Por Sandra Rodríguez
Hace unos días, congresistas de Estados Unidos enviaron una misiva al embajador de su país, en Honduras, James Nealon, donde manifiestan su preocupación por la situación urgente de los sindicalistas en Honduras, quienes enfrentando amenazas de muerte y otras formas de intimidación.
Según la información que los diputados tienen, desde el golpe de Estado del 2009, al menos 31 sindicalistas han sido asesinados, y solo el año pasado se reportaron nueve ataques violentos contra sindicalistas, incluyendo el asesinato de Héctor Orlando Martínez Motiño, presidente del Sindicato de Trabajadores del Centro Universitario del Litoral Pacífico (CURLP), quien gozaba de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el sumaba 14 persona asesinadas con medidas cautelares.
También se incluye un hecho sucedido el 8 de abril del 2015, la desaparición forzada de Donatilo Jiménez Euceda, ex presidente del Sindicato de Trabajadores en el Centro Universitario del Litoral Atlántico (CURLA) en La Ceiba, ambos parte de la y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la universidad pública del país, que acoge a más de 70 mil estudiantes y unos 10 mil empleados administrativos y docentes, que rectora Julieta Castellanos.
Se denuncia que las amenazas se han acelerado en contra de la administración de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Agroindustriales (FESTAGRO), uno de los grupos claves nombrados en un informe publicado en 2015 por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos que detalla serios problemas con respecto a la falta de aplicación efectiva de las leyes laborales en Honduras.
La persecución contra sindicalistas afecta a su familia, como sucede con Tomás Membreño Pérez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS). Mientras que en tres ocasiones, vigilaron desde vehículos sin placas visitaron la casa de Nelson Geovanni Núñez Chávez, Asesor Técnico de Organización de FESTAGRO. Y en 2014, José María Martínez, Director de Comunicaciones para FESTAGRO, se vio obligado a huir del país después de haber recibido numerosas amenazas de muerte a lo largo de 2013 y 2014.
Señalan que las autoridades hondureñas no han actuado con eficacia en ningunos de estos casos, pese a que las amenazas contra sindicalistas exigen acción inmediata.
Por lo que es imperativo que el gobierno de Estados Unidos apoye a los trabajadores quienes están sufriendo represalias por ejercer sus derechos básicos de libertad de asociación y por denunciar violaciones de las leyes laborales de Honduras, menciona uno de los fragmentos de la carta enviada al embajador de EEUU en Honduras, James Nealon.
La denuncia debería ser desde las autoridades hondureñas
A propósito de esa correspondencia, ésta debería ser envidad por autoridades hondureñas al gobierno, que funciona como un dictadura para dividir las organizaciones sociales que exigen sus derechos, afirma un sindicalista procesado judicialmente.
Se ve un patrón de persecución y hostigamiento reiterativo en las mismas instituciones, pero en diferentes seccionales, como es el caso que mencionan los congresistas, y es lo que viven los afiliados al SITRAUNAH, ya sea en el centro, pacífico o atlántico.
El mismo grupo que en abril del año pasado condenó la desaparición dentro de su lugar de trabajo en La Ceiba (norte de Honduras) Donatilo Jiménez Euceda, y que su familia responsabiliza a las autoridades del CURLA, y por denunciar el hecho, su esposa Sonia Martínez y hermana Jaqueline Jiménez también empleada del CURLA, fueron querelladas por difamación.
Dos meses después lamentaron el asesinado de Héctor Martínez Motiño, docente y sindicalista del CURLP en Choluteca (sur de Honduras) quien había denunciado reiteradas amenazas a muerte y unos días antes se le había notificado que era beneficiario de medidas cautelares número 20/15 otorgadas por la CIDH.
Y aunque Honduras no es signatario del protocolo de San Salvador con respecto a los sindicatos de trabajadores, si es un país, que sus autoridades presumen en el extranjero, respeta los derechos humanos, por lo que debería estar respetando el derecho de los sindicalistas, sin embargo continúan los exilios, desempleos, arbitrariedades, muertes y asesinatos de sindicalistas de diferentes entidades públicas y privadas a nivel nacional.
Marco Antonio Moreno Fuentes, asesor del SITRAUNAH y secretario ejecutivo de la Federación de Sindicatos de las Universidades de Centroamérica, México y el Caribe, FESITRAUCAMC, manifiesta que deberían ser las autoridades internas quienes denuncien las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas hondureños.
Es muy cruel como el este gobierno -que dirige Juan Orlando Hernández (JOH)- mantiene una política de persecución contra los derechos humanos de los sindicalistas hondureños, tenemos casos como la desaparición de Donatilo Jiménez y asesinato de Héctor Martínez Motiño, y la carta de los congresistas de EEUU al embajador James Nelaon, es una forma de evidenciar desde el exterior lo que sucede en este país.
