Una fotografía tomada en San Pedro Sula la mañana del jueves anterior, expone una cantidad impresionante de tubos vacíos de gases tóxicos sobre la mesa de la rueda de prensa que ofrecieron jóvenes estudiantes del valle de Sula, junto a la coordinadora del Cofadeh y defensores regionales de derechos humanos.
A primera vista esa imagen parece una decoración sobre el mantel limpio, ubicado delante de los medios de comunicación que asisten a la convocatoria de prensa, pero en realidad es la huella de la policía militar. Es la evidencia de sus detonaciones dentro y fuera del campus del Valle de Sula. Es la gráfica de una denuncia.
Las bombas vaciadas de contenido lacrimogéneno, altamente tóxico y perjudicial para la salud colectiva, fueron lanzadas la noche del martes y el miércoles contra millares de estudiantes universitarios y de secundaria, que atendieron el llamado de la plataforma de salud y educación, ambos derechos amenazados por el cartel criminal que mantiene secuestrado el Estado de Honduras.
Las y los estudiantes universitarios exigen la destitución y el castigo penal al líder de esta manada criminal que, además de la represión estudiantil continuada, provoca la emigración forzada de más de 300 mil hondureños en el último año.
Nancy Pelossi y toda la comitiva de congresistas demócratas y republicanos que están en el país obreservando y preguntando sobre las causas de este desmadre, deben tener respuestas simples y directas, no maquillajes de esa ficción de marca país.
Por eso, la Coalición contra la Impunidad hizo un llamado de atención a la comunidad internacional a no guardar silencio en relación a los hechos violentos que afectan a Honduras. A venir in situ y a preguntar directamente. A escuchar e informar con honestidad y valentía.
La rueda de prensa del liderazgo estudiantil del Valle de Sula sirvió para denunciar el discurso agresivo del impostor Juan Orlando Hernández, quien se hace acompañar de un aparato policial-militar sediento de víctimas a nivel nacional.
“Solo hay dos caminos: el camino bueno y el camino malo, y nosotros somos el buen camino” definió el martes Juan Orlando Hernández, quien ha sido identificado como co-conspirador en el juicio por narcotráfico a gran escala que sigue el poder judicial estadounidense en Nueva York a reconocidos delincuentes de alta peligrosidad para la seguridad interior de ese país.
Este discurso amenazante de Hernández, pronunciado el martes durante una concentración de empleados públicos, resume de modo simplista la situación como lo hacen todos los dictadores, déspotas, autócratas y canallas: blanco o negro, dios o Diablo, bueno o malo, M13 o M18, demócrata o narco.
Al dividir a Honduras entre esos extremos, el fantasma del Río Grande ha puesto en un lado al fortificado aparato militar, policial, paramilitar y la inteligencia clandestina, y al otro lado, a la población que exige su destitución y castigo. Según él, los primeros son los buenos y nosotros los malos. Los mareros, los narcos, los corruptos. Los estudiantes, las defensores, los opositores, los emigrantes…
Este extremismo simplista, propio de la narrativa del supremacismo fascista y jerga preferida de los delincuentes culpables, amenaza con derivar en un agravamiento severo de los derechos humanos de la población en general y de la resistencia social y política en particular.
Las primeras víctimas de esta arenga defensiva-agresiva, como hemos dicho al comienzo, son los jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa y San Pedro Sula, particularmente, quienes han sido perseguidos por regimientos uniformados que disparan gases y balas directamente a los cuerpos.
Las fuerzas de la policía y el ejército, que sostienen al régimen asociado mundialmente al crimen organizado, entraron violentamente al campus universitario y golpearon estudiantes en forma indiscriminada, en medio de una nube tóxica de gases lanzados dentro de las instalaciones. Y dejaron heridos a su paso.
El principio militar que guía a estos atacantes es el mismo de Robert Julianni, el asesor de Trump, la “cero tolerancia”, que consiste en neutralizar, someter y extinguir la causa de la disidencia ahí mismo donde sus protagonistas se mueven, es decir el campus, las aulas, los buses, sus barrios.
Como en una guerra total contra enemigos poderosos, una imagen de redes sociales muestra a policías militares lanzando bombas tóxicas dentro de un bus que transporta estudiantes de la Universidad, para obligarlos a salir y cazarlos al amparo de la noche.
Otra imagen registra a un grupo de esos mismos policías militares tomando a puntapies y toletazos al camarógrafo de canal 11, Juan Carlos Castillo, quien cubría el asalto a la Universidad. “Dejá de estar grabando a los malos” le grita un uniformado antes de agredirlo. En la misma noche, defensores locales de derechos humanos fueron golpeados e insultados por acompañar y defender a los estudiantes.
Por esta brutalidad que ha puesto en práctica la amenaza de Juan Orlando Hernández lanzada el martes en la capital, la doctora Suyapa Figueroa, le sugirió al impostor que se vaya con los buenos en el avión presidencial directamente a la Corte del distrito sur de Nueva York, para rendir cuentas a los fiscales y a los jueces, porque quien nada debe nada teme.
En otras circunstancias, Hernández habría recibido en vivo y directo en su despacho a la delegación de congresistas estadounidenses que visitan Honduras, encabezados por la Presidenta del parlamento. Pero en las actuales circunstancias, el poder legislativo de la Unión Americana decidió no sentarse con el causante de los problemas. La delegación fue recibida en la víspera por una multitud que gritaba fuera JOH!
Hernández y su cúpula enfrentan alegaciones jurídicas por corrupción, lavado, robo de bienes públicos, tráfico y conspiración criminal contra los intereses de Honduras y de Estados Unidos.
De este modo tenemos la posición de los tres poderes de Estados Unidos. El poder Ejecutivo de la Casa Blanca a través del departamento de Estado, que sostiene a Hernández desde 2009 por la vía del fraude electoral y la violación a la Constitución; el poder legislativo, que controla la aprobación del presupuesto y monitorea las violaciones a los derechos humanos, y que es partidario de cortar toda ayuda a la dictadura; y el poder Judicial, que investiga, acusa y extradita a la élite liberal – nacionalista por atentar contra la seguridad estadounidense, con drogas, armas, tráfico de personas y lavado de dinero.
Así está la situación dentro de la cual la juventud estudiantil sufre la peor parte, pues al ponerse en la primera línea de la vanguardia nacional, recibe los primeros impactos de la brutalidad uniformada, que es incapaz de comprender el grito de la sociedad hondureña por sacudirse la lacra de criminales que asaltan su presente y amenazan su futuro.
Esta noche lo menos que podemos hacer aquí es felicitar a los estudiantes de Honduras, abrazar su grito de dignidad y acompañar su ejercicio del derecho a manifestarse libremente por su Honduras querida.
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