Por Germán Romano y Oscar Vargas
El pasado mes de junio se vivió uno de los episodios más sangrientos que ha sufrido Honduras en los últimos años: casi seis muertos y decenas de heridos en todo el país. Estos hechos se dieron luego que, por dos meses consecutivos, salieran a las calles cientos de personas a manifestarse en contra de las modificaciones a leyes que reinterpretan la salud y educación como derechos fundamentales. Aunque se lograron frenar estas reformas, se mantuvieron las protestas especialmente en sectores organizados como estudiantes, indígenas y el movimiento campesino. Estos son, quienes llevan más de dos años protestando contra el gobierno, insisten en que hubo fraude en las últimas elecciones que llevaron al poder a Juan Orlando Hernández.
La reelección de Hernandez se dio tras diez años de inestabilidad institucional, los cuales comenzaron en 2009 con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. En todo este tiempo, el ambiente político se ha enrarecido debido a la sistemática represión contra movimientos sociales, teniendo uno de sus picos más dolorosos el 2016, cuando fue asesinada la ambientalista indígena Berta Cáceres. Dicho crimen, que se mantiene aún sin justicia, expresó como la inestabilidad política estaba acompañada por la desigualdad económica; el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, al que pertenecía Berta, se ha movilizado sistemáticamente contra la privatización de los bienes comunes; su lucha ha denunciado que el Estado protege y fomenta los intereses corporativos en contra de los de las comunidades.
Dicha crisis institucional, que ha agudizado la criminalización contra los movimientos sociales de ese país, se ve acompañada por la estrechez económica que tienen que vivir tanto la población urbana como rural. El Banco mundial calcula que cerca del 60% de la población vive en situación de pobreza, mientras que en las zonas rurales una de cada 5 personas vive en pobreza extrema (menos de 1,90 dólares al día). Por esta razón miles de personas han visto más viable sobrevivir uniéndose a las caravanas que los llevan hacia los Estados Unidos y una vez allí, viviendo en la clandestinidad, poder enviar algo de dinero a sus familiares. Para dar cuenta de la importancia de las remesas, las mismas representan cerca del 18% del PBI (Producto Bruto Interno) y uno de los principales ingresos de muchas familias del país.
Mientras se ven los picos más altos de protestas contra el gobierno que es tildado de corrupto e inclusive de narcotraficante, esto último debido a la captura en Estados Unidos del hermano del presidente a finales del año pasado bajo esos cargos, también se presentan altos niveles de emigración de aquellos que se unen a las caravanas hacia Estados Unidos. El panorama del país resulta desolador y solo puede esperarse que agudice a menos que las fuerzas populares logren impulsar transformaciones en caminos contrarios a los que han llevado al escenario actual.
La militarización de Honduras
El golpe de estado cívico-militar de 2009, el primero del siglo XXI en Latinoamérica, trajo consigo un incremento de la represión y militarización del país. Solo durante las movilizaciones contra el golpe, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) informó que fueron asesinadas más de 130 personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), registró el asesinato de más de 30 periodistas solo entre 2014 y 2018. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalló que Honduras es “uno de los países más hostiles y peligrosos para los defensores de derechos humanos” en el continente americano.
Actualmente, el principal aliado de Honduras en equipamiento militar es Israel y en menor medida EE.UU. y el Brasil de Jair Bolsonaro. El pico previo de compras de armas a Israel fue durante la dictadura militar entre los años 1971 a 1981, llegando a representar más del 80% de las compras históricas de Honduras a Israel. Solo en ese período, adquirieron 21 bombarderos.
En el año 2016, Juan Orlando Hernández se reunió con el primer ministro israelí donde firmaron diversos acuerdos de compras de armas por un monto de U$S209. Los acuerdos se dan en el marco del anuncio del traslado de la embajada de Honduras a Al Quds (Jerusalén) como ya lo anunciara también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en violación de las diversas resoluciones de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Los convenios firmados con Israel son por la instalación de sistemas de armas en buques, sistemas de comunicación, compras de drones armados y misiles. Asimismo, Brasil le donó a Honduras 4 helicópteros Bell que también serán actualizados por Israel. Estas actualizaciones en las máquinas de matar fueron aprobadas por parte de EE.UU.
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