La jueza con jurisdicción nacional, Lizeth Vallecillo, dictó detención judicial contra 7 defensores del río Guapinol del municipio de Tocoa, Colón, acusados de siete delitos en perjuicio de la empresa minera Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras. Los defensores están recluidos en la penitenciaría nacional Marco Aurelio Soto en Támara, Francisco Morazán, donde permanecerán hasta el 29 de agosto, cuando de inicio la audiencia inicial.
Los acusados decidieron presentarse voluntariamente ante un juez con el objetivo de buscar una salida a los procesos de criminalización que se aplican en su contra por defender la tierra, el ambiente y el agua. Los delitos que se les imputan son: robo, usurpación, incendio Agravado, daños, secuestro y asociación Ilícita.
Los imputados son: José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnol Javier Alemán, Ewer Alexis Cedillo y Jeremías Martínez, a este último se le dictó prisión preventiva por el juez de letras de Competencia Territorial Nacional, Carlos Irías de León. Está preso en la granja penal de La Ceiba, desde diciembre del 2018. Y Don Antonio Martínez Ramos, un vecino de la comunidad que falleció hace 4 años, cuando el conflicto por la instalación de la minera aún no se había registrado.
En el inicio de la Audiencia de Presentación de Imputados, la juez dio lectura al requerimiento fiscal 22-2019, presentado por la fiscalía a raíz de una denuncia interpuesta por el señor Santos Hernández Corea, empleado de la empresa Inversiones Los Pinares de Lenir Pérez y Ana Facussé.
El requerimiento expresa que Santos Hernández junto a 30 guardias de seguridad se disponían a realizar sus labores un día de enero de 2018, cuando llegaron unos 300 habitantes de Guapinol fuertemente armados a amenazarlos, destruir su equipo de trabajo e incendiar el vehículo donde se transportaban.
En la denuncia hecha por el empleado de la minera, se sostiene que los guardias de la empresa portaban armas, pero con balas de goma tipo Paintball (Bolas de pintura), y que las armas de fuego eran de los pobladores de la comunidad.
Esa denuncia fue suficiente para que la Fiscalía acusara a los líderes de Guapinol y el Sector San Pedro de asociación ilícita. Prediciendo que la detención ilegal en la presentación de imputados era algo inevitable, porque ese delito no contempla ninguna otra medida.
La audiencia de Presentación de Imputados se realizó en una sala pequeña. Duró un aproximado de 30 minutos. Aquí se les dictó detención judicial
En su intervención el abogado Mario Rojas, uno de los abogados defensores de los ambientalistas expuso que, el requerimiento fiscal refleja falta de investigación por parte del Ministerio Público. “Los delitos incorporados a esta jurisdicción deben ser investigados de manera especial como lo estable la Convención de Palermo en su artículo 20”, explicó el abogado, asegurando que Honduras es signataria de esta convención, y que además la ley que ampara la creación de las jurisdicciones nacionales establece los debidos procesos de investigación que el actual requerimiento contra los ambientalistas no contiene.
Según el abogado, en la lectura del requerimiento no se reflejó el supuesto mecanismo de investigación, que los fiscales del Ministerio Público llevaron a cabo para asegurar que se trata de una organización comunitaria que se dedica a delinquir con fines de lucro, tal como lo establece el delito de asociación ilícita.
En respuesta la jueza declaró sin lugar lo planteado por el abogado defensor. De la misma forma, otro de los abogados defensores Carlo Jiménez, solicitó se declara Sobreseimiento Definitivo en favor de Don Antonio Martínez, quien murió hace más de 4 años.
La defensa presentó un poder legal de un sobrino del occiso, medios que verifican el parentesco, la autopsia y el dictamen del Ministerio Público, institución que hizo el levantamiento cadavérico cuando Don Antonio murió atropellado.
Sin embargo, el mismo Ministerio Público que comprobó la muerte Don Antonio, hoy lo acusa argumentando que está “vivo”, porque en el Registro Nacional de las Personas no aparece registrada su acta de defunción, aunque en los archivos de la Fiscalía si se encuentran los documentos que afirman que él murió atropellado en abril de 2015.
La juez Vallecillo, únicamente se limitó a informar que pedirá un oficio correspondiente para que la autoridad competente informe si el acusado está vivo o no. “En este caso la autoridad correspondiente es el Registro Nacional de las Personas. Ya sabemos que no hay acta de defunción”, dijo a Radio Progreso el abogado defensor Omar Menjivar, explicando que la jueza solicita información que ya tiene, y que, además, fue brindada por el propio Ministerio Público, “Aunque este se contradice con acusaciones infundadas. Lo que significa que vamos a tener al acusado muerto en todo el proceso”, apuntó el abogado.
Para la defensa de los ambientalistas todo el expediente y todo el proceso está plagado de irregularidades que buscan perjudicar a una población que lo único que está haciendo es defender su río amenazado por la minera.
“Yo confío en la verdad y la verdad está de nuestro lado”, dice Menjivar, porque a su criterio el Ministerio Público no será capaz de probar los delitos contra los defensores del río Guapinol, así como sucedió en la audiencia realizada en el mes de marzo, cuando 12 ambientalistas acusados por los mismos delitos, por el mismo caso fueron sobreseídos de forma definitiva por un juez con jurisdiccional nacional, aunque a empresa apeló esa decisión y la Corte de Apelación aceptó el recurso y el caso podría abrirse nuevamente.
Según el abogado no puede haber un resultado diferente al que hubo en el primer proceso. Y si lo hubiera, estaríamos frente a una gran contradicción porque es el mismo juzgado, las mismas acusaciones, el mismo Ministerio Público, la misma supuesta investigación y hasta el mismo juez Víctor Méndez que ya conoce a cabalidad el conflicto.
Pancarta que se observa en el campamento instalado en las afueras del Ministerio Público de la capital
La ciudadanía de Tocoa en el departamento de Colón, está viviendo en carne propia todas las consecuencias de un Estado incapaz de establecer los controles necesarios para garantizar que el Ministerio Público no abuse de su poder. “Es una situación terrible lo que ocurre en el país y uno de los máximos responsables es el Fiscal General, que conoce muy bien la situación e insiste en acusar a esta gente”, lamentó el abogado Edy Tábora, defensor de los ambientalistas y director del Comité por la Libre Expresión C-Libre.
Mientras los 7 defensores del río Guapinol guardan prisión esperando la audiencia inicial, sus compañeras de vida, hijos, hijas, vecinos y organizaciones de derechos humanos amigas permanecen en un campamento de protesta pacífica a las afueras del Ministerio Público en la capital, denunciando la parcialidad de esta institución con la empresa minera y la incapacidad demostrada en las investigaciones presentadas en el requerimiento fiscal.
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