Por Sandra Rodríguez
En las próximas horas estará arribando en un camión policial a Tegucigalpa, un grupo de defensores de derechos humanos criminalizados por la defensa de la vida, específicamente de los bienes comunes y del río Guapinol, en La Ceibita, Tocoa, Colón.
“La situación en la Audiencia de presentación se ha complicado porque hay 4 delitos más emitido del 17 de enero y no habían querido decir a los abogados, los delitos sumados son:robo, secuestro, asociación ilícita e incendio” compartió uno de los criminalizados.
La audiencia de presentación de imputados estaba programada para hoy 22 de febrero, a las diez de la mañana, sin embargo, en el trayecto de Tocoa a La Ceiba, la policía bajó del autobús de transporte público a José Santos Hernández, quien fue remitido a la Dirección Policial de Investigación (DPI), cuando de trasladaba de Tocoa al Juzgado de La Ceiba.
El Juez de jurisdicción nacional, Carlos Irías de León, informó que había cuatro nuevas acusaciones con órdenes de captura contra 32 personas, de estas 17 forman parte de los 18 que se presentarían hoy, por lo que no podría dar medidas distintas a la prisión preventiva, entonces la defensa por cedió a recusarlo.
Y a la espera que se nombrara un nuevo juez de jurisdicción nacional, después del mediodía transcendió que la causa sería conocida en los juzgados antiextorsión, ubicado en La Avenida, La Paz, al este de la capital.
Omar Menjivar, parte del equipo de defensa, declaró en conferencia de prensa que, con la presentación voluntaria está claro que no hay interés por darse a la fuga, el juez nos dijo “hay otro proceso, ustedes hacen su trabajo y yo hago el mío” pero no en audiencia, sino extra-audiencia, yo no les puedo dar una medida distinta.
Por su parte, Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez, afirmó que, el juez ha mostrado parcialidad y una voluntad cooptada de parte de los jueces, y ante eso, los y la compañera están dispuestos a enfrentar la justicia hondureña y sus consecuencias, pese a que se ha mostrado vicios de nulidad y violaciones a los derechos humanos, así como riegos de enfrentar este sistema judicial.
Defender la casa común no es delito, el agua, la comunidad de Guapinol es de todos y todas, vamos a defender nuestra lucha, hasta que Tocoa se declare libre de minería. Juana Esquivel
Prácticamente los compañeros están en el “limbo jurídico”, no se sabe cuanto tiempo van a estar ahí, agregó el ex fiscal de derechos humanos, Edy Tábora, director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Por parte de la defensa “vamos a empezar a presentar acciones jurídicas, no sabemos a que hora de reúne la audiencia, a fin de cuentas, ellos van a resolver desde lo jurídico”, detalló esta tarde.
El grupo de defensores de los bienes comunes de la naturaleza, atendieron este día el requerimiento del del expediente 148-2018, se ordena la captura de 18 personas, desde el pasado mes de octubre.
Días antes una comisión de organizaciones parte de la Coalición Contra la Impunidad, hicieron una visita in loco a Guapinol, donde habían sufrido ataques de centenares de policías y miliares, que los desalojó de un campamento en defensa del agua del río Guapinol.
Entre las personas criminalizadas por los supuestos delitos de usurpación y daños en perjuicio de la empresa minera “Inversiones Los Pinares”, hay líderes sociales, comunales, eclesiales y comunicadores sociales, como ser:
- Juan López, coordinador del Comité Pro-Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.
- Reinaldo Domínguez, líder comunitario de Guapinol
- Orbin Hernández, líder del Sector San Pedro
- Carlos Leonel George de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (Copa) y corresponsal de Radio Progreso.
- Miriam Yaneth Mejía Cruz
- Lourdes Elizabeth Gómez Rosas
- José Santos Hernández (capturado cuando iba para el juzgado)
- Arnold Javier Alemán
Previo a esta audiencia, se ha desatado una campaña mediática de desprestigio contra líderes y lideresas que están entre los 18 requeridos y ahora trasladado desde el Palacio de Justicia de La Ceiba hacia Tegucigalpa.
Según declaraciones de la coordinadora de COPA, Esly Banegas, el juez Irías de León está parcializado con una empresa que tiene muchos tentáculos en un Estado altamente contaminado por la corrupción y la impunidad, por lo que es lamentable que hoy se enfrentan compañeros a lo que de llama justicia, pero que no se tomó en cuenta su acción de colaborar con su presentación voluntaria.
“Aquí vivimos dos tipos de justicia, la que se nos aplica a los defensores de derechos humanos, del agua en este caso; y la otra que defiende a los saqueadores del estado y lo que se aprovechan de los recursos del estado, lo podemos ver como en caso Pandora, Caja Chica y otros”. Esly Banegas
Mientras en las afueras del juzgado, un grupo de personas muestran su solidaridad con pancartas y consignas para que se aplique la justicia en favor de los y las defensoras que defienden los bienes comunes de la naturaleza. “El pueblo arrecho, exige su derecho” “Por nuestros compañeros criminalizados, exigimos que sean liberados”.
Esta indignación se agravó a eso de las tres y media de la tarde cuando los siete defensores y la defensora de derechos humanos fueron subidos al camión de la policía, y escoltados por otras patrullas.
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