Mencías, recibe un impacto de bala en la cabeza, que le provocó la muerte. Se estima que los elementos militares dispararon unas 170 balas vivas, (8) que arrancaron trozos de cemento de la plazoleta.
“En el momento que los militares hicieron disparos todos corrimos en diferentes direcciones buscando donde protegernos, yo me encontraba con mi hermano y mi hijo, nos lanzamos al suelo. En eso escuché que los manifestantes decían “no tengan miedo, no tengan miedo que son balas de goma”, pero miré que cuando impactaban en el muro salía polvo y trozos de cemento, por lo que les grité que se tiraran al suelo porque eran balas vivas.” (9)
En el expediente investigativo Nº 866- 09 de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), se establece claramente que se encontraron 167 casquillos de calibre 5.56 y tres cartuchos presumiblemente del mismo calibre. (10) Los manifestantes recuerdan que Isy Obed Murillo se había mantenido cerca del muro. Uno de los testigos relata que, dentro de la nube de humo lacrimógeno pudo distinguir su cuerpo yaciente.
Fue trasladado al Hospital Escuela, hacia donde se dirigieron sus familiares. El centro hospitalario permanecía fuertemente militarizado.
A las 5:30 de la tarde, el gobierno de facto decretó un toque de queda con vigencia de las 6:00 p.m. a las 5 a.m. del día siguiente. (11) La CdV conoció de la detención arbitraria de 9 niños y 14 adultos por violar la disposición.
El padre de Isy Obed Murillo, José David Murillo Sánchez, (12), fue capturado el 09 de julio del 2009, alrededor de las 11:30 de la mañana por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) al salir de las oficinas del COFADEH, después de haber brindado declaraciones a agentes de investigación enviados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en relación con la muerte violenta de su hijo. La detención tenía su origen en una causa en su contra a raíz de su trabajo como defensor del medio ambiente, la causa estaba inactiva desde hacía varios años.
La CdV observa que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos ha realizado múltiples diligencias administrativas, pero ninguna de ellas ha garantizado el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Tres años después de ocurridos los hechos, la FEDH no ha concluido el proceso de investigación por la muerte de Isy Obed Murillo Mencías.
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(1) Madero cilíndrico de aproximadamente 60 cm, usado por la policía como arma no letal, para disuadir infractores de la ley.
(2) Testimonio 1,2,3 Javier Espinal, brindado al Cofadeh.
(3) Avión facilitado por el gobierno de Venezuela, en el que acompañaban al Presidente Zelaya, la Canciller Patricia Rodas; el Embajador ante la OEA Carlos Sosa Coello, el Presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D´Escoto; Ramón Carrizalez, Vicepresidente de Venezuela; Cilia Flores Presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela. Declaración del Canciller venezolano Nicolás Maduro. Noticias 24, América Latina.
(4) Munición o proyectil, letal, compuesta de pólvora y plomo.
mación y fotografías. Incluye declaraciones de ofendido de 7 de julio de 2009, rendidas por José Antonio Reyes Valladares, mensajero de BAC-BAMER y propietario de la moto quemada (YBR-125ED).
(5) Expediente investigativo de la FEDH: refiere información y fotografías. Incluye declaraciones de ofendido de 7 de julio de 2009, rendidas por José Antonio Reyes Valladares, mensajero de BAC-BAMER y propietario de la moto quemada (YBR-125ED).
(6) Testimonio Denis Díaz Sosa, brindado al Cofadeh.
(7) Testimonio Luis Ramiro Amaya, brindado al Cofadeh.
(8) Expediente investigativo nº 866-09 de la FEDH
(9) Testimonio de Guillermo López Lone, Juez de Sentencia en San Pedro Sula. Brindado al Cofadeh
(10) Expediente investigativo de la FEDH: agrega, del folio 99 frente al 103 frente, carta del 10 de julio de 2009, de Jorge Walter Molina Doblado, suboficial de investigación criminal, y Rosa Galo Macoto, suboficial III de investigación criminal de la FEDH, para Sandra Ponce Fiscal Especial de Derechos Humanos. Le informan y realizan la remisión del expediente investigativo referente al caso nº 866-09 ‘Homicidio de Isis Obed Murillo Mencías’ y dice: “167 casquillos presumible calibre 5.56; 3 cartuchos presume calibre 5.56; 45 impactos de bala en muro donde se encontraba la motocicleta calcinada.”
(11) “El Gobierno hondureño aplica toque de queda” La Tribuna, 5 de julio 2009 (http://www.latribuna.hn/2009/07/05/el-gobierno-hondureno-aplica-toque-de-queda/#idc-container)
(12) La causa contra el señor Murillo había iniciado en el año 2004, cuando se oponía a la tala ilegal del bosque. En esa época la población de Guayape, departamento de Olancho, lugar donde se pretendía la tala ilegal, se había dividido entre los que se oponían y los que estaban de acuerdo. Esto generó una serie de denuncias contra los ambientalistas, mismas que carecían de asidero legal.
Informe Comisión de Verdad: La voz más autorizada es la de las víctimas, 2012, pp.131
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