En el marco de la presentación de su informe anual, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) reiteró su preocupación por el papel de los militares en las funciones de orden público, e incitó al Estado Hondureño a diseñar un plan de seguridad que permita la desmilitarización.
En ese sentido, María Soledad Pazo, representante de la OACNUDH, dijo que la situación de excepcionalidad que debería tener la Policía Militar y del Orden Público (PMOP) se ha normalizado en Honduras. “Esto es algo que nosotros lo venimos diciendo desde que llegamos, no se puede continuar con una Policía Militar que no está entrenada para hacer tareas de Policía Civil porque los riesgos de violaciones a derechos humanos son altos”.
Karla Cueva, ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, asegura que existe una planificación para desmilitarizar la seguridad pública, una promesa hecha desde el año 2015 que sigue sin cumplirse. “Mientras se fortalece la Policía Nacional nosotros creemos que la Policía Militar va a ir saliendo”, manifestó Cueva, quien dijo que no sabía cuánto se tardaría dicho proceso, “eso hay que consultarlo con las más altas autoridades”.
La abogada y defensora de derechos humanos, Reina Rivera Joya, comenta que el informe de la OACNUDH señala que en Honduras hay causas estructurales que generan o facilitan las violaciones a derechos humanos, una de ellas es la excesiva militarización no solo de las calles sino en la vida del sector público.
“Los militares están fungiendo roles en temas de telecomunicaciones, en temas de energía eléctrica, en temas de justicia. Vemos que esa militarización pretende profundizarse con la petición del gobernante de turno en la que solicita más presupuesto para policías y las Fuerzas Armadas”, puntualizó Rivera, al recordar que en los últimos 12 años el sector defensa ha tenido un incremento del 400% en su presupuesto.
En un reciente informe, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) reveló que, durante el 2018, el régimen nacionalista, encabezado por Juan Orlando Hernández, gastó más de 10 millones 500 mil dólares en la importación de bombas lacrimógenas, armas y artefactos de grueso calibre.
Patrón de criminalización
En su informe, la OACNUDH indicó el caso de los defensores y defensoras del Río Guapinol como parte de un patrón de criminalización contra ambientalistas, indígenas y campesinos.
El pasado 04 de marzo, el juez de jurisdicción nacional, Víctor Méndez, decretó sobreseimiento definitivo para los 12 ambientalistas que defienden los ríos San Pedro y Guapinol del proyecto minero Inversiones Los Pinares. El Ministerio Público trató de deslegitimar la defensa del derecho al agua, a través de los delitos de robo, privación injusta de la libertad, incendio agravado y asociación ilícita en perjuicio de Inversiones Los Pinares y la seguridad interior del Estado hondureño.
“Tenemos esperanza, nos parece positivo que el juez tomará la tesis de la defensa, según la cual estas personas estaban ejerciendo una defensoría de derechos humanos que no se puede criminalizar”, comentó María Soledad Pazo, representante de la Oficina del Alto Comisionado.
Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), considera que la criminalización contra los defensores del ambiente no debe pasar someramente porque el caso de Guapinol no es un problema local, por lo tanto “desde el informe del Alto Comisionado hay que poner las alertas a nivel nacional e internacional”, puesto que el extractivismo el mayor enemigo en Honduras.
Hacinamiento en centros penales
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) señala que a pesar de la apertura de nuevas cárceles, “el hacinamiento siguió aumentando, y llegó a rebasar la capacidad en un 100 % en el centro de Tamara y en más del 30 % en el recién inaugurado centro de Ilama”.
Según el informe, a septiembre de 2018 el número de adultos encarcelados había alcanzado los 20.583 (incluidas 1.240 mujeres), frente a los 19.000 registrados en diciembre de 2017 (incluidas 1.050 mujeres).
OACNUDH revela que la falta de una asistencia médica oportuna y las condiciones de detención y el acceso limitado al aire libre provocan un deterioro de las condiciones físicas y facilitan la propagación de tuberculosis en los centros penales y cárceles de máxima, lugares en los que han registrado 144 casos de privados de libertad que adquirieron el virus.
Orle Solís, presidente del Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), declaró que la conformación de los consejos técnicos interdisciplinarios en cada centro penal no es suficiente, puesto que “los médicos de cada centro penitenciario manifiesta que no tienen acceso a medicina, por lo tanto sigue el problema de la asistencia en salud y esto también se origina de la sobrepoblación”.
Femicidios y participación de las mujeres
El OACNUDH resaltó que, hasta noviembre de 2018, al menos 320 mujeres “habían muerto violentamente. La dimensión de género de tales asesinatos parece todavía subestimada, ya que, hasta agosto, solo se habían presentado cargos por feminicidio en 13 casos”.
María Soledad Pazo manifestó que como Oficina del Alto Comisionado están preocupados porque “haya menos mujeres en el Congreso Nacional a pesar de las leyes de paridad, se ha reducido la participación en comisiones que son muy importantes como la de presupuesto, energía, vivienda y transporte no hay mujeres”.
“La permanente discriminación que sufren las personas LGBTI, en violación al principio de igualdad y no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género”, es otra de las preocupaciones que resalta el informe, al indicar que en 2018 al menos 22 personas LGBTI fueron asesinadas.
En sus recomendaciones, la OACNUDH instó al Estado hondureño a tomar medidas concretas para eliminar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y garantizar investigaciones y enjuiciamientos prontos, eficaces y con enfoque de género de los delitos cometidos contra mujeres y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, con la inclusión de recursos efectivos.
Finalmente recomendó “asignar los recursos necesarios para la investigación de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el contexto de las elecciones de 2017”, priorizando las muertes y las lesiones; llevar ante la justicia y garantizar la rendición de cuentas del sector seguridad y la aplicación de la ley, y apoyar el acceso a la justicia de las víctimas.
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