El éxodo creciente de la población hondureña hacia Estados Unidos, responde al desplazamiento forzado de personas por parte de empresas mineras e hidroeléctricas, el empobrecimiento del pueblo, así como a los altos niveles de inseguridad ciudadana, y las sistematizas violaciones a los derechos humanos, por parte del régimen que encabeza Juan Orlando Hernández.
A esta conclusión llegó la delegación de 75 personas, representantes de varias organizaciones de Derechos Humanos y religiosas de Estados Unidos, después de visitar comunidades en diferentes regiones del país.
“Honduras es un país lindo y da pena que su gente tenga que salir de su propio país y dejar su familia” dijo la reverendo Deborah Lee del Movimiento Interreligioso por la Integridad Humana, quien lideró la delegación estadounidense.
Manifestó que es necesario implementar de manera efectiva políticas encaminadas a combatir las causas de la migración, porque las estrategias que se han implementado hasta ahora, no ha funcionado, razón por lo que la migración y las caravanas siguen y seguirán ocurriendo.
La delegación llegó al país, el 17 de marzo, en una muestra de la preocupación que muchos sectores internacionales tienen sobre lo que ocurre en Honduras. Durante la semana visitaron varias regiones del país y compartieron con las comunidades que viven en medio de la violencia generalizada, la violencia que provoca el modelo extractivo y la pobreza en que se vive en Honduras.
Estuvieron en Radio Progreso/ERIC, en la ciudad de El Progreso, Yoro, y comunidades de departamento de Santa Bárbara, Colón, Cortés y Yoro, además de participar en reuniones con autoridades de gobierno y la representación diplomática de los Estados Unidos en Honduras.
Intercederán por Honduras
La delegación regresó a Estados Unidos pero antes manifestaron el compromiso de trasladar al Congreso y otros funcionarios del país norteamericano, los datos escalofriantes encontrados en Honduras durante la visita.
Pidieron que se desmilitarice el Bajo Aguán, zona donde han sido asesinados más de cien campesinos en los últimos 10 años, en un conflicto agrario sin señales de solución. Así mismo fueron testigos del peligro que corren los defensores del medio ambiente de Tocoa, Colón, específicamente en el sector del Guapinol, debido a su lucha en defensa del río Guapinol, amenazado por la instalación de una minera.
Manifestaron que les preocupa la forma como se está criminalizando y amenazando a los líderes, y denunciaron que la militarización se vuelve un protector de los intereses económicos y contra la población que lucha por un ambiente puro y sano.
No más ayuda militar para Honduras
La delegación de “Embajadores por la Paz y la Justicia” pedirá al Congreso de Estados Unidos que se suspenda la ayuda militar que su país destina a los cuerpos de seguridad de Honduras, porque consideran que este cuerpo armado es uno de los principales violadores a los Derechos Humanos.
“Estamos pidiendo a nuestro país parar la ayuda militar que viene desde los Estados Unidos para Honduras porque es utilizada por el Gobierno de Honduras para reprimir defensores de la tierra y de derechos humanos”, manifestó la religiosa Kathleen Erickson de las Hermanas de la Misericordia.
Por su parte Teresa Camarensi, delegada de Migration Roo Causes, en nombre de la delegación pidió la liberación de los “presos políticos” detenidos después de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017. “Nuestro Gobierno, no puede seguir respaldando a un gobierno violador de derechos humanos”, manifestó.
La delegación también ser reunió con la encargada de negocios de los Estados Unidos en Honduras, Heide Fulton, con quien dialogaron sobre las amenazas a muerte y criminalización que sufren los defensores del agua y el bosque en el país.
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