El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Ramon ¨Balas de Goma¨Custodio, condenó hoy la muerte violenta de la juez de sentencia de El Progreso, Mireya Mendoza Peña, a manos de personas desconocidas.
- Once profesionales del derecho han perdido la vida violentamente en lo que va de 2013.
El titular del Conadeh, urgió a las autoridades competentes la debida investigación y se aplique todo el peso de la ley a los responsables de tan abominable crimen. Este hecho violento, dijo Custodio, sólo refleja la situación general de inseguridad que se vive en el país, de la cual no están a salvo ni las mismas autoridades.
La profesional del derecho se conducía a bordo de una camioneta cuando fue atacada a tiros por personas que se conducían en motocicleta en la ciudad de El Progreso, Yoro.
De acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos con la muerte de Mireya Mendoza suman 64 los profesionales del derecho que perdieron la vida en circunstancias violentas en lo que va de la presente administración del Presidente Porfirio Lobo (enero 2010- julio 2013)
El ombudsman hondureño lamentó que en Honduras, tanto el ejercicio del derecho como el de periodistas y la ocupación de taxistas, conductores de buses y guardias de seguridad, se hayan convertido, en los últimos años, en ocupaciones de alto riesgo para quienes la ejercen.
Durante el gobierno de Lobo al menos, diez departamentos del país se han convertido en los sitios más inseguros para el ejercicio del derecho en Honduras, al registrar numerosos asesinatos, amenazas e intimidaciones.
En esta radiografía de la inseguridad que viven los profesionales del derecho, figuran entre los departamentos más peligrosos, Francisco Morazán que registró la muerte de 28 abogados seguido por Cortés con 15, luego aparecen 6 en Yoro, 4 en Atlántida, 4 en Colón, 3 en Olancho, 1 en Copán, 1 en Comayagua, 1 en El Paraíso y 1 en Choluteca.
De acuerdo al Conadeh, entre las víctimas figuran fiscales del Ministerio Público, jueces de sentencia, así como asesores legales de sindicatos, instituciones bancarias, de instituciones del Estado, de empresas agro industriales, organizaciones campesinas, especialistas en derecho penal, en derecho mercantil, jueces de tránsito, de la niñez y de letras.
Registros del ente estatal de derechos humanos establecen que en el 2010 murieron 16 profesionales del derecho, un año después la cifra se incrementó a 38, en el 2012 perdieron la vida 15 y en lo que va del 2013 han muerto 11, para totalizar 64 los abogados muertos en circunstancias violentas.
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