La comunidad de La Nueva Esperanza, ubicada en el departamento de Atlántida, permanece en lucha para proteger este rincón de paraíso tropical en las montañas, cerca de la costa caribeña de Honduras, ante la concesión de una nueva actividad extractiva, otorgada a la empresa Minerales Victoria para la explotación de depósitos de hierro. El dueño de esta empresa es Lenir Pérez, yerno del terrateniente Miguel Facussé, y opera a través de su compañía Alutech, que forma parte de Inversiones EMCO, una empresa con sede en San Pedro Sula y especializada en la construcción de estructuras de acero.
MADJ y MAA denuncian la intimidación de la comunidad
En un comunicado conjunto (1), divulgado por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MAA), que están brindando apoyo a La Nueva Esperanza y a las demás comunidades cercanas que están siendo afectadas por el proyecto, han denunciado una escalada alarmante de intimidaciones desde el inicio del año 2013, y especialmente en las últimas semanas, por parte del empresario Lenir Pérez y de policías y civiles armados que lo apoyan. Dos líderes de la comunidad, César Alvarenga y Roberto García, miembros de MADJ, ya son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber recibido mensajes de textos por teléfono con amenazas de muerte por parte del empresario Pérez, en agosto de 2012.(2,3). El padre guatemalteco César Espinoza, párroco en el municipio aledaño de Arizona, que ha estado activo en defensa de la comunidad, también ha sido blanco de ataques similares, al recibir amenazas de “supuestos trabajadores mineros” en su celular en enero de este año (4).
El Proyecto de Acompañamiento Internacional (PROAH) visitó la comunidad a los finales de mayo y los mediados de junio por invitación de la comunidad y el MADJ para que pudiera ver la situación de primera mano.
La clasificación del óxido de hierro – trampa legal
Debido a la moratoria todavía en vigor sobre la minería metálica por razones ambientales, (5) la empresa obtuvo la concesión para la explotación no metálica –óxido de hierro– aunque todos los pobladores de La Nueva Esperanza saben que, además de este mineral (y del carbón), los cerros que rodean a la pequeña comunidad son ricos en oro. De hecho la búsqueda artesanal del oro en las quebradas forma parte de su tradición. La solicitud de la concesión de minería no metálica es una de las trampas legales que permiten que las empresas eludan la moratoria. Desde la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (Defomin) y ahora bajo la nueva Ley de Minería (6) (más detalles a continuación), la clasificación de la minería de óxido de hierro como metálica o no, depende del uso que el concesionario afirma que le va a dar, es decir, si será para productos metálicos, se clasifica el óxido como metal, pero basta que el solicitante diga que va a utilizarlo para producir cemento, por ejemplo, para que se lo clasifique como una concesión no metálica.
Además de permitirles evadir la moratoria, tal clasificación significa que una minera puede obtener una concesión con menos requisitos, menos controles ambientales y menos impuestos. Asimismo, una vez conseguida la concesión, bajo una sencilla comunicación a las autoridades, las empresas pueden recurrir a la minería metálica, una actividad mucho más rentable para sí mismas y mucho más impactante para el medio ambiente y la salud de los habitantes. (La explotación del óxido de hierro también puede tener impactos profundos en el medio ambiente y la salud de los habitantes de las comunidades que residan cerca de la mina; pero unas de sus ventajas en comparación con la minería de oro, por ejemplo, es que no se usan químicos como el cianuro para extraer el metal, ni tanta agua).
La concesión en La Nueva Esperanza
Minerales Victoria, la empresa de Lenir Pérez, obtuvo una concesión de 1000 hectáreas, aunque ha solicitado 11000 (7). El terreno concesionado incluye 16 comunidades que, por ser su economía basada en la ganadería, perderían su fuente de sustento a través del agotamiento o de la contaminación de las quebradas y de los manantiales. Por eso, están firmes en manifestar su oposición al ingreso de la empresa en su territorio. Según el patronato, sólo 3 de las 45 familias de La Nueva Esperanza apoyan la minera, por ya estar involucradas en sus operaciones. A pesar de que los pobladores se rehúsan a vender sus tierras, los intentos de la empresa, respaldada por el alcalde de Tela, siguen, y muchos están recibiendo amenazas y presiones para que vendan sus parcelas. Además, la empresa ya ha empezado a trabajar en unos terrenos que son propiedad de pobladores de La Nueva Esperanza, de acuerdo con información proporcionada por el patronato. Ha cercado terrenos, talado bosques y ha empezado la exploración en diferentes sitios, incluso en la orilla de una quebrada que proporciona agua a la comunidad.
