C-Libre: Decreto Ejecutivo revela escalada en contra de las organizaciones críticas al gobierno
La Asociación Comité para la Libre Expresión (C-Libre), presentó este día en conferencia de prensa a la opinión pública Nacional e Internacional, la documentación que la acredita como una Organización No Gubernamental (ONG) registrada ante la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC) de la Secretaría del Interior y Población.
Dentro de los documentos presentados por C-Libre están la inscripción de la Junta Directiva de la organización, los Estados Financieros del 2012 y 2013, Estado de Resultados e Informe Narrativo de Actividades, los cuales fueron recibidos por la URSAC el pasado 28 de febrero del 2013.
Héctor Longino Becerra, director de C-Libre mostró a los periodistas de los diferentes medios de comunicación del país, los documentos de la organización que acreditar su inscripción en legal y debida forma, lo cual contradice la publicación hecha en el Diario Oficial “La Gaceta”, número 33,367, que contiene el Acuerdo Ejecutivo No. 2196-A-2013 del 28 de febrero de 2013.
Becerra explicó que la disposición del Poder Ejecutivo a través de La Gaceta “pide la cancelación de la personería jurídica de C-Libre, lo que se considera como una escalada en contra de las organizaciones que realizan críticas a las políticas del actual gobierno y que promueve la defensa de los derechos humanos en Honduras”.
En la publicación la URSAC ordena iniciar el proceso de cancelación de 5,429 asociaciones civiles, en las que se encuentra C-Libre, entre otras que trabajan en la defensa de la libre expresión y el respeto de los derechos humanos.
De acuerdo al Diario Oficial La Gaceta, la disposición se debe al incumplimiento por parte de las asociaciones civiles sin fines lucrativos que no acataron el Decreto Ejecutivo No. 770-A-2003, que estipulaba un plazo de 30 días hábiles para presentar: informes financieros y de actividades e inscribir o actualizar sus juntas directivas, entre otras.
Según la resolución del Poder Ejecutivo: “Una vez cancelada la Personalidad Jurídica de estas asociaciones civiles, se deberá proceder a la liquidación de sus bienes y demás activos, traspasando sus haberes a otra asociación civil sin fines de lucro y con similares objetivos sociales de acuerdo a lo dispuesto en sus estatutos o en su defecto al Estado de Honduras a través del Poder Ejecutivo de conformidad con el artículo 93 del Código Civil vigente”.
El documento agrega que como consecuencia de la cancelación de la personería jurídica la Secretaria del Interior y Población a través de su secretaria general deberá librar comunicación a todas las instituciones públicas y privadas especialmente: al Instituto de la Propiedad (IP), Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias(AHIBA), al Poder Judicial y a todas las instituciones financieras privadas como ser bancos y cooperativas para ponerlo en conocimiento de su actual condición y que se abstengan de realizar, ejecutar o resolver peticiones, gestiones, o cualquier tipo de trámite o solicitud que efectúen estas personas jurídicas.
De acuerdo a Becerra, “con la presentación de la documentación a los medios de comunicación, como soporte, se deja constancia que presentó en tiempo y forma, todos y cada uno de los requerimientos administrativos e incluso se cuenta con los recibos de pagos y acuso de recibo extendida por la URSAC”, indicó.
“Los directivos de C-Libre pedimos a la URSAC de manera inmediata, proceda a pedir disculpas públicas a fin de reparar el daño vertido a la trayectoria de la organización. De no ser así nos reservamos el derecho de proceder legalmente a instancia internacionales en contra del Estado hondureño. Nuestra lucha permanente es la defensa de la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información Pública y esto es un vil atropello a dichos derechos”, aseveró Becerra.
El representante de C-Libre destacó que “declaramos al Gobierno de Juan Orlