Por Riccy Ponce
Se llevó a cabo el foro “Impacto del golpe de Estado en los derechos Humanos, con énfasis en la violación de los derechos laborales y de la comunidad LGTBI”, ante más de un centenar de asistentes.
El golpe de Estado que provocó las fuerzas militares, políticas y económicas, sumió al país en crisis permanente de derechos humanos, de legitimidad y de autoritarismo. Desde entonces, los militares se posicionaron a nivel nacional y se generaron leyes que restringen los derechos humanos.
El derrocamiento del entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales, el 28 de junio del 2009, contribuyó a la profundización de la impunidad, remilitarización del país, quiebre de la institucionalidad y la polarización social.
Durante estos diez años, Honduras ha sufrido serias crisis políticas y sociales, marcadas por la represión contra las manifestaciones públicas y la criminalización de las defensa de los derechos humanos.
El foro tuvo como objetivo, propiciar un espacio de análisis y reflexión sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, la involución post golpe de Estado, su impacto en la comunidad Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual (LGTBI), y de derechos laborales.
Además, promover el intercambio entre personas defensoras de diferentes partes del país orientado a identificar retos, desafíos y líneas de acción a futuro.
El evento fue organizado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (REL- UITA), la Asociación para una Vida Mejor (APUVIMEH), y la UNION TO UNION.
La coordinadora general del COFADEH, Berta Oliva, expresó que “el tema de los derechos humanos de la comunidad LGTBI, después del golpe militar de Estado tomó presencia y acción, o sea que, lo sacó de la invisibilización en que estaba y ese gesto es de aplaudir”.
Agregó que, “también son varios compañeros que han sido cruelmente asesinados, pero lo que es peor, ninguno con un proceso de investigación decente ¡y éso nos duele a todos y a todas las que creemos en la justicia verdadera! Peor ahora en estos tiempos, con ese Código Penal que desde nuestra mirada hay que pedir o exigir que no tenga vigencia, porque ese Código va en contra de toda la decencia y toda las ansias de justicia de un pueblo que reclama”.
Por su parte, Marcial Cabrera, representante de la Rel-Uita añadió que “los compañeros y compañeras LGTBI también son discriminados, asesinados y muchas veces tienen que vender su cuerpo para poder sobrevivir, porque no les dan derecho a trabajar, siendo personas que tienen derecho a la vida”.
Cabrera finalizó diciendo que, “nosotros hemos hecho un convenio de colaboración con COFADEH, precisamente para tratar de estos temas, de los derechos humanos, la defensa de LGTBI en Honduras, para hablar de la lucha por la liberación de los presos políticos, de lo que ya existe una campaña por su liberación”, la cual hace énfasis en la liberación de Rommel Herrera Portillo, prisionero en “La Tolva”, cárcel de máxima tortura en Morocelí, El Paraíso.
El foro estuvo conformado por dos paneles. En el primero se abordaron los temas del principal riesgo que pone en peligro las conquistas y avances de los trabajadores en Honduras, a cargo de Jorge Hernández; así como la involucración de los derechos laborales y la libertad sindical en los diez años post golpe de Estado, retroceso normativo , por Carlos H. Reyes , presidente del STYBIS; y la inclusión laboral del colectivo LGTBI, por Erik Martínez, representante del Movimiento Diversidad en Resistencia.
Jorge Hernández recordó los sindicatos que estuvieron en contra del golpe de Estado, y que a raíz de eso les vino una ola de asesinatos, criminalización y persecución.
“Recordamos que muchas organizaciones sindicales como el Stybis, SITRAINFOP, SITRAPANI y otras organizaciones que se opusieron al golpe de Estado, eso precisamente trajo consecuencias en diferentes sindicalistas que fueron asesinados, amenazados y criminalizados”.
Hernández añadió que “entre el 2009 y 2010, 14 docentes fueron asesinados en movilizaciones abiertas y asesinatos selectivos”
Entre las víctimas mortales están, Manuel Flores, asesinado en el centro educativo donde laboraba, pertenecía al Partido Socialista de Trabajadores de Centro América; Ilse Ivana Velásquez, asesinada durante una movilización en frente del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA); el líder sindical Jairo Flores y al profesor Félix Murillo, entre otros.
El líder sindical Carlos H. Reyes, en su participación recordó lo que pasaba en la década de los ochentas, “con lo que pasó en Washington en esos primeros años se reunieron los representantes más importantes y poderosos del capitalismo a nivel mundial, de las transnacionales de las distintas áreas de la economía mundial, preocupados porque las tasas de ganancia y de crecimiento de la acumulación de su capital estaban sufriendo enormes bajas, querían buscar medidas para resolver esos problemas y que pudiese el capitalismo agarrar fuerza”.
“Era un sistema que permitía la sindicalización, o sea, el estado de bienestar que era vigente todavía en la época de los ochentas, permitía la libertad sindical, la reforma agraria, la contratación colectiva, la participación del estado en la economía; ese era el modelo que estaba existiendo en esa década de los ochenta”, añadió Reyes.
Para cerrar el primer panel, Erick Martínez habló de la inclusión laboral del colectivo LGTBI. “La reconstrucción de nuestras identidades es necesaria, o sea no es tan inclusivo en la parte laboral y el problema es que nosotros estamos contribuyendo a eso, nosotros estamos abonando a que el sistema se mantenga en violación constante de los derechos”.
Las personas LGBTI se enfrentan a actos de violencia y discriminación generalizada, que normalmente permanecen en la impunidad.
Según información aportada por organizaciones especializadas de la sociedad civil, en los últimos años se reporta 214 asesinatos o crímenes de odio. De estos casos se han abierto 65 investigaciones y no existe ninguna emisión de condena.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias, Arbitrarias; y la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, han señalado que la discriminación y violencia contra miembros de la comunidad LGBTI en Honduras ha sido materia de gran preocupación en los últimos años.
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