Los hostigamientos de la comunidad y los daños medioambientales van aumentando
La tensión local ha ido creciendo en los últimos meses. Para impedir el paso de vehículos de la empresa, la comunidad puso en febrero una cadena con candado cerca de la vivienda de don Enrique, el anciano emblemático de la resistencia en la comunidad. Sin embargo, en la noche del 13 del mismo mes, agentes policiales rompieron la cadena por medio de disparos, destruyendo el candado. Los policías involucrados en los hechos andaban sin identificación. En respuesta a la denuncia puesta ante el Ministerio Público (MP) por los habitantes de la comunidad, las autoridades reconocieron de manera pública su acción ilegal en el departamento de Atlántida. A pesar de esto, los policías siguen llegando a la comunidad sin identificación, una práctica que despierta las dudas de los pobladores en cuanto a su verdadera identidad. Hay sospechas de que los hombres, aunque uniformados, sean en realidad miembros de la vigilancia privada de la empresa propiedad de Lenir Pérez. Desde entonces, los intentos de impulsar un diálogo entre los habitantes opuestos al proyecto minero y los empresarios no han llegado a ningún resultado. Al contrario, la situación de amenaza a la comunidad sigue intensificándose.
Por ejemplo, el sábado 25 de mayo, aprovechando el desfile del carnaval de La Ceiba, trabajadores de la empresa intentaron ingresar a la concesión con dos camiones cargados de maquinarias y acompañados por policías. Sin embargo, los pobladores, presentes en su comunidad para celebrar un cumpleaños, con un esfuerzo colectivo, impidieron la entrada de los camiones, Después de este episodio, que se denunció en la Radio Progreso, el domingo 26 de mayo hubo una asamblea en la orilla de la quebrada que separa la comunidad de La Nueva Esperanza y el terreno concesionado para planear, ante la falta de respuestas de la empresa, acciones de protesta con relevancia nacional.
Pese a la firmeza del rechazo de la comunidad, los hostigamientos y amenazas se han multiplicado en los últimos días. El pasado lunes 3 de junio, un grupo de policías ingresó a la comunidad, acercándose a la zona concesionada y frente a las protestas de los pobladores, dispararon sus armas de fuego, sin provocar heridos. Esa misma noche también se escucharon disparos. Luego, en la noche del 5 de junio, un grupo de aproximadamente 20 hombres civiles no identificados y fuertemente armados, penetraron a la comunidad, con el propósito de sembrar el terror entre los habitantes a través de amenazas de muerte reiteradas. Frente a esta situación de peligro, los pobladores están sufriendo un “estado de sitio” que sigue vigente, obligándoles a quedarse encerrados en sus viviendas por seguridad. El maestro de la comunidad decidió suspender las clases, mientras que las condiciones de seguridad de la aldea son cada vez más difíciles.
Las piedras acumuladas para impedir el paso de los camiones de la empresaLas piedras acumuladas para impedir el paso de los camiones de la empresa.
Fue ante la gravedad de los hechos y el riesgo de agravamiento de la violencia en la comunidad de La Nueva Esperanza, que el 7 de junio pasado los pobladores, respaldados por el MADJ, denunciaron y condenaron las amenazas constantes por parte de los empresarios en el comunicado ya mencionado, en donde se hace un llamamiento a las autoridades locales y nacionales, así como a la sociedades civil nacional e internacional, para que intervengan y demanden un cese de la violencia relacionada al proyecto minero. La comunidad reiteró su rechazo frente al desarrollo de explotación extractiva en su territorio, y pidió el paro de las actividades y la salida definitiva de la empresa.
Sin embargo, los hostigamientos siguen. El 14 de junio, tres hombres de la comunidad estaban en una casa cuando recibieron una llamada telefónica advirtiéndoles que varios hombres armados iban allí. Los tres decidieron huirse, pero fueron perseguidos por los hombres armados quienes empezaron a disparar. Los tres, afortunadamente ilesos, se vieron obligados a esconderse hasta que los hombres armados se fueran (Denuncia No. CEIN-PROV-0101-2013-04187). Voluntarias de PROAH, cuando asistieron a la misa en la comunidad el 19 de junio, vieron a dos hombres armados con escopetas cerca de la iglesia, uno de ellos tratando de esconderse.
