Hermano menor, madre y padre de Juan Humberto Sánchez, antes de rendir declaración involuntaria en Siguatepeque.
La familia de Juan Humberto Sánchez, afirmó una vez más, ante un tribunal de justicia, que fueron militares quienes irrumpieron en su casa aquel 10 de julio de 1992, llevándose al joven de 26 años y que, al devolverlo juraron regresar, cumpliendo su palabra para asesinarlo en el Río Negro, Colomoncagua, en el occidental departamento de Intibucá.
Pese a que han pasado 27 años del crimen de lesa humanidad, doña Dominga Sánchez y Juan José Vijil, sus padres, fueron citados -contra su voluntad- a rendir declaración ante el Tribunal de Sentencias de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, para comparecer en el Juicio Oral y Público en el proceso penal instruido contra Clemente Meza y Pedro Canales, señalados como responsables del crimen.
Doña Dominada y don Juan, son personas mayores quienes viajaron varias horas para asistir al Tribunal, este martes 30 de julio, acompañados por las abogadas Karol Cárdenas y Cinthia Turcios, del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Cárdenas, aclaró que ninguno de los imputados es militar, sino vecinos del lugar donde se dieron los hechos a inicios del década de 1990 en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas. Don Juan declaró que la noche del ataque, a él lo pusieron boca abajo en el suelo, y solo alcanzó ver las botas militares de las personas que se llevaron a su hijo de crianza.
Sánchez volvió al país, según las conclusiones de la fiscal del Ministerio Público, este miércoles 31 de julio, para arreglar sus papeles personales, ya que estaba viviendo en El Salvador y laboraba en Radio Venceremos, del Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La familia de Sánchez, desde la noche de la detención y desaparición del “mártir del Río Negro” informó al COFADEH, y posteriormente el Estado de Honduras pidió perdón, en cumplimiento de una sentencia condenatoria emitida por la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte-IDH), en el 2003.
Los imputados actualmente son personas mayores, ambos comparecieron en el juicio, acompañados de familiares que también viajaron hasta Siguatepeque, para la repetición del juicio que se había llevado a cabo en marzo del 2009.
El sistema revictimiza a la familia de Juan Humberto
El Estado lleva a juicio a “sapos” o informantes que no participaron en el crimen, declaró a Defensores en Linea, la coordinadora general del COFADEH, Berta Oliva, mientras se desarrolla el proceso que abona a la impunidad militar.
Tras 27 años del crimen y con una sentencia emitida por instancias internacionales, la familia paga la opción ideológica política que asumió Juan Humberto, y eso es identificado como una cadena de persecución, detalló la defensora.
Con sentar a dos civiles en el banquillo de los acusados, pese a que hay militares confesos, el sistema de justicia hondureño “sigue protegiendo a los criminales que tuvieron una política de exterminio y la impunidad se consolida disfrazando a los responsables de crímenes atroces, pero en el fondo se protege a los que han admitido que participaron en el hecho”, mencionó Oliva, quien ha dado acompañamiento permanente a la familia de Sánchez.
Altos oficiales admitieron el hecho ante la Co-IDH, pero, es que la gente no tiene memoria, ya que pasan por alto tales palabras. Lo encontramos “con las manos en la masa”, declaró el que era jefe de las Fuerzas Armadas y admitió que fue movilizó al papá de Juan Humberto hasta el Estado Mayor Conjunto ¿Qué es eso? Se preguntó Oliva.
Agregando que es el reflejo de la debilidad y manipulación del sistema judicial y en este caso del Ministerio Público, que ha realizado acciones que nada justifican, como otra exhumación en mayo del 2017, contra la voluntad de la familia y COFADEH, organización legal que lleva el caso.
Esta profanación de la tumba del joven asesinado por sus ideales, en 1992, fue ejecutada por la entonces Fiscal Especial de Derechos Humanos (FEDH), Soyara Morales, del Ministerio Público (MP), y Jacobo Santos, asignado al caso. Y es que no había duda de que ese cuerpo sepultado en Colomoncagua, sea el de Juan Humberto, continuó Oliva, la exigencia es que se castigue a los responsables.
Mientras que, con este juicio lo que hace el MP es para exhibir a la familia de Juan Humberto, puede generar un pleito con otras familias que no descartarían iniciar acciones de venganza; además, la institución que dirige el Fiscal General, Óscar Chinchilla, quiere hacer ver que esos casos los hacían civiles, puede ser que los financiaba la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH), pero quien ejecutaba son los militares. Berta Oliva
y agregó que, este juicio consolida la impunidad militar, la impunidad de los grandes, aquí está muy difícil decir que se está trabajando en combatir la impunidad, falta mucho para que las víctimas y el pueblo, pueda confiar en los operadores de justicia.
El COFADEH espera un veredicto que permita la continuación de la fiesta de impunidad, en un juicio donde solo el Ministerio Público está debatiendo, por lo que le debería dar vergüenza, ya que es un caso de deuda histórica, conocido por el pueblo y llevado ante el Sistema Interamericano de Justicia, lo que afirma que no es contra particulares sino contra el Estado mismo y por el que ya fue sentenciado, sin cumplir a cabalidad la disposiciones especialmente las investigaciones y castigo para los responsables.
La sala del juicio estaba vacía, no se contó con la presencia de la familia víctima ni representantes del COFADEH.
“Es una vergüenza que se gaste tanto dinero defendiendo a la mafia. Ese dinero lo pagamos nosotros con los impuestos, es triste”, continuó Beta Oliva.
Si con este juicio a solas el Estado pretende decir que ha avanzado tanto en el caso de Juan Humberto Sánchez, que hasta se llevó a juicio y encontraron a los culpables y responsables del hecho ¡pero claro! Exclamó Oliva, nosotras vamos a dar un reporte de lo que hemos hecho y visto.
Cabe señalar que, hace algún tiempo, el COFADEH tuvo la iniciativa para la instalación de una mesa donde estuvieran con representantes del Ministerio Público, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), y fue terrible la actitud de la Fiscal de DDHH, creyendo que ella iba a coordinar y que el Alto Comisionado solo iba a aplaudir lo que ella estaba colocando, reveló Oliva, pues hay demasiada ignorancia y cinismo en el abordaje de los temas de lesa humanidad.
¿Quién ejecutó las capturas contra Juan Humberto Sánchez?
Según el documento de la Sentencia emitida en Santiago de Chile, el 07 de junio del 2003, relata que:
La primera captura se habría producido el 10 de julio de 1992 por efectivos del Décimo Batallón de Infantería de Marcala, La Paz, bajo las órdenes del subteniente Ángel Belisario Hernández González, siendo liberado el 11 de julio de 1992 por ausencia de evidencia sobre los cargos de la detención.
La segunda captura se habría llevado a cabo por efectivos del Primer Batallón de Fuerzas Territoriales en su casa de habitación la noche del mismo 11 de julio. El 22 de julio de 1992 los familiares de la presunta víctima se enteraron que se había producido el hallazgo del cadáver de Juan Humberto Sánchez “en un pozo del ‘Río Negro’ trabado entre las piedras y en estado de descomposición[,] […] llevaba un lazo al cuello que le cruzaba el pecho hasta atarle las manos hacia atrás y mostraba señales de tortura”.
Por otro lado, la Comisión alegó que el 20 de julio de 1992, antes de que el cadáver de la presunta víctima fuera encontrado, se interpuso un recurso de hábeas corpus o exhibición personal ante la Corte de Apelaciones de Comayagua por “el secuestro y detención” del señor Juan Humberto Sánchez. Este recurso de hábeas corpus fue declarado sin lugar el 14 de agosto de 1992. Asimismo, la Comisión señaló que hasta la fecha ninguna persona ha sido juzgada ni sancionada por “el secuestro, tortura y ejecución” del señor Juan Humberto Sánchez, por lo que subsiste una situación de impunidad en relación con el caso.
En este sentido, la Comisión también manifestó que el proceso penal que se ha seguido se ha caracterizado por “falta de seriedad y eficacia”, ha sido insuficiente y tropezó desde el comienzo con numerosos obstáculos, entre los que se pueden contar intimidaciones y amenazas a testigos y a familiares de la presunta víctima.
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