Ambientalistas, comunidades y organizaciones de derechos humanos están obligadas a demandar una investigación judicial penal contra fiscales del Ministerio Público, quienes basándose en el derecho penal, acusan de usurpación y hasta del delito de asociación ilícita a la ciudadanía que está defendiendo su territorio, ante la instalación de proyectos extractivistas. Un claro ejemplo es la criminalización que sufrieron los ambientalistas de Guapinol en Tocoa, Colón, quienes fueron llevados a un juzgado especializado en crimen organizado acusados de seis delitos.
Un organigrama de “inteligencia” de la Policía Nacional, donde se ve a los ambientalistas bajo la denominación “La Banda de la Aldea de Guapinol”, fue la prueba que presentó el Ministerio Público para sostener la acusación de asociación ilícita.
La prueba fue rechazada por el juez de jurisdicción nacional Víctor Méndez, porque no se acompañó de un informe en el que, entre otras cosas, detallara la función de cada persona en la supuesta organización criminal y les identifique plenamente.
En el organigrama se observó fotografías de los campesinos, presidentes de patronatos y delegados de la palabra de Dios, quienes se han organizado para defender el río Guapinol. Incluso, uno de los acusados por la fiscalía era don Antonio Martínez Ramos, quien falleció hace cuatro años.
“Con la propia prueba de la fiscalía se logró que se dictara sobreseimiento definitivo”, expresó el abogado del equipo legal de los ambientalistas, Edy Tábora. Los fiscales del Ministerio Público que presentaron la prueba fraudulenta para acusar de banda criminal a las personas defensoras del ambiente son Sayda Yackelin Vallecillo y Wilberto Sánchez.
Las organizaciones de derechos humanos ven con mucha preocupación la actuación arbitraria en la fiscalía en casos como el de Guapinol, Pajuiles, Jilamito, Zacate Grande, Azacualpa Copán entre otros, donde la ciudadanía se ha declarado en estado de alerta ante la criminalización e imposición de proyectos mineros e hidroeléctricos.
Con Guapinol se comprueba que el Ministerio Público basa sus requerimientos fiscales en el derecho penal del enemigo, considerando a las comunidades defensoras de los territorios y el agua como provocadores de caos. “Demostramos que todas las pruebas presentadas por la fiscalía fueron construidas y mal intencionadas”, dijo el abogado Tábora, animando a la sociedad hondureña a exigir que este Ministerio Público actúe de acuerdo a ley.
Los ambientalistas de Guapinol están en libertad porque se les dicto sobreseimiento definitivo. Aunque, siguen siendo víctimas de represión, indefensión y estigma por parte del Estado. El conflicto en Colón por la instalación de la minera Inversiones Los Pinares de Lenir Pérez y Ana Facussé ha provocado la muerte de seis personas según las comunidades y el desplazamiento forzado de líderes que tuvieron que salir huyendo de sus casas por amenazas a muerte.
“Es necesario rescatar nuestras instituciones públicas de quienes las usan para perseguir a quienes queremos un país justo y compartido, y proteger a los verdaderos criminales de este país”, publicó en sus redes sociales el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía, al finalizar la audiencia inicial contra los ambientalistas de Guapinol, donde se conformó un equipo de defensa e incidencia que permitió que el Poder Judicial estableciera una resolución apegada a lo que dictan los derechos fundamentales contemplados en la Constitución de la República y el Código Procesal Penal.
Otro ejemplo
El lunes 04 de marzo se realizó la audiencia de declaración de imputados contra 19 integrante del Comité Ambientalista de Azacualpa, La Unión, Copán, acusados del delito de daños en perjuicio de la empresa Minerales de Occidente S.A, filial de la canadiense Aura Minerales. Esta empresa explota una mina a cielo abierto. El Estado le ha otorgado permiso para explotar el cerro donde se encuentra el cerro de la comunidad a pesar del rechazo popular.
En la audiencia desarrollada en Santa Rosa de Copán se les dictó medidas sustitutivas a la prisión, entre las que se encuentran; firmar cada 8 días, además de la prohibición de acercase al sector donde la empresa realiza sus trabajos. Los defensores son acompañados por la Asociación de Organismos no gubernamentales, Asonog y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
El conflicto generado por dicha empresa se remonta al año 1997, cuando inició la explotación minera en el municipio de San Andrés. Desde 2012, la empresa ha tratado de exhumar los cadáveres del cementerio para sacar oro pero la resistencia de la gente que permanece en la entrada del cementerio ha detenido la intención de la minera.
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