Por Javier Suazo
Foto: Radio América
Los llamados neoliberales “bastardos” defienden la independencia del Banco Central, en tanto consideran que en los países latinoamericanos ha sido presa de gobiernos populistas y corruptos, que autorizan la emisión de dinero sin respaldo que ha generado y sigue generando aumento rápido de los precios e hiperinflación. En el caso del FMI esta independencia debe ser real, reflejada en la toma de decisiones por las autoridades ejecutivas del banco, sin interferencia del gobierno central. Pero más que eso, deben estar respaldadas por criterios técnicos y no políticos, por lo que funcionarios que se nombres deben tener las más altas calificaciones, de preferencia con títulos de Doctor en Economía otorgado por universidades norteamericanas.
Hace tiempo atrás preguntábamos al destacado economista hondureño, Edmundo Valladares, cuál era la principal fortaleza del Banco Central de Honduras (BCH). Su respuesta de inmediato: el conocimiento y profesionalismo de su personal, sobre todo del personal directivo. Para “Mundo” Valladares, como cariñosamente le llamábamos quienes lo conocimos, el profesionalismo había sido puesto a prueba en más de 17 años de gobiernos militares, e incluso, en gobiernos de corte neoliberal como el de Rafael Leonardo Callejas, aunque decretara la devaluación del lempira en un 100% (de a 2 Lps/dólar a 4 lempiras /dólar).
Y es que una institución tan seria como el Banco Central, responsable de la conducción de la política monetaria, crediticia y cambiaria del país, no debería manejarse con altos niveles de improvisación y politización, especialmente cuando se ostenta el cargo de presidente, director o Gerente. En el gobierno de Callejas se acusó a Ricardo Maduro, presidente del BCH, de beneficiarse con la devaluación, pero en realidad la decisión había sido tomada mucho antes por los “Chicago Boys” que asesoraron a Callejas en el cambio del modelo económico. Curiosamente, la política de flotación del tipo de cambio no se sostuvo, ya que el BCH tuvo que retroceder y reconocer un gradualismo en los ajustes de la tasa cambiaria.
En los gobiernos de Carlos Roberto Reina (1994-1997), Carlos Flores Facusse (1998-2001) y del propio Ricardo Maduro (2002-2005), este profesionalismo quedó demostrado ya que los presidentes electos y la mayoría de los directores, eran o habían sido funcionarios del propio BCH o ligados al mundo de las finanzas con una amplia experiencia. En el caso de Manuel Zelaya (2006-2009), se dio un enfrentamiento entre el Ejecutivo y la presidenta del BCH, que fue despedida pero que tuvo que pagársele una compensación al no respetarse la ley constitutiva de la institución. Es poco probable que esta mala decisión la vuelta a tomar Manuel Zelaya, en caso de ser ungido de nuevo como presidente la República ya que la reelección presidencial sigue abierta.
El presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2013) siguió con la tradición de nombrar profesionales de la rama de la economía y/o finanzas en la presidencia del BCH y a profesionales con alta experiencia como directores. El problema vino con el ascenso al poder de Juan Orlando Hernández (JOH), que nombró a un ingeniero mecánico-industrial en la presidencia del BCH, que hoy según el FMI es uno de los profesionales más capaces ya que ayudó al reducir el déficit fiscal, controlar los agregados monetarios y bajar la inflación, al grado que JOH lo ha llamado de nuevo para salvar la ENEE de la crisis financiera que enfrenta y liderar su partición en empresas con capital mayoritariamente privado. La contraparte de estos logros, es que se ató la economía a un tabú monetario: metas de inflación, restringió el crédito y financiamiento para los sectores productivos, aumentó el endeudamiento externo y flexibilizó aún más la política cambiaria con impacto directo en la factura petrolera y demanda de importaciones. De allí que al FMI le resultó y resulte más beneficioso que el presidente del BCH no fuera ni sea un Doctor en Economía graduado en la Universidad de Chicago.
Desconocemos si el presidente actual del BCH tiene formación básica en economía (licenciatura en economía), o en finanzas públicas. No obstante, llama la atención el nombramiento de la hija del presidente del Congreso de la República, Rina Mariana Oliva Brizzio, como miembro del directorio del BCH. Este nombramiento ha sido cuestionado por el Colegio de Economistas (filial de SPS) y banqueros de larga trayectoria como Don Jorge Bueso Arias (foto). La Ley establece como requisito, sólidos conocimientos académicos en la rama, y destacada experiencia en el área de las finanzas y banca. Es una práctica que no se debe permitir, ya que cualesquiera que sean las competencias públicas, estas podrán ser ejercidas por cualquier persona o miembro del partido de gobierno en el poder, lo que puede estar sucediendo también en el nombramiento de los Comisionados de las Alianzas Público-Privadas donde el Congreso de la República privilegia los aspectos políticos más que los técnicos.
Honduras debe nombrar a las personas más capacitadas en los puestos de dirección del banco central, aunque no sean a fines a la corriente política que llegó al poder o militantes de bajo perfil de partidos de oposición, caso contrario el desprestigio de los poco bueno que ha costado construir se perderá. Una pérdida de este prestigio es que el FMI envía a funcionarios de cuarta y quinta categoría a revisar las cifras del gobierno y negociar convenios de préstamos, en tanto consideran que los funcionarios no entienden ni “J” de lo que se está tratando. Otra pérdida es que rápidamente son capturados por grupos corporativos con intereses económicos y financieros, incidiendo directamente en las decisiones que toman los funcionarios. Un ejemplo es la presión de los exportadores por liberalizar totalmente la tasa de cambio, sin importar los efectos negativos en el ingreso monetario de las personas y demanda de bienes necesarios para la economía y población.
Pareciera que en el gobierno de JOH, el principal requisito para ser funcionario público es ser miembro militante del partido de gobierno, pero, sobre todo, estar a favor de las decisiones que tome el presidente en lo político e institucional. Ello se manifiesta en que muchos de los funcionarios nombrados no cumplen con los requisitos académicos y experiencia, y otros son tan indispensables que tienen varios sombreros por ser amigos del gobernante. Hay que cambiar esta práctica, más allá de los beneficios que se obtienen no denunciándola o protegiendo a los infractores de la ley.
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