En el marco del tercer aniversario del asesinato de Berta Cáceres, la mañana de este lunes la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras, MACCIH, presentó su noveno caso denominado “Fraude Sobre el Gualcarque”.
La investigación acusa a 16 personas de haber beneficiado a la empresa Desarrollos Energéticos, DESA. El requerimiento presentado por fiscales de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), fue por los delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado hondureño.
La vocera de la MACCIH, Ana María Calderón expresó que las investigaciones se centraron en denuncias realizadas en vida, por la lideresa indígena Berta Cáceres.
“El perjuicio está en función de la cantidad que la empresa cobraría a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Enee, sin embargo, debido a que se suspendió la construcción no se ha podido contabilizar la cantidad”, señaló Calderón.
Además expresó que existen otras líneas de investigación en torno al financiamiento de la represa hidroeléctrica. “Este es un primer paso que se está dando para poner en evidencia acuerdos entre la administración pública y la empresa privada, DESA, y eso fue en realidad lo que denunció Berta Cáceres”, puntualizó la vocera interina de la MACCIH.
Entre los acusados se encuentran: Francisco Rafael Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto Cantor López, Luis Eduardo Espinoza Mejía y Ana Lourdes Martínez Cruz. Gabriela Zelaya Gómez, Darío Roberto Cardona Valle, Mauricio Fermín Redondo Flores, José Mario Carbajal Flores, Óscar Javier Velásquez Rivera, Roberto Aníbal Martínez Lozano, Roberto David Castillo Mejía, Julio Ernesto Eguigure Aguilar, Raúl Pineda Pineda, Carolina Lizeth Castillo Argueta y Zaida Odilia Pinel.
Berta Zuniga Cáceres, hija de la luchadora, y actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, mira con buenos ojos el requerimiento fiscal presentado por la Ufecic, sin embargo, asegura que a la familia le inquieta mucho que los dueños de los bancos que financiaron su construcción no sean requeridos por la justicia.
Laura agregó que, ahora que la MACCIH y la Ufecic presentaron la línea de investigación y el requerimiento fiscal, los imputados sean procesados y condenados, y se avance en las investigaciones de los autores intelectuales.
Tres años sin justicia
Pascuala Vásquez, (Pascualita), lideresa espiritual del Consejo de Ancianos y Ancianas Lencas, en el COPINH, mediante una compostura, (tradicional rito ancestral a la madre tierra, al maíz y al agua en la que se agradece a los dioses por lo que se ha obtenido su tierra), fue la encargada de dar apertura a las actividades del tercer aniversario de la siembra de Berta Cáceres.
Pascualita, junto al pueblo Lenca con sus rezos y tradicionales ritos, siguen clamando justicia por el asesinato de su lideresa y compañera de lucha. Justicia que no llega y que parece diluirse en el mar de la impunidad que cubre a Honduras.
A pesar de la detención de 8 personas, ninguna forma parte de las cúpulas políticas y empresariales que han sido señaladas de la autoría intelectual del crimen. A finales de 2018, el Tribunal de Sentencia declaró culpables a siete de los ocho imputados por el asesinato de Berta Cáceres, sin embargo, su familia y las comunidades Lencas, creen que no es suficiente para hacer justicia.
La justicia todavía no toca a los autores intelectuales del crimen. Berta Zúniga Cáceres, expresa que durante los 3 años se la logrado el paso más fácil para el Estado de Honduras con la condena de 7 de los 8 imputados de ser los autores materiales. La sentencia no deja de ser importante y la misma es producto de toda la lucha articulada que se ha tenido a nivel nacional e internacional, sin embargo aún faltan los autores intelectuales del crimen.
Bertita, como la conocen en las comunidades, señala que este año se abrará un proceso judicial contra David Castillo, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos. S.A, DESA, es un primer actor intelectual detenido, pero que sigue siendo un elemento operativo de los máximos responsables que hoy no están siendo enjuiciados.
“Ni siquiera tenemos la sentencia de cuántos años se les van a dar. Necesitamos cerrar ese proceso para que la sentencia quede firme y no sea revertida”, manifiesta.
Además expresa que hay un proceso pendiente para cancelarle la concesión al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca,” hemos interpuesto dos recursos legales, sin embargo el Estado hondureño no quiere tocar ese punto”, puntualiza.
Pacto de Impunidad
La coordinadora del Copinh también expresa que tienen claridad que frente al caso de su madre existe un pacto de impunidad para proteger a los grandes y poderosos empresarios, que serían los autores intelectuales del crimen.
“Hay un pacto de impunidad que está protegiendo a los autores intelectuales, que incluso son financiadores de la campaña de Juan Orlando Hernández y que sabemos que se juegan intereses grandes. Es claro que hay un pacto de impunidad y que esas personas son protegidas”, enfatizó.
Asesinato
Entre la media noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo de 2016, mientras descansaba luego de una intensa jornada de trabajo y planificaciones de un encuentro internacional sobre nuevas energías alternativas, fue asesinada en su casa, ubicada en la residencial el Líbano, La Esperanza, Intibucá, la luchadora y lideresa indígena Berta Isabel Cáceres Flores.
En el silencio de la oscura y fría noche, y bajo la ceguera de Estado hondureño los asesinos mandados por grupos poderosos apagaron una de las voces más grandes de resistencia y rebeldía que ha tenido el país.
La lideresa indígena llevaba varios años denunciando graves amenazas contra su integridad física y moral, la de su familia y los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, sin embargo, el Estado hizo caso omiso. En la práctica no recibía protección del Estado por la complicidad que este tiene con los grupos de poder, mismos que son los impulsores de los proyectos hidroeléctricos que Berta siempre denunció.
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