Por Norma E. Ferreyra
Nadie puede imaginar, lo que hacen estos monstruos perversos, en los países del mundo pero muy especialmente, en Argentina y en México, que usaron como laboratorios de experimentación, para medir cómo podía realizarse el exterminio humano y reducir la población mundial, muy drásticamente.
Y voy a mirar a la política, que fue operándose en Latinoamérica con las Mineras y los agronegocios, en especial Monsanto, quien se alió al coloso Bayer, para agregar a su negocio más poder y venenos.
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Huerquen - Comunicación en colectivo del jueves 8 de noviembre de 2018, ha publicado que una nueva Ley de Semillas se cocinaba a espaldas de todos
En Argentina, para el martes 13 de noviembre la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados convocó a plenario de comisiones en busca de lograr dictamen y avanzar al tratamiento de una nueva Ley de Semillas antes de fin de año. Desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales para una nueva ley de semillas, que habrá de otorgarles a las semilleras, como Bayer-Monsanto, Syngenta, Don Mario y otras, la posibilidad de terminar con el “derecho de uso propio” de los agricultores, y cobrar regalías cada vez que un agricultor utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor. Transformando así un derecho de todos en una excepción para algunos (inscriptos en registros ad-hoc). Este no es el primer intento de modificación de la Ley de Semillas Argentina, y es parte de una ofensiva que se da en todo el mundo. Hasta ahora en nuestro país las contradicciones entre los actores y la resistencia de las organizaciones los hizo fracasar, pero estamos ante un nuevo embate que amenaza con dar un paso trascendental.
El “uso propio” consiste en el derecho de replantar las semillas obtenidas en las cosechas anteriores. Hasta ahora, cuando un agricultor compra una bolsa de semillas paga dentro del precio los derechos de propiedad intelectual (“derechos de obtentor”) que pudieran tener; no obstante puede reservar una parte de las semillas obtenidas en la cosecha para resembrar en el siguiente ciclo. Las corporaciones buscan cortar con este derecho, y pretenden una nueva ley que les garantice cobrar de regalías CADA VEZ que un agricultor utilice “sus” semillas. Si bien desde las organizaciones campesinas y de la sociedad civil decimos que es una aberración que las semillas puedan estar sometidas a alguna forma de propiedad intelectual (porque sostenemos que las mismas son patrimonio de la humanidad y deben estar al servicio de los pueblos) esta modificación busca avanzar en sentido opuesto profundizando aún más el control corporativo sobre las semillas que son la base de toda cadena agroalimentaria y agroindustrial.
La agricultura nace hace más de 10.000 años, cuando las comunidades campesinas y los pueblos originarios del mundo “domestican” semillas de plantas silvestres y las empiezan a transformar de distintas maneras. En ese vínculo se creó la enorme biodiversidad que nos alimentó por miles de años. Ninguna semilla agrícola sale de un tubo de laboratorio y cualquier “mejora” sobre la que las empresas pretendan cobrar derechos de propiedad intelectual se apoya en esos miles de años de mejoramiento fitogenético que hicieron las comunidades alrededor del mundo. Es decir, que se apoya en el trabajo de otros. Por eso cuando una empresa dice que una semilla es “suya” oculta un robo al patrimonio de toda la humanidad.
El Gobierno Nacional tomó la decisión política de avanzar con una nueva Ley de Semillas; y en este tiempo se sucedieron una serie de reuniones reservadas a un puñado de corporaciones (ASA, Aapresid, Aacrea, Arpov, SRA, CRA y Coninagro, que hasta 2016 venían teniendo desacuerdos sobre las características de la misma) junto con legisladores y funcionarios. Desde ya, que las discusiones entre ellos son sobre los márgenes de rentabilidad que cada sector busca mantener y no el derecho a la alimentación de nuestro pueblo. De esta negociación fuimos excluídos la enorme mayoría de lxs argentinos, las organizaciones campesinas, las universidades nacionales, los pueblos originarios, las asociaciones de consumidores, los organismos de ciencia y técnica etc etc etc
El contenido del “consenso” en este selecto grupo de actores trascendió a cuenta gotas a través de los medios de comunicación que, en su enorme mayoría, se dedicaron a instalar en la opinión pública los latiguillos con que las corporaciones buscan fundamentar su posición; lisa y llanamente “operando” para ellas.
En paralelo la Comisión de Agricultura de Diputados puso en agenda el tema y retomó los proyectos presentados hasta el momento (4 proyectos de distinta autoría, más el de Federación Agraria y el que presentó un conjunto de organizaciones campesinas y cátedras universitarias), pero el proyecto auspiciado por el Ejecutivo y que contiene los puntos de “consenso” entre las corporaciones nunca estuvo sobre la mesa. “Como corresponde” la comisión convocó a audiencias donde expusieron una serie de organizaciones, legisladores, y personalidades ligadas al tema, fundamentando en distintos sentidos, y una vez cumplido el trámite de “escuchar todas las voces” se dispone a dictaminar.
La maniobra: El martes 13 de noviembre la Comisión de Agricultura convoca a plenario de comisiones (agricultura, más la de presupuesto y la de legislación) para emitir dictamen y así pasar al tratamiento en la cámara de diputados, pero como el proyecto del ejecutivo y las empresas nunca se presentó como tal (sino que circuló en off) la maniobra puede ser la siguiente:
Poner en tratamiento los proyectos en danza y decir “que se unifican” aún cuando el texto resultante no tenga nada que ver con el de los proyectos presentados formalmente: ahí es donde el “borrador” del ejecutivo deja las sombras y aparece sobre la mesa, y su texto se transforma en la “síntesis” sobre la que dictaminar. Con el parloteo a favor, las empresas y el gobierno podrían lograr dictamen de mayoría en la comisión, y dejar las voces disonantes en un testimonial dictamen de minoría. Digna del Cirque du Soleil, una carambola que puede dejar la Ley de Semillas que pretenden las corporaciones lista para su votación en la Cámara de Diputados antes de fin de año.
Lo que está en juego es enorme. En los países donde las corporaciones lograron imponer sus leyes de semillas pasan cosas tremendas: persecución de agricultores, criminalización del intercambio, destrucción de cosechas y mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios. Por este camino la humanidad ya perdió el 75% de la agro-biodiversidad que nos alimentó ancestralmente, es decir que tenemos 75% menos de tipos distintos de comida disponibles lo que en el contexto de cambio climático puede llegar a ser dramático. La propia FAO admite el aumento de la hambruna y la mala alimentación de 1.500 millones de personas en el mundo; y hace pocas semanas visitó nuestro país Hilal Elver, relatora especial sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, y reconoció que el agronegocio no busca alimentar al mundo como dicen sino hacer negocios; y que si de alimentación se trata hay que apostar a la agroecología y a lo que ya hacen campesinos e indígenas que producen el 70% de lo que comemos.
Los “consensos” de los poderosos del agronegocio no nos incluyen a la enorme mayoría de lxs agricultores y ciudadanos de este país. Hay que alertar sobre estas maniobras y movilizarnos para impedirlas. Desde distintos espacios de articulación como la Multisectorial contra la Ley Bayer-Monsanto de Semillas o el espacio de organizaciones campesinas y de la sociedad civil que redactó el proyecto alternativo, sin dudas que nos manifestaremos denunciando todo esto y convocando a lxs argentinos a impedir que este saqueo se consume. Depende de todos nosotros.
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