Por David Brooks
Opositores venezolanos repartieron en complejos y cuarteles militares fotocopias de la ley aprobada en la Asamblea Nacional que da todas las garantías constitucionales a soldados y civiles que colaboren en la restitución de la democracia. Foto Afp.
No deja de asombrar la arrogancia imperial de un país donde se puede debatir abierta y públicamente si se debe o no intervenir en otro país. Casi nadie cuestiona si es legítimo o no ese debate; o sea, si Estados Unidos tiene el derecho y la autoridad moral –después de su larga historia de intervenciones y guerras ilegales, todas realizadas engañando a este pueblo– de definir el futuro de otro país.
Para los políticos, sobre todo en momentos de crisis como el que está azotando al régimen de Trump, estas aventuras intervencionistas pueden ser muy útiles. La decisión tiene casi nada que ver con el pueblo estadunidense, sino con la suposición de la cúpula de este país de que tiene el derecho, y hasta el deber, de cambiar cualquier régimen que no coopera con o sirve a sus intereses.
La gran mayoría de la población estadunidense no está enterada de lo que ocurre en Venezuela, al igual que en otros países declarados como enemigos.
Recientemente William Arkin, experto en asuntos militares y de seguridad nacional, renunció a NBC News porque, entre otras cosas, no aguantaba más la manera en que los medios masivos reportan sobre las guerras de Estados Unidos. Al ser entrevistado por otro noticiero, señaló que la inmensa mayoría de estadunidenses no podrían nombrar los nueve países que actualmente son bombardeados por Washington. El propio locutor tuvo que confesar que él tampoco. ¿Habrá otro país en el mundo que está en guerra contra otros países, o que está interviniendo, pero cuya población no pueda ni nombrar al enemigo ni ubicarlo en un mapa?
Pero igual que en todas las guerras, invasiones e intervenciones lanzadas en los pasados 170 años, incluso contra México, la propaganda oficial envuelta en bonitos listones de retórica sobre la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos, tristemente aún parece funcionar, sobre todo cuando no es cuestionada por los medios y con las redes sociales comprobando qué tan efectivas son para promover incluso la propaganda del régimen más mentiroso que ha habido en la historia moderna.
Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela hubo un consenso bipartidista en Estados Unidos en favor de un cambio de régimen; nada más había diferencias en cómo lograrlo (igual que en el caso de Cuba). Eso quedó de nuevo comprobado en el transcurso de esta semana, cuando la demócrata de mayor rango en Washington, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tuiteó el jueves que Estados Unidos respalda al pueblo de Venezuela, a quienes se levantan contra el gobierno autoritario y exigen respeto por los derechos humanos y la democracia, posición respaldada por varios en el Congreso.
Hubo disidentes de este consenso en Washington. El senador Bernie Sanders, por un lado, deploró la represión del gobierno de Maduro, pero a la vez advirtió: “tenemos que aprender las lecciones del pasado y no estar en el negocio de cambio de regímenes o apoyando golpes como lo hemos hecho en Chile, Guatemala, Brasil y República Dominicana…”. La nueva representante Ilhan Omar declaró que “un golpe en Venezuela respaldado por Estados Unidos no es la solución… Tenemos que apoyar a México, Uruguay y el Vaticano para facilitar un diálogo pacífico”. Ro Khanna, otro diputado, expresó su diferencia con Dick Durbin y otros líderes de su partido al afirmar que Estados Unidos no debería nombrar al líder de Venezuela, y se sumó a la posición de Omar. La diputada y precandidata presidencial demócrata, Tulsi Gabbard, dijo que Washington debe quedarse fuera de Venezuela y dejar que ese pueblo determine su futuro. Nosotros no queremos que otros países escojan a nuestros líderes; entonces tenemos que dejar de intentar escoger los de ellos.
Y también hubo expresiones en contra de la intervención estadunidense por intelectuales y activistas de este país.
Pero al escuchar este debate sobre si intervenir o no en Venezuela entre ciudadanos, políticos y activistas aquí, es difícil no pensar: ¿Quién les está preguntando? ¿Quién los nombró no sólo jueces de lo que ocurre en otro país, sino quién les dio el derecho de decidir o no el futuro de otro pueblo?
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