Cerca del mediodía del miércoles 31 de julio, el cuerpo sin vida del menor Eblin Noel Corea Maradiaga, era devuelto a su sepultura, ahora sin el proyectil militar disparado la noche 20 de junio, por militares del batallón ubicado a cinco minutos de donde se realozaba una protesta por la defensa de la salud y educación.
Volvieron las lágrimas, los abrazos de dolor, las miradas indefinidas y el silencio de apoderó de la familia del estudiante de II de Bachilletaro, que a los 17 años, defendía los derechos humanos.
Don Eblin Corea, su padre, no quiso hablar ante los medios de comunicación. Han pasado 41 días y noches cuidando la tumba en el cementerio municipal de Yarumela, al centro del país.
Esta noche, familiares y amistades volverán a sus hogares, la instalación eléctrica que les facilitó una vecina ya no será necesaria. La bombilla que los alumbraba, ahora pasa a ser una luz espiritual en espera de que los encargados de la exhumación actúen con veracidad y las pruebas los lleven a dar con los responsables materiales e intelectuales del crimen.
Las calles aledañas al cementerio estaban acordonadas por la Policía Nacional, también habían agentes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Pese a que el ingreso de observadores y familia al cementerio fue restringido, su padrino Job Daniel Rivera, estuvo pendiente de cada detalle, incluso cargar el ataúd de Eblin, otra vez.
El proceso se realizó con la presencia de: el doctor Leonel Cruz, Roger Ayala, y una odontóloga forence. Asimismo Olman Garcia, Jefe de balística, Ricardo Castro, jefe de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), German Reyes de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, y el fiscal Roberto Blen, coordinador de referida fiscalía.
Rivera, expresó que el proceso de exhumación se vio bueno y transparente, pero allí; aunque no se sabe que pueden esperar tras la extracción del proyectil del cuerpo del menor.
Cargar el ataúd nuevamente es un momento duro, como padrino lo quise mucho, le decíamos “barranbam” por grandote, y a veces así le digo a mi hijo, por que lo extraño, agregó el padrino.
Para la familia han sido 41 días difíciles, a veces trato de ocultar el dolor para que podamos aceptar la situación y no tener tanto dolo, especialmente con mi esposa que era tía del niño.
Sin embargo, afirmó que tendrán un poco de tranquilidad tras la exhumación, ya que se suspende la vigilancia que se montó ante los rumores de que lo querían sacar la bala “pero el dolor siempre lo llevamos adentro”.
Hasta el momento, no se ha mencionado quienes son los responsables del crimen contra el joven estudiante, abatido por un pelotón de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), que tenía su destacamento en la ciudad de La Paz, afirmó Rivera.
Denunció que las autoridades responsables trataron de hacer la exhumación en silencio, incluso hubo medios de comunicación desinformado que el proceso ya se había llevado a cabo. Pero fue la misma familia que solicitó el acompañamiento de la población y medios de comunicación para exigir que todo sea en base a ley.
Poca credibilidad en instituciones públicas
Por su parte, Roger Medina Orellana, abogado del equipo legal de la familia, afirmó que “queremos justicia , el vil asesinato de Eblin no puede quedar en la impunidad”.
Para llegar a este momento -exhumación- debieron pasar todo un proceso con el Ministerio Público, y aunque solicitaron la presencia de la ex directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, les negaron esa petición, supuestamente por que ella tiene un proceso legal con la institución. En su momento Villanueva afirmó que eso no era inconveniente.
Según Medina, que la patóloga recomendó a ciertos expertos y ellos fueron los que asistieron este día a la exhumación. Se trata de el doctor Leonel Cruz, médico Forense titular -que fue asistido por el doctor Roger Ayala- y el ingeniero en balística, Olman García.
La presencia de los expertos con credibilidad de parte de la familia, es por que “No creemos en la institucionalidad, queremos un resultado transparente, que no se dejen presionar de allá arriba, por que las Fuerzas Armadas son una institución fuerte y se cubren entre ellos”, declaró el abogado de la familia.
La exigencia generalizada, es que haya transparencia para que esta prueba científica se coteje con las armas que se han decomisado como prueba anticipara, ya que esta es una violación al derecho a la vida, a libre expresión y protesta social. Cabe señalar que estos derechos serán criminalizados con fuertes penas en el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia el próximo 10 de noviembre.
Y es en este marco de dictadura, que la familia Corea-Maradiaga exige justicia, para que no haya más familias en luto por la imposición del militarismo y la represión a las protestas sociales.
Además, dijo Medina, el Estado no puede estar matando a al gente, a los jóvenes, porque tenemos un derecho que es la vida, y que se está violentando.
La exhumación del cuerpo de Eblin, uno de los casos de asesinatos políticos, documentado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en marco de protestas convocados por la Plataforma de lucha en defensa de la Salud y Educación, desde finales de abril, pudo haber sido en menor tiempo, según el abogado.
Si bien, al momento del crimen, el padre del menor se opuso, de debió a la misma desconfianza que se tiene en las entidades judiciales. Don Eblin expresó en una conferencia de prensa el 1 de julio en la cede del COFADEH, que los militares ya habían herido de muerte a su hijo, y no iba a permitir que dañaran más el cuerpo.
Se dijo que la exhumación sería el 28 de junio, el día del décimo aniversario del golpe de Estado, y se puso de pretexto que los encargados ponían en peligro su vida ya que habría movilizaciones.
Para la próxima semana se esperan los resultados, según el abogado Roger Medina, esperando que se dé una justicia pronta y efectiva para garantizar el derecho de los familiares.
Cabe señalar que, como observadoras de derechos humanos estuvo la maestra Nelly Reyes, de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Indígenas de La Paz (Redhil-Paz); y la abogada Cinthia Turcios, del área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), hasta que concluyó la labor de la
Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) del Ministerio Público; la ATIC y la Dirección General de Medicina Forense.
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