El pasado dos de marzo se cumplieron tres años del asesinato de Berta Cáceres, ejecutado por militares y empleados de la empresa (DESA) ,propiedad del clan Atala-Faraj, sin que hasta la fecha se haya condenado autor intelectual alguno.
El caso del asesinato de Berta, desde un inicio fue entorpecido y tergiversado por las fuerzas de seguridad y operadores de justicia, los que se confabularon para tratar de entorpecer las investigaciones y de esta forma ocultar los indicios que pudieran involucrar a los autores intelectuales.
Con la reciente presentación del caso “Fraude sobre el Gualcarque”, que realizó la Maccih, quedó demostrada la ausencia perpetua que se viene dando en Honduras sobre la debida diligencia, y la forma como los operadores de justicia de forma deliberada se especializan en impedir la aplicación de la ley.
Berta Cáceres fue condenada a muerte por un sistema feudal y patriarcal que viene controlando a Honduras históricamente prestándose a la explotación y destrucción de la madre tierra y tratando a los humanos como si fueran una simple mercancía.
La persecución desencadenada en Honduras contra de los defensores de la madre tierra, forma parte de una política de estado, llegando al extremo que algunas funcionarios han llegado a manifestar públicamente que “Podrían existir fuerzas ideológicas extranjeras interesadas en boicotear la inversión nacional”, pretexto con el avalaron la creación de fuerzas de seguridad especialidad para proteger a las “inversiones”; ademas desencadenar una furiosa persecución judicial en contra de aquellos que defienden la madre tierra.
El libro publicado por el bufete Amstermand & Partnes, intitulado “guerra contra el desarrollo”, en el que presentan una visión sesgada con el propósito de lavarle la imagen a DESA y el clan Atala, es un indicador la capacidad de manipulación y difamación que tiene la elite de poder en Honduras. Tratar de presentar a los defensores tierra como enemigos del desarrollo e ignorantes, demuestra la prepotencia de la elite empresarial y de los sicarios judiciales como Amsterdam & Partners que aparecen en escena como aves de rapiña.
La implosión que se vive en Honduras, acompañada de un nuevo repunte de la violencia y un éxodo masivo, es una señal ominosa del colapso económico y ambiental. El descrédito para Honduras causado por el caso del asesinato de Berta Cáceres es singular, sobre todo cuando los hechos ratifican la existencia de una parcialización en la aplicación de justicia en relación al encubrimiento de los verdaderos culpables, quienes son los mismos que instigaron el golpe de estado y vienen destruyendo las instituciones y saqueando a Honduras.
Mientras no haya justicia en el premeditado asesinato, todo nos lleva a concluir que el asesinato de Berta es un crimen de estado.
Organización Fraternal Negra Hondureña
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