Esta carta conlleva un mensaje que la política de este Estado es represiva y va encaminada a dividir los sectores que se oponen al gobierno de JOH, asegura el dirigente.
El líder sindical forma parte de un grupo de 23 empleados de la UNAH, que en el 2008 fueron acusados de sedición, daños agravados y retención, por denunciar que organizaciones sociales y sindicales eran vigiladas por agenteS policiales, como medida de persecución y hostigamiento desde aquel entonces.
Para ese tiempo luchaban por la firma de un nuevo contrato colectivo que beneficiaría a miles de empleados universitarios y por lo que la defensa de los derechos de los trabajadores es general, ya que el SITRAUNAH era de los grupos más beligerantes en la demanda de sus derechos.
Este miércoles el grupo sindical criminalizado, se presentó ante la Sala de Juicios Orales y Públicos de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, donde corren el riesgo de ser llevados a prisión, entre ellas tres mujeres, pero todo es visto desde la persecución de un régimen fascista que no tiene capacidad de dialogar, explica Moreno.
Honduras ha formado y ratificado los convenios 87 y 98 con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que manda a la libre sindicalización, la contratación colectiva y la estabilidad laboral, contrario a ello se les quitaron algunos de sus derechos adquiridos y entre ellos parte del grupo fue separados de sus trabajo en la Máxima Casa de Estudios, penalizando sus acciones sociales. Para el caso Moreno que era docente, ya no tuvo más su plaza, limitando así la economía de su familia, negándosele hasta el derecho a la salud, por lo cual falleció su hija, una joven sicóloga recién graduada.
A lo largo de estos ocho años, los afectados no pueden salir del país y deber ir a firmar cada semana a los Juzgados de Letras en Comayagüela, así mismo generó daños en cada una de sus familias, en el caso de Moreno, falleció su mamá, quienes padecieron la criminalización que enfrenta.
“Nos hemos sometido al debido proceso jurisdiccional penal, con las pruebas necesarias, en las que podemos demostrar que no se nos ha aplicado la Ley correctamente, por lo que esperamos que actúen conforme a la Ley y este juicio sea favorable a nosotros”.
En la UNAH no existe el diálogo, pues también hay alumnos criminalizados debido a defender los derechos que les asisten, a la juventud no se le escucha y el 90 por ciento de docentes están siendo victimizados de una u otra forma, según el sindicalista.
Y es que también hay percusión en sindicatos donde el Estado gesta acciones para dividir el pensamiento de los trabajadores y debilitar la causa de las luchas de los trabajadores. Uno de los sindicatos que se ha enfrentado a proceso legales por la defensa de sus derechos es el de la Municipalidad de Danlí (SITRAMUD) quien ha logrado el reintegro de sus miembros despedidos injustamente.
El pueblo hondureño debe tener claro que los Estados son permanentes y los gobiernos son transitorios, en este caso el régimen JOH constituye un instrumento del neoliberalismo encaminado a destruir las organizaciones que tienen como bandera defender lo fundamental, la vida y los derechos humanos, expresó Moreno.
En las políticas neoliberales, no les importa los medios que utilicen para dividir las organizaciones sociales, se sustenta en la economía y mercado, por lo que la educación se ha convertido en una mercancía y dañan a quien sea por lograr sus objetivos, con líneas de la Organización Mundial del Comercio que pasa por los instrumento de muerte que son el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial y AID, todo esto ha generado aniquilación, tortura y destierro a organizaciones sociales, declaró el asesor del SITRAUNAH.
Este sindicato al igual que muchos otros, sobrevive a situaciones difíciles, sometidas a persecución como ha denunciado el Sindicato de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (SITRADEI), Sindicato del Patronato Nacional de la Infancia (SITRAPANI), Sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Sindicato del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SITRASANAA), el Sindicato de los trabajadores de la Medicina (SITRAMEDYS), sin embargo la mayoría de sindicatos callan las violaciones que padecen, por temor a represalias mayores.
Por su parte el artículo 134 de la Constitución de la República habla de que “Es de utilidad pública la emisión del Código de Trabajo que regulará las relaciones entre el capital y el trabajo, colocándolas sobre una base de justicia social, de modo que garantice al trabajador las condiciones necesarias para una vida normas, y al capital un compensación equitativa de su inversión” y este contempla que los conflictos surgidos entre patrono y trabajadores debe arreglarse por la vía administrativa y no por la penal, en vista a eso, desde ahí se nos violenta nuestros derechos, demostrando el autoritarismo que impera en la UNAH, aseveró Moreno.
“Yo temo por mi vida, incluso al dar estas declaraciones, pues la persecución es constante, me han allanado la casa y rayado las paredes con mensajes que me dicen “váyase de aquí”, sin embargo seguimos firmes en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores, ya que el derecho nos asiste”, concluyó el Marco Moreno, dirigente sindical a nivel internacional.
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