Mientras tanto, hay cada vez más daño al medioambiente de la comunidad por las operaciones supuestamente de “exploración”. Los trabajadores de Minerales Victoria están abriendo carreteras ilegales, rompiendo cercos privados sin permiso de los dueños y botando árboles de la orilla de la calle que son patrimonio de la comunidad. Un golpe particularmente doloroso para la comunidad ha sido la destrucción del Manguito, un árbol de mango ubicado a mitad de la cuesta entre Nueva Esperanza y El Carmen, una aldea más arriba, donde todos los viajeros tomaban un tiempo para descansar y luego continuar el viaje, disfrutando la brisa y la frescura de su sombra. Además, ya se empieza a ver los efectos de las operaciones sobre las fuentes de agua: una quebrada que antes corría clara se ha vuelto lodosa, contaminada por la tierra excavada para abrir las carreteras y para otras obras.
La nueva Ley de Minería y la extracción a cielo abierto
En Honduras, La Nueva Esperanza es una pieza más del mosaico de comunidades en resistencia contra las empresas mineras que operan en el territorio nacional. sin el consentimiento de las comunidades afectadas. Con la nueva Ley de Minería (8) aprobada el pasado 23 de enero por el Congreso (aunque todavía suspendida por falta de reglamentos de aplicación) (9), se esperan por lo menos 300 nuevas concesiones que corresponden a alrededor del 15 por ciento del territorio nacional. Según los movimientos sociales y los voceros de las comunidades afectadas por la actividad minera, no se ha tenido en cuenta la opinión de las poblaciones afectadas; más bien, la ley se escribió bajo asesoría directa de empresas transnacionales interesadas y de embajadas extranjeras en el país. Uno de los ejemplos más llamativos ha sido el de la minería a cielo abierto. A pesar de que en un sondeo de 2011, el 91 por ciento de los hondureños y las hondureñas se opusieron, (10) la ley, ni siquiera menciona este tipo de minería, no le pone ningún obstáculo, sino que deja implícita su continuación, como sostiene la Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA) (11). En este sentido, mientras países como Costa Rica ya han prohibido la explotación minera a cielo abierto en todo su territorio, y en muchos de los demás países de América Latina está en curso el debate (12), Honduras se mantiene en el marco de una práctica devastadora para el medio ambiente y que, además, ofrece muy poco empleo para la población local.
Entre las demás debilidades de la nueva Ley de Minería, hay que subrayar: la posibilidad de concesionar terrenos poblados (con consecuente riesgo de desalojo de comunidades enteras); las prioridades de las empresas en el uso de las fuentes de agua; la falta de protección de las fuentes de agua de las comunidades, a menos que estén ubicadas en una ‘zona productora de agua’ ya designada; la privacidad de la información técnica y financiera, que queda en las manos de las empresas y la falta de un proceso de consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas y afrodescendientes, como está prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el gobierno de Honduras (13). Bajo la nueva Ley, la consulta de todas las comunidades, sean indígenas o no, está prevista después de la fase inicial de exploración, es decir cuando la empresa ya habrá obtenido una primera forma de concesión, ocupando el territorio comunal e invirtiendo sus capitales. El rechazo por parte de una comunidad podría dar paso a contramedidas legales y sanciones económicas graves al Estado, según lo previsto en tratados internacionales ratificados por Honduras (14). En este sentido, ya existe como precedente el caso de la minera canadiense Pacific Rim con su demanda multimillonaria al estado salvadoreño. (15)
La minería como ‘motor económico’: expectativas altas, regalías bajas
Frente a las preocupaciones de los comunicadores sociales y de las comunidades afectadas, las autoridades sostienen que el motor de Honduras para salir de su actual condición de pobreza es la extracción de sus riquezas ocultas, que los conquistadores españoles dejaron en su mayoría, sin explotar. La Secretaría de Recursos Naturales estima que en más del 60 por ciento del territorio nacional existe vocación para la explotación de los minerales, tanto metálicos como no metálicos. El presidente de la Asociación Nacional de Minería de Honduras (Anaminh), Santos Gabino Carvajal manifestó que, al entrar en vigencia la nueva Ley de Minería, comenzará la llegada a Honduras de capitales provenientes de naciones industrializadas como China, Canadá y Estados Unidos que traerá una inversión de hasta 4 mil millones de dólares a largo plazo (16).
