Cargando un ataúd los defensores llegaron a los Juzgados de San Pedro Sula, norte de Honduras, para hacer su presentación voluntaria.
Don Antonio Martínez Ramos figura en la lista de los 32 pobladores de Tocoa, Colón, criminalizados por oponerse a la instalación de la empresa minera Inversiones Los Pinares en el sector de Guapinol. Él murió en abril de 2015 – cuando no existía el conflicto- sin imaginar que, en agosto de 2019, sería presentado ante un juzgado con jurisdicción nacional acusado de asociación ilícita, robo e incendio agravado; delitos que supuestamente ocurrieron tres años después de su muerte, en 2018.
En los juzgados de San Pedro Sula, al norte de Honduras, se presentaron voluntariamente 7 pobladores cargando un ataúd, que simboliza la presencia de don Antonio. Cinco de ellos son de Guapinol y dos del sector San Pedro en el municipio de Tocoa, zona donde se ubica el parque Nacional Carlos Escaleras, que ha sido concesionado para la extracción de óxido de hierro en favor del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé.
La presentación voluntaria en los juzgados – por los mismos delitos – ya la realizaron otros ambientalistas de Guapinol en febrero de 2019. En esa fecha se les dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva. La audiencia se realizó los primeros días de marzo en la capital, y un juez con jurisdicción nacional les dictó sobreseimiento definitivo, al no encontrar pruebas reales que los incriminaran penalmente.
Los ocho acusados son: Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnold Javier Alemán, Ever Alexis Cedillo, y Jeremías Martínez, a quien se le dictó prisión preservativa por el juez del de jurisdicción nacional Carlos Irías de León. Él está preso en la granja penal de La Ceiba, Atlántida desde diciembre del 2018.
Hoy, la gente de Guapinol vuelve a los tribunales en busca de justicia para los 8 acusados y su río. El resto de los criminalizados no se presentaran porque algunos huyeron del país producto de las amenazas a muerte, otros están postrados en cama por vejez, y resto son desconocidos, no pertenecen al sector.
“Esto pone en evidencia que el Ministerio Público acusa a la gente sin hacer investigaciones”, dijo a Radio Progreso Orbín Hernández del sector San Pedro, criminalizado por oponerse a la minera. Él cree que las autoridades presentaron los requerimientos fiscales por órdenes de la empresa, sin tener conocimiento real de conflicto.
Orbín junto a sus compañeros se mantuvieron en las fueras del juzgado de San Pedro Sula esperando ser atendidos. Tiene miedo de ser capturado por la policía, conoce el accionar violento de los uniformados. “Nos presentamos voluntariamente porque no somos delincuentes”, expresó a través de una pancarta.
Para Juana Esquivel de la Fundación San Alonso Rodríguez y del Comité Ambiental de Tocoa, el sistema de justicia sigue develando su inoperancia. Las pruebas presentadas contra los defensores del río no tienen sustento legal, y están acondicionadas para favorecer al empresario.
“Además, cuando los compañeros deciden presentarse voluntariamente, nos encontramos con la noticia de que no hay jueces”, dice Juana denunciando que en los Juzgados les pidieron hacer un trámite de anuncio de presentación, el que podría resultar contraproducente, porque hay órdenes de captura emitidas contra los acusados. En cualquier momento pueden ser sorprendidos y capturados por la policía de manera individual, colocándolos en mayor riesgo.
Desde Tocoa, Colón, llegaron habitantes de Guapinol a los juzgados, demandando justicia para los defensores.
Según ley, el Poder Judicial es una institución permanente de servicio continuo. No depende de la disponibilidad de un funcionario si la ciudadanía recibe respuesta o no. “El sistema u órgano tiene que dar respuesta”, asegura el abogado defensor Omar Menjivar. Cuando la defensa de los ambientalistas entregó el escrito de la presentación voluntaria a la secretaría del juzgado, recibieron un documento donde se les argumenta que, ese tribunal no podía recibirlos por falta de juez.
“Los ambientalistas de Guapinol están expresando su voluntad de someterse a la justicia y al proceso de criminalización. Hay órdenes de captura vigente desde septiembre de 2018, y están expuestos a ser capturados en cualquier momento. Lo ilógico es que, si los capturan ahora, las autoridades tendrían que presentarlos inmediatamente ante un juez, y allí si habría juez”, dijo el abogado a Radio Progreso.
Para el Comité ambientalista, el órgano de justicia en Honduras acusa de asociación ilícita a las personas que se organizan en la comunidad para defender el río o la montaña. Colocándolos al mismo nivel de criminales de alto impacto como narcotraficante. “Y libra de toda responsabilidad a personas acusadas de estafar el sistema de salud”, apuntó Juana Esquivel, haciendo alusión al reciente fallo en el caso de Astropharma, que favorece a la ex diputada nacionalista Lena Gutiérrez y su familia.
Cargando el ataud que simboliza la presencia de Don Antonio, los 7 ambientalistas acompañados de sus comunidades – que viajaron más de 6 horas para llegar a San Pedro Sula – tomaron la decisión de seguir presionando en su presentación voluntaria hasta que un juez los reciba, como reflejo de su inocencia, evidenciando que su única lucha es la defensa del agua, la defensa de la vida.
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