La defensa de la madre tierra en Honduras ha venido siendo motivo de represión y criminalización hasta el punto que 120 defensores fueron asesinados entre el 2010 al 2016, por fuerzas de seguridad o escuadrones de la muerte al servicio de la élite político empresarial, que ha controlado el país en las últimas décadas.
A partir del golpe de estado (2009) Honduras ha caído en una espiral de violencia y despojos en relación a los bienes comunes y la explotación de los mismos, efectuada por un grupúsculo de narcos y empresarios, dedicados al saqueo territorial, al mismo tiempo que desde el Congreso Nacional se legisla con el fin de conculcar derechos y enriquecer los allegados al actual gobierno dictatorial.
El caso de los defensores del agua en Guapinol corrobora la tendencia del actual régimen a fomentar conflictos sociales y anteponer las posibles ganancias económicas al derecho al agua y salud que posee el pueblo hondureño. El arresto de doce de los sindicados de defender el agua en Guapinol – quienes se presentaron voluntariamente en el juzgado de La Ceiba el viernes 22 de abril- es un indicador de la distorsión de leyes y decretos con el propósito de favorecer a la desprestigiada élite empresarial.
Los defensores del Agua de Guapinol, son acusados por diversos delitos contra la propiedad y supuestas amenazas de muerte. Las acciones emprendidas por el Poder Judicial demuestra la parcialización de los operadores de justicia a favor del clan económico Facussé-Perez.
El Bajo Aguan -donde se encuentra ubicado la comunidad de Guapinol- es el escenario de una guerra de baja intensidad que se ha venido librando en la última década, con más de un centenar de campesinos asesinados por las fuerzas de seguridad y guardias privados de las extensas plantaciones de palma africana.
El clan del extinto Miguel Facusse y sus herederos, han mantenido en jaque a Honduras, desde los inicios de los años 90, cuando el expresidente Callejas mediante sus políticas de privatizaciones dotó de enormes fortunas a los allegados al Partido Nacional, el que retornó al poder desde el 2009. Lenir Perez el propietario de la minera Pinares, esposo de Ana Facusse, se ha visto involucrado en una serie de delitos ambientales a lo largo de la costa norte, donde viene extrayendo óxido de hierro en una franja territorial de enorme biodiversidad.
El caso de Guapinol, y la destrucción premeditada del Parque Nacional Carlos Escaleras es una muestra más que el asesinato de Berta Cáceres no fue un hecho aislado, sino una política de estado, promovida por siniestros “nacionalistas”, que han utilizado el Congreso Nacional, el Ministerio del Ambiente (MIAMBIENTE), el aparato judicial y la fuerzas de seguridad para llevar a cabo ecocidios con el objetivo de obtener ganancias a toda costa, incluyendo la eliminación física de opositores al saqueo de la madre tierra.
La destrucción de las áreas protegidas en Honduras es parte del asalto a los bienes comunes que se viene dando en varios sectores del país. En el caso del Parque Nacional Carlos Escaleras, se utilizó al Congreso para modificar los límites de la zona núcleo del parque, acción que se efectuó en base al decreto legislativo 252-2013, además del apoyo irrestricto a la minera Pinares por parte del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez integrante del partido de oposición Libre.
Es evidente la destrucción del Corredor Biológico Mesoamericano en Hondurea, en donde tanto las zonas de amortiguamiento y núcleo están bajo la mira de inversionistas para destruir los recursos naturales que nos corresponden a todas, para lo cual MIAMBIENTE a través del Acuerdo ejecutivo 0008-2015 desahució las licencias ambientales y creo los Permisos Operativos con los que se elude cumplir el requisito básico para iniciar proyectos de grave impacto ambiental.
El asesinato de Berta Cáceres y el torbellino en que se convirtieron las investigaciones del caso, las que fueron manipuladas desde un inicio por las autoridades demostró las falencias del sistema en cuanto a la aplicación de justicia; ademas de sacar a flote las estrategias para encubrir a los autores intelectuales del crimen, y de como esos utilizan el sistema judicial para perseguir a quienes tienen el valor de señalarlos.
Honduras se ha convertido en un país sometido a una dictadura de corbatín, en el cual un grupúsculo de abogados han logrado apoderarse de la estructura de poder y cuentan con los medios de comunicación masivos para desinformar sobre la destrucción de la economía nacional y su entrega al crimen organizado. Basta ya de la persecución a las defensoras del agua de Guapinol y al encubrimiento de los crímenes ambientales perpetrados por la elite de poder en la república mafiosa de Honduras.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
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