Costurado, rajado, parchado, despedazado, como un cadáver de laboratorio ha sido el viejo código penal inquisidor de 1906 en la historia de Honduras.
Es tan viejo ese código que permaneció intacto a la fiebre reformista de 1990 y sobrevivió totalmente al nuevo código penal publicado en mayo 2019.
Parece una ironía que un “nuevo” código siga siendo el mismo viejo código, pero en Honduras eso sí es posible. Es posible porque los delincuentes lo hacen a su medida.
El partido nacional y el partido liberal, particularmente Callejas, Flores Facussé, Maduro y Hernández, utilizaron los últimos 25 años para introducir nuevos tipos penales, cambiar títulos de capítulos, subir penas por equis delitos en todas las categorías imaginables del derecho criminal. Un tutifruti total que, sin embargo, dejó los principios de la impunidad, intocables.
Nunca ha sido más certera la horrible frase, la frase terrible que “quien hace la ley hace la trampa”.
Como verdaderos tramposos, esos políticos canallas han aprovechado cada ola de reclamación ciudadana contra la violencia, la corrupción y el crimen organizado, para dar la impresión de cambiar siempre algo sin que cambie nada.
Los diputados de 40 años, esos inútiles que ahora quieren pensiones vitalicias, junto a sus promotores los ex presidentes perversos, incluyendo al impostor actual, han permanecido inalcanzables a las penas ejemplarizantes, a los procesos públicos y al escrutinio popular, como se reclama ardorosamente desde las bases de la sociedad.
Toda la caterva de corruptos, asaltantes, narcos, delincuentes, han tomado las demandas públicas de alineamiento jurídico, de construcción de seguridad ciudadana y evolución del Estado de Derecho, para hacer precisamente lo contrario. Son los reyes midas al revés: esos que todo lo que tocan no lo convierten en oro, sino en mierda.
Las cuotas de derechos políticos para las mujeres, imposibles de cumplir en la práctica electoral; las penas ridículas por explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes; la resurrección de los delitos contra el honor como en la edad media, la destrucción de los derechos sociales, económicos y culturales, hasta destruir el trabajo…
La lista de involución jurídica, particularmente dentro del ámbito del derecho penal, es interminable durante el decenio del golpismo que empezó en junio de 2009 y sigue hasta nuestros días. Es un paquete habilitante del delito, del “dejar hacer – dejar pasar” sin más reglas que la fuerza bruta.
Sin embargo, todos estos políticos canallas de los últimos años han vendido el falso discurso de un nuevo código penal que unifique la pila de reformas sectoriales y armonice la legislación internacional al derecho procesal penal hondureño, adaptándola al principio de la divulgación de los juicios.
Ese discurso mentiroso ha contado con el aplauso y el dinero de numerosos cooperantes internacionales, que han aportado técnicos expertos y tiempo valiosísimo para ese juego de los zorros locales que se salen con la suya.
Por tanto, el consenso de más de 60 organizaciones sociales serias de Honduras es que el Código Penal de la dictadura no debe entrar en vigencia en noviembre próximo, como lo tienen previsto, porque esa es una ley para amarrar la impunidad favoreciendo a los delincuentes con poder y atar las libertades del pueblo.
Está en proceso de articulación un sentimiento nacional contra ese canasto enorme de artículos, capítulos y enunciados que favorecen a los ladrones, violadores, narcos y abusivos del poder que asaltan a Honduras.
La posición del Cofadeh concretamente y la Coalición contra la Impunidad es que el Código no debe entrar en vigencia, no debe ser ley, y que debemos impedir su aplicación como está prevista el 10 de noviembre de este año.
La solución no es someter otra vez a revisión o a reformas tal cantidad de artículos inconstitucionales, porque no le gustan a este sector o a aquél otro, a los empresarios por ejemplo, a los periodistas, a las mujeres, no se trata de eso. La solución es parar todo ese mamarracho amenazante.
La solución hay que buscarla ahora y después. Un equipo de juristas independientes, no tecnócratas, que no transpiren la lejía gubernamental ni expertos de la ONU o de la OEA que resoplan como activistas de gobierno, hablamos de académicos de respeto que construyan el consenso social sobre el derecho penal actual, y que haya efectivamente una discusión parlamentaria de una nueva iniciativa que represente integralmente a la sociedad.
Esa decisión trasnochada de poner a dictaminadores “cohetes quemados” tenidos por constitucionalistas, penalistas o sabiondos como el ex rector nefasto de la Universidad Nacional, que sigue de pieza jurásica en el Congreso, no es una manera feliz de legislar lo nuevo, porque representan el pasado, son lo viejo. Y peor, esa manera delincuencial de imprimir leyes en la Imprenta Nacional, donde habitan las ratas hasta encima de las últimas letras de los textos legislativos, no es aceptable. No.
Hacemos un llamado, entonces, a la población a ponerse a la orden de la coalición contra la impunidad, del Cofadeh y de todas las organizaciones cuyo planteamiento sea el NO a la entrada en vigencia del nuevo código de 2019, para que asumamos tareas en este nuevo frente de batalla contra la dictadura golpista.
La hondureña es una sociedad cansada, es verdad, tras 10 años de batallar contra una recua de delincuentes con poder apoyados por Estados Unidos, pero es también una sociedad valiente que sabe defender la salud, la educación, la libertad, la justicia, la dignidad y la vida. Somos una sociedad que en el pasado ha sobrevivido a todo, pero ahora que somos más se impone la obligación histórica de tomar el control.
En este nuevo desafío estamos abiertas a las nuevas estrategias de lucha cultural, simbólica, popular, política e insurgente como lo autoriza el artículo 3 de esa que era nuestra Constitución…
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