Si la dictadura del crimen organizado no hubiera creado de nuevo en 2014 el fuero militar, la lucha social quizás tuviera ahora un índice menor de criminalización.
A esa conclusión es fácil llegar después de escuchar en libertad a Edwin Espinal y al abogado Edy Tábora, que representa a Raúl Álvarez Ordóñez, ambos presos políticos que se defienden fuera de la cárcel de tortura ubicada en Morocelí.
Nosotros no repetimos el nombre de esa prisión militar de Oriente – dice con frecuencia la defensora Bertha Oliva, y tampoco nombramos el centro de tortura construido en Ilama, Santa Bárbara, porque esos nombres son propios de la jerga militar, porque evocan centros de tortura.
La defensa de los derechos humanos civiles y políticos, el medio ambiente, la igualdad entre hombres y mujeres, la diversidad sexual, el Estado de Derecho, la Libertad de Expresión, la tierra, los mares, todo es una amenaza para el régimen actual, que nos ataca desde el impostor hasta sus portavoces asalariados.
Edwin Espinal, al momento de tomar la palabra en el parque central de Tegucigalpa el viernes por la noche, puso en perspectiva este problema de la criminalización y la persecución política contra las personas que luchan por la libertad y la vida en toda Honduras.
Dijo concretamente que los presos políticos encerrados en las cárceles militares son menos que los perseguidos criminalmente por razones políticas viviendo aquí afuera entre nosotros.
Y no podemos menos que estar de acuerdo con Espinal, porque son muchas más efectivamente las personas procesadas que deben humillarse cada semana para dejar sus firmas estampadas en libros de tribunales inquisidores en toda la República. Y sin olvidar las víctimas asesinadas, que no pueden defenderse ya.
Actualmente, ninguna de las personas que están encerradas ni aquellas que son perseguidas en libertad por derrocar esta dictadura deberían estar sufriendo esta situación que personalmente hemos sufrido desde diciembre 2017, dijo Espinal al momento de agradecer al público la semana anterior.
Espinal reconoció los esfuerzos de organizaciones, colectivos y liderazgos nacionales y extranjeros que han insistido en denunciar los mecanismos estatales creados para juzgar a los delincuentes del crimen organizado, y a los defensores de derechos humanos con los mismos criterios.
En su caso, como en el de Raúl y el de Ronmel, fue un juez prejuiciado con identidad de gobierno y no de Estado quien decidió su suerte dentro de un batallón impenetrable.
Un juez no independiente preside las audiencias iniciales rodeado de fusiles, como si la insurrección constitucional fuera equivalente a los crímenes de la Red, la Caja de Pandora, la Caja Chica de la Dama, el Planeta Verde o el Cartel de Lempira.
Al respecto, compartimos los señalamientos hechos por el abogado Edy Tábora tras la liberación condicionada de Raúl Álvarez también el viernes anterior. Dijo que la imposición de prisión preventiva contra luchadores sociales es arbitraria porque restringe el derecho a un juicio justo y al debido proceso. Y mezcla dos campos con intención premeditada.
A menudo el impostor Hernández asocia la insurrección del pueblo hondureño con maras y pandillas, sin decir nunca por supuesto que el sector verdaderamente próximo a la M13 y al barrio 18 y a los carteles criminales son su policía, su ejército y su partido.
Al ser juzgados dentro de instalaciones militares por jueces con poderes discrecionales, algunas veces sin rostro, los promotores de la libertad y del Estado de Derecho, las y los luchadores sociales, son convertidos en enemigos de la estructura militar que controla el poder político y enviados directamente a las prisiones, sin ningún respeto procesal.
Es exactamente la misma situación que padecieron los liderazgos comunitarios de Guapinol por defender la montaña Carlos Escaleras, amenazada por mafias mineras a cielo abierto, y es la misma situación que padecen aún los liderazgos insurrectos de Pimienta, Santa Bárbara, Tocoa, Choluteca, La Paz, entre otros.
“Hemos estado frente a jueces que violan el principio de independencia y que se comportan como representantes de un partido político que castiga con prisión y no como funcionarios del Estado, representantes de los intereses de la sociedad, señaló Tábora la noche del viernes.
Entre las primeras lecciones que deja la liberación de Edwin y Raúl, para defenderse ahora en libertad, es que ello no habría sido posible sin la reivindicación social de su condición de presos por razones políticas.
También la conformación de un Comité por la Liberación de presos políticos en febrero 2018, fue un paso decisivo en el seno de la Convergencia contra el Continuismo, y la exigencia al unísono de la libertad para TODOS los privados de libertad, es ahora un grito que suena aún más fuerte en toda Honduras.
Aunque aún no estemos cerca de recuperar la independencia de los poderes del Estado ni el hilo constitucional roto desde 2009 ni la dignidad de la Presidencia violentada en 2017 por el impostor y sus avales en Washington, Canadá y la Unión Europea, la lucha sigue.
Y si la lucha del indomable pueblo de Morazán sigue, nosotros también seguimos a su lado.
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