La sentencia contra del periodista David Romero Ellner, en la que se le condenada a 10 años de prisión por seis delitos de difamación, abre el debate y los análisis jurídicos en torno a la despenalización de las infracciones contra el honor, es decir la calumnia e injurias.
En marzo de 2016, un tribunal de sentencia encontró responsable de seis delitos de difamación constitutivas de injurias a Romero Ellner, en perjuicio del honor de Sonia Gálvez Ferrari, esposa del entonces Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuellar, imponiéndole la pena de un año con ocho meses de reclusión, por cada uno de los delitos, sumando un total de diez años de privación de la libertada en la Penitenciaría Nacional.
Dicha sentencia fue ratificada luego de finalizado el proceso de casación el pasado 11 de enero. Ante la determinación de la justicia, el periodista David Romero Ellner tomó la decisión de someterse a la “clandestinidad” por considerar que su vida está en amenaza de muerte si llega a un centro penal, y responsabilizó al mandatario Juan Orlando Hernández.
Para la ex ministra de derechos humanos, abogada Ana Pineda, los delitos contra el honor deben subsanar en el ámbito civil, es decir que la persona presenta el daño y en la estimación en que le fue afectada, le corresponderá al juez determinar si hubo una afectación a título de perjuicios y consecuentemente el juez resuelve en función de ello, sin pasar por un proceso penal.
Pineda señala que los procesos penales para los delitos contra el honor mandan un mensaje inhibitorio para la prensa en general e impide la transparencia y el escrutinio público.
Ana Pineda recuerda que, en su mandato como secretaria de derechos humanos, en el año 2013 se presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para despenalizar dichos delitos y que pudieran diferirse en el ámbito de lo civil.
“Desde entonces este proyecto se encuentra en el Congreso y no fue objeto de discusión en ningún momento, a pesar que vinieron los relatores de la Naciones Unidas, como el relator de la Comisión Interamericana y tuvieron encuentros, inclusive, con diputados y diputados del Congreso Nacional haciéndole ver la necesidad de transformar la legislación y avanzar hacia los estándares internacional”, dijo Pineda.
Callar a periodistas
Tras su ocultamiento, Romero Ellner comenzó a acusar a Hernández y su esposa Ana García de blanqueo de capitales y sobrevaloración de fondos públicos, y de otros actos de corrupción, de los cuales asegura tener pruebas en proceso de investigación.
Según datos del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), desde el año 2013 se registran 41 procesos penales por los delitos contra el honor, de los cuales 13 casos involucran a periodistas y comunicadores sociales, cuatro a defensoras de la tierra y el territorio, y dos a defensores de derechos humanos.
La abogada penalista e integrante de C-LIBRE, Kenia Oliva, señala que el sistema penal hondureño ha servido para coartar la libertad de expresión, porque atemoriza a los periodistas, a los comunicadores y a cualquier persona que quiera emitir una información.
Oliva comenta que tanto en el caso del periodista David Romero y la comisionada de policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, el mensaje del gobierno es claro: “no se quiere que se hable del mandatario, pero tampoco de lo que hacen sus poderes facticos, entonces el mensaje es que no debemos de cuestionar ni las investigaciones del Ministerio Público ni a los allegados al presidente de la república”.
A criterio del analista político Fernando García, no puede haber democracia política sin libertad de pensamiento, sin libertad de expresión y libertad de reunión y de asociación, por consiguiente los delitos de injuria y calumnia deben ser manejados en el ámbito civil y administrativo.
“No podemos seguir penalizando a quienes luchan por la verdad, a quienes luchamos por la justicia, por la equidad, y también eso debe llevar a evitar que sigan incrementando reformas legislativas en el Código Penal”, dice García, quien manifiesta las acciones penales del actual gobierno consolidan el tránsito de la democracia hacia una dictadura en la que indiscutiblemente se va a recriminar, a perseguir, a vigilar a investigar, judicializar y encarcelar a todo aquel que se oponga a los criterios del régimen.
Ante los escenarios de criminalización contra los sectores de oposición, el analista Fernando García comenta que la población hondureña debe articularse a través de las organizaciones sociales y las políticas, porque ambas son expresiones ciudadanas y buscan una transformación profunda del país que incluía la justicia, la verdad y el derecho a la autodeterminación de los pueblos que pasa por la libertad de expresión y pensamiento.
Las analistas concluyen que el derecho penal no debe ser un instrumento de la clase política para premiar o castigar a alguien, por lo que haga o por lo que diga o por lo que deje de decir.
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