Lourdes Gómez y los once defensores del ambiente de Tocoa, Colón, están siendo objeto de un juicio político más que penal, en un juzgado con jurisdicción nacional territorial, especializado en crimen organizado. Los ambientalistas son víctimas de tráfico de influencias en beneficio del empresario minero Lenir Pérez y de su esposa Ana Facussé. Dejando en evidencia una clara violación a los derechos fundamentales de los acusados, según denuncia el equipo técnico de la defensa.
El juez de jurisdicción nacional, Víctor Méndez, está empecinado en mantener este caso bajo su conocimiento, a pesar que la ley no le da autoridad para hacerlo. Las acusaciones contra los ambientalistas debería conocerlas el juzgado de Tocoa en el departamento de Colón.
“No es una cuestión personal, él sólo está cumpliendo órdenes”, afirma el abogado defensor Omar Menjivar, asegurando que al juez no le importa quedar en ridículo al evidenciar su falta de competencia para llevar el caso, y su arbitrariedad en las decisiones que hasta el momento ha tomado bajo ningún argumento legal.
¿De dónde podrían venir esas órdenes?
La gente que se opone a los proyectos extractivos dice que en Honduras “Se vale dudar de todo”, especialmente de un sistema de justicia cuestionado por favorecer a quienes tienen el poder político y económico. Y parafraseando al poeta hondureño Roberto Sosa; en la casa de la justicia de mi país todo se consuma bajo esa sensación de ternura que produce el dinero.
En audiencia de declaración de imputados realizada en los juzgados de la Granja en la capital el 23 de febrero, el juez Méndez reconoció públicamente estar en comunicación con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, para seguir instrucciones. A pesar que la Constitución de la República establece que los jueces deben tener independencia.
Toda persona acusada por un supuesto delito debe ser juzgada por un juez independiente, imparcial e idóneo, que conozca de la materia que va a juzgar, que sepa el derecho que va aplicar apegado al debido proceso. “Evidentemente este juez no reúne ninguna de esas condiciones”, apunta el abogado Menjivar. Durante la audiencia, la defensa ha rebatido los argumentos del juez y no de la fiscalía, cuando la confrontación debería ser con el Ministerio Público por naturaleza.
“Es claro que están cumpliendo instrucciones de la empresa” dice el abogado. La empresa Minera Inversiones Los Pinares de la familia Pérez Facussé está siendo señalada de manipular la justicia a través del presidente de la Corte Suprema de Justicia. “Cada vez que algo le molesta, el juez suspende la audiencia y se va hacer llamadas telefónicas”, indicó el abogado defensor afirmando que les da el derecho de dudar, salvo que el juez les demuestre lo contrario.
La audiencia está siendo vigilada por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, quienes también han manifestado su preocupación por la forma en que se desarrolla la audiencia. En su cuenta de twitter el Relator Especial de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michael Forst, dijo que está siguiendo el caso de Guapinol y que le preocupa que no se respete el debido proceso.
La coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, Miriam Miranda, denuncia que esto se trata de un juicio político, donde las autoridades pretenden sentar un precedente que les permita criminalizar toda lucha o protesta social en defensa de la tierra y la vida. La lideresa garífuna hizo un llamado a las comunidades a estar en “Estado de Alerta”, y a emprender acciones articuladas en solidaridad con los ambientalistas de Guapinol.
Las familias del caso Guapinol
A pesar del dolor y la indignación, las familias de los ambientalistas han permanecido a las afueras de los Tribunales en Materia de Extorsión en Tegucigalpa, exigiendo justicia para Lourdes y los once defensores. A ellos, se han sumado las comunidades garífunas de Colón y Atlántida. Así como las organizaciones comunitarias y sociales de El Progreso, Yoro.
Cada familiar guarda en su corazón la ilusión de regresar a casa con su ser amado. Hay mujeres que a pesar de la distancia viajaron desde Colón a la capital con sus hijos menores. Hay hijos que tuvieron que renunciar a sus trabajos para acompañar a sus padres de forma ininterrumpida. Hay hermanas que sobre sus hombros cargan una doble cruz; decidieron acompañar a sus hermanos criminalizados dejando en Colón a sus madres enfermas, a raíz de estas acusaciones.
Rosibel Domínguez no pudo evitar quebrarse en llanto junto a su hermana al escuchar la denuncia que hizo el equipo legal de la defensa. Ella tiene dos hermanos acusados: Magdaleno y Reynaldo Domínguez. Ella reconoce que no sabe cómo explicarle a su madre cómo va el caso cada vez que le llama por teléfono.
Sara Vásquez es otra mujer plantada frente a los tribunales. A ella le acompaña su hija mayor, hermanos y cuñadas. Ella es la esposa del corresponsal de Radio Progreso, Leonel George, uno de los acusados. En una entrevista confesó que ha vivido días muy difíciles pues es madre de cuatro menores de edad. También confesó estar más enamorada de su esposo, a quien define como un hombre honesto, luchador y maravilloso, que vive para hacer feliz a su familia y para servir a su comunidad.
También compartió su testimonio Kevin Esquivel, hijo de José Eugenio, a quien la madrugada del viernes, en medio de la audiencia, fue trasladado a un hospital de emergencia por hipertensión arterial. Esa madrugada los acusados durmieron en el tribunal, en el suelo.
Kevin cuenta que desde que llegó la minera la vida les cambió radicalmente. Su padre es delegado de la palabra de Dios y siempre ha asumido cargos en las organizaciones comunitarias. Antes de someterse a la justicia, la familia Esquivel sufrió un atentando por parte de supuestos simpatizante de la empresa. Su hermano menor salió lastimado, y tanto él y como su padre fueron encañonados bajo amenazas.
El joven de 23 años denuncia que el responsable de este conflicto es el gobierno de Juan Orlando Hernández que ha concesionado las comunidades por encima de la vida sus pobladores. Kevin, tuvo que dejar su trabajo para acompañar a su padre. Hoy asegura que él asume la lucha que comenzó el hombre que más admira y ama.
La concesión de los territorios ha multiplicado los conflictos en territoriales condenando a las familias a vivir en el dolor y el miedo ante los procesos de criminalización. También, las concesiones han revivido la solidaridad y lucha de las comunidades organizadas y en movimiento que hoy, exigen justicia para los ambientalistas de Guapinol.
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