Tras finalizar una audiencia de declaración de imputado, la que se desarrolló por más de 12 horas y en la que se demostró el interés por implementar un sistema de criminalización, el juez de jurisdicción nacional, Víctor Méndez, resolvió detención judicial contra los defensores y defensora del agua de la comunidad de Guapinol en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
Hoy los defensores y defensora del Río Guapinol guardan prisión en la Penitenciaría Nacional, ubicada en el Valle de Támara, mientras esperan la audiencia inicial que fue programada para el 28 de febrero a las nueve de la mañana.
Para el sistema de justicia hondureño defender el derecho al agua y el cuidado del medio ambiente se enmarca en los delitos de usurpación, incendio, robo agravado, privación injusta de la libertad y asociación ilícita.
Las 12 personas defensoras, organizadas en el Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, lograron detener los trabajos de la minera Inversiones Los Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé.
El proyecto extractivista de Inversiones Los Pinares se levanta sobre el área protegida Parque Nacional Carlos Escalera, antes llamada Montaña de Botaderos. En el año 2013, el Congreso Nacional aprobó la reducción de la zona núcleo del Parque Carlos Escaleras en 217 hectáreas, las que fueron entregadas en concesión minera a Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé.
La verdad prevalecerá
Pese a que los intereses capitalistas y la criminalización desde el Estado reinan en el sistema de justicia, las esperanzas para que la verdad prevalezca no se pierden, comentaba Juan López, coordinador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes, antes de ser trasladado a la Penitenciaría Nacional.
“Creemos que en el proceso se tiene que probar nuestra inocencia, el Ministerio Público ha sido tan sencillo en sus argumentos, yo creo que más ha prevalecido una voz oscura detrás del sistema judicial y hablamos del gran capital; aún no perdemos la esperanza de que la verdad prevalezca, porque toda aquella persona que actúan al margen de los principios, de la honestidad, de la ética en cualquier momento de su vida se va a arrepentir”, afirmó Juan López.
En ese sentido, el abogado Omar Menjivar, representante de los defensores, señala las arbitrariedades del juez Méndez cometidas en el proceso, en el cual la Fiscalía no realizó del mínimo esfuerzo para acreditar la acusación: “Ni siquiera era contra la Fiscalía que debatíamos, todo se lo facilitó al juez”.
Menjivar indica que la defensa recusó al juez Víctor Méndez, acción que él declaró sin lugar, pese a que la Ley establece que las resoluciones están a cargo de la Corte de Apelaciones, “eso también es arbitrario, como todo lo que resolvió en la audiencia”, puntualizó.
Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez, manifiesta que la orden del juez Víctor Méndez es un mensaje político contra los defensores y defensoras de la vida, además se demuestra la colusión de la empresa privada y el sistema judicial.
“Este modelo –extractivista- está siendo implementado en los territorios por la fuerza de las armas y ahora lo implementan a través del sistema judicial encarcelando a nuestros defensores, pero nuestra lucha sigue firme y nos seguimos resistiendo a este sistema de muerte”, agregó Esquivel.
Leonel George, ambientalista y corresponsal de Radio Progreso, también criminalizado en la Penitenciaría Nacional, lamentó que el Estado hondureño este violentando el derecho a la libertad de expresión y a la labor de defensoría: “no han valorado lo que hemos presentado como de lo que somos y de los que hacemos, por lo tanto ha habido un abuso de autoridad, prácticamente nos han condenado”.
Concesiones inconstitucionales
Aunque el dolor por la injusticia y la criminalización por la defensa de la vida esté presente, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes continúa sus acciones y ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra las concesiones mineras en el sector Guapinol.
De acuerdo a los análisis e investigaciones del Comité Municipal y la Coalición Contra la Impunidad, el Decreto Legislativo 252 – 2013 “presentado, dictaminado, discutido, aprobado, sancionado y publicado en sólo 23 días, determina el origen del conflicto en la comunidad de Guapinol y que el mismo se aprobó sin seguir el procedimiento que manda la Constitución de la República”.
El abogado Ramón Enrique Barrios, integrante de la Coalición Contra la Impunidad, señala que está claro que el Estado está para defender a las empresas mineras y para defender las concesiones y quien se oponga irá a la cárcel por defender los bienes comunes.
“Aquí quien falló fue el Estado de Honduras dando una concesión, y que los ciudadanos ejercieron simplemente su derecho constitucional de protesta pública en defensa de los bienes comunes”, interpreta Barrios, al ser consultado sobre la importancia de la acción de inconstitucionalidad previa a la audiencia inicial contra las 13 personas defensoras del Río Guapinol.
En el recurso de inconstitucionalidad se indica que el ex diputado nacionalista por Colón, Ricardo Antonio Díaz, presentó el proyecto para ampliar la zona de amortiguamiento del Área Protegida Parque Nacional Carlos Escalares Montaña de Botaderos.
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