Pese a estas expectativas tan altas, hay que subrayar que tanto el canon territorial (es decir la renta pagada por hectárea para la concesión) como los impuestos que el Estado va a recaudar son muy bajos. Además, los impuestos están sujetos a la autoevaluación por parte de las empresas. Bajo la nueva ley, el impuesto total para la minería metálica, es del 6% del valor de las ventas (17),(aún más bajos –2.5%– en el caso de minería no metálica) del cual el 1% está destinado a la autoridad minera, el 2% a la municipalidad donde se encuentra ubicada la explotación minera, y el 1% a ‘proyectos de desarrollo’ gestionados por la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA). El 2% que queda, es en concepto de tasa de seguridad. Es decir que, a excepción del 1% de los proyectos de COALIANZA no hay otro mecanismo que permita una forma de distribución y de socialización de la riqueza producida por la actividad minera a nivel nacional (18), sino el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, en un país que ya está en un preocupante proceso de militarización.
Notas:
(1) Comunicado de MADJ y MAA (7.6.2013) ver
(2) Medidas cautelares de la CIDH – MC 342/12 de 3 de octubre de 2012 – César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnez, Honduras. Ver
(3) Pág.1 del comunicado de MADJ y MAA
(4) Ibid. pág.2.
(5) Una prohibición de nuevas concesiones mineras fue origalmente impuesta en agosto de 2004 por la Ministra de Recursos Naturales, Patricia Panting, por dos factores: 1. El Comité Ambientalista del Valle de Siria y la Alianza Cívica por la Reforma a la Ley de Minería demostraron que Defomin (Dirección Ejecutiva de Fomento de la Minería) estaba otorgando concesiones a GoldCorp sin cumplir con los procedimientos legales y 2. La Marcha Nacional por La Vida que exigió la cancelación de todas las concesiones mineras y madereras. La Ministra también destituyó al director de Defomin. La presente moratoria a la minería metálica fue impuesta por el Presidente Zelaya en febrero de 2006, a través de Decreto Ejecutivo PCM-09-2006, citando en el preámbulo la necesidad de tener ‘una explotación racional de la nación, así como el menor impacto en el ambiente y la reutilización de las zonas explotadas en beneficio de la colectividad’. Bajo el decreto, la moratoria se quedaría vigente hasta la introducción de reformas a la Ley de Minería de 1998. Aunque la controvertida nueva Ley de Minería fue aprobada en enero de 2013, no ha sido implementada hasta ahora por falta de reglamentos de aplicación. Como consecuencia, por el momento la moratoria sigue vigente. (Decreto Ejecutivo PCM-09-2006 publicado en El Diario Oficial La Gaceta No.30,928 de 14.2.2006. También disponible aquí Véase también informe Comisión de Verdad pág. 57-58:
(6) Ley de Minería de 2013:
(7) Existen 19 concesiones mineras metálicas ya aprobadas en el Departamento de Atlántida, la mayoría de ellas en el municipio de Tela, que suman 24,600 hectáreas (6% de la superficie del departamento) y 14 concesiones mineras no metálicas ya aprobadas (Fuente: CEHPPRODEC – Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario)
(8) Ley de Minería de 2013:
(9) El heraldo
(10) Encuesta de CESPAD (Centro de Estudio para la Democracia) – setiembre de 2011
(11) Comunicado de la CNRA (23.1.2013) ‘Nuevo atentado contra la población de Honduras: Ley de minería entrega territorio y población como mercancía’. (Disponible aquí
(12) www.noalamina.org
(13) www.miningwatch.ca
(16) www.elheraldo.hn
(17) Artículo 76 de la Ley de la Mineria de 2013.
(18) Preocupante cuando se tiene en cuenta los daños que las operaciones mineras pueden causar al medio ambiente y la salud más allá del municipio, y aún a la infraestructura usada para transportar los minerales explotados. Véase por ejemplo: 1 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario