Un nuevo caso fue presentado esta semana por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), en el que se denunciaron irregularidades cometidas en el otorgamiento de un contrato a la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), sobre el río Gualcarque en el departamento de Intibucá.
La MACCIH y el Ministerio Público presentaron un requerimiento fiscal por los delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos contra 16 personas involucradas en el caso denominado: “fraude sobre el Gualcarque”.
El caso parte de las denuncias que Berta Cáceres hizo en el pasado ante el Ministerio Público en relación a los delitos que se incurrieron contra la administración pública en la adjudicación ilegal del contrato energético entre el Estado a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Secretaría de Ambiente y DESA, propiedad de la familia Atala. En la investigación se adjuntan pruebas de tales irregularidades, dando la razón a la denuncia que en su momento Cáceres había presentado.
Las personas con requerimiento fiscal en este caso son: 1. Francisco Rafael Rivas, 2. Julio Perdomo, 3. Catarino Alberto Cantor, 4. Luis Eduardo Espinoza, 5. Ana Martínez, 6. Gabriela Zelaya, 7. Dario Roberto Cardona Valle, 8. Mauricio Fermín Reconco, 9. José Mario Carbajal, 10. Oscar Velásquez, 11. Roberto Martínez Lozano (exgerente de la ENEE), 12. Roberto David Castillo (representante de Desa y exfuncionario público), 13. Raúl Pineda Pineda, 14. Julio Eguigure Aguilar, 15. Carolina Castillo y 16. Saida Pinel.
A pesar de la argumentación presentada por la MACCIH en el caso, en el requerimiento brilla por su ausencia el extitular de SERNA y exfiscal Adjunto, Rigoberto Cuellar y los representantes y dueños de la empresa DESA, la Familia Atala.
Berta Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres reaccionó al caso presentado por la MACCIH, afirmó que ven con buenos ojos las acusaciones, porque eso demuestra que han tenido la razón en las ilegalidades que han denunciado.
Asimismo, Zúnica Cáceres manifestó que es necesario que en estos requerimientos también se mencionen a personajes de alto perfil, como por ejemplo el exministro de la Secretaría de Recursos Naturales, Rigoberto Cuellas y los dueños y financiadores de DESA, la familia Atala.
Estos cuestionamientos fueron planteados a la MACCIH. La vocera interina Ana María Calderón respondió lo siguiente: “requerimientos a la fuerza, no hay, acá existen varias líneas de investigación en las que no podemos revelar de que se tratan por el bien de la investigación, además, cuando se trata o se puede tratar de involucrados de alto nivel, la prueba debe ser algo contundente”.
Calderón dejó claro que, en el caso de Cuellar, no hay pruebas suficientes que lo vinculen a este caso, a pesar que otros funcionarios de Serna en el período donde él fue titular sí lo estén, mismo escenario se da con la familia Atala como principales accionistas de DESA.
A Calderón le preguntaron si existe algún pacto con el gobierno de no requerir a ningún personaje de alta categoría, la funcionaria dejó claro que no existe ningún pacto, que ellos hacen investigaciones profesionales y científicas, además recalcó que no son ningún ente diplomático, sino todo lo contrario.
Quienes pegaron el grito al cielo con este caso, fueron los empresarios, ellos hicieron un llamado a la MACCIH para que no atente contra el debido proceso, para que respeten la presunción de inocencia y para que no hagan público los requerimientos que se presentan.
Los productores de energía renovable y la asociación del mismo nombre que lidera Elsia Paz, pidieron a la MACCIH que respete los derechos de los empresarios y afirmaron que temen que con estos casos se ahuyente a la inversión empresarial tanto nacional como internacional.
¿Por qué no hay peces gordos en los requerimientos?
Pasa el tiempo y hay sectores que a pesar de la ausencia de altos personajes con poder político en estos requerimientos, apoyan a la gestión de la MACCIH, pero otros simplemente lo condenan y creen que esto puede ser parte de una línea superior orquestada desde la dirección general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno de Estados Unidos y Juan Orlando Hernández.
Uno de ellos es el abogado Wilfredo Méndez, quien asegura que estas ausencias, la falta de beligerancia de la MACCIH contra los que orquestan estas redes de corrupción, evidencian que hay un pacto que no pueden quebrantar, pacto que responde a negociaciones hechas al más alto nivel entre estos tres actores.
Méndez dice que los casos de corrupción que se han presentado son importantes, pero hay que ir más allá y eso implica que se involucre a toda la red de corrupción responsable del saqueo de una institución o en el desvío de fondos públicos.
En casos anteriores presentados por la MACCIH, profesionales del derecho consideran que hay toda la prueba documental para extender los requerimientos, por ejemplo el caso del saqueo en el Seguro Social y los contratos sobrevalorados en Salud, en el que no se involucró al presidente de la comisión de Salud del Congreso, Mauricio Oliva.
Por otra parte en el caso Arca Abierta, a pesar que hubo desvío de fondos de Casa Presidencial, no aparecen en los requerimientos el titular del Ejecutivo Juan Orlando Hernández.
Investigaciones pendientes
Juan Jimenez Mayor, exvocero de la MACCIH abrió una investigación relacionada al caso red de diputados, en el que supuestamente se involucraba al presidente del Congreso Mauricio Oliva.
Luego de un tiempo prudencial desde su renuncia, el caso vuelve a sonar, y lo hace producto de una investigación en curso contra Mauricio Oliva que puede tener relación con esta y con otros elementos vinculados a corrupción.
Por ahora los nuevos voceros de la MACCIH han callado al ser consultados sobre el caso de Mauricio Oliva, prefieren guardar silencio. Este caso contra Oliva salió nuevamente a la luz pública porque los apoderados legales del funcionario pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se suspenda las investigaciones en su contra, hasta que se le informe por completo a Oliva las razones de la investigación.
Por ahora se conocen muy pocos detalles de la investigación en curso, también se desconoce si está relacionado al caso red de diputados o si hay otros elementos incluidos en la misma. El silencio de las autoridades de la MACCIH alimentan esa nebulosa.
En ese sentido, la CSJ respondió a favor la petición del cuerpo de abogados de Oliva, por lo que las investigaciones se paralizan hasta que le informen los detalles del expediente al presidente del Legislativo.
Para el expresidente del Colegio de Abogados, José María Díaz, el derecho le concede la posibilidad a una persona a conocer detalles de una investigación en su contra, pero también admite que con tal determinación la investigación se verá afectada.
Por su parte el empresario Adolfo Facussé cree que esta decisión de la Corte muestra que no existe en Honduras la separación de poderes, por lo tanto afirma que buscan proteger a Oliva mediante este procedimiento.
Para Facussé, hay un elemento importante y que es un punto a favor de la MACCIH, pues en la historia del país no ha existido una investigación contra el titular de algún poder del Estado.
Para Méndez es necesario hacer una valoración de este trabajo que está haciendo la MACCIH, hacer un balance, y de acuerdo a esos elementos que sea la población la que emita un juicio sobre su labor en el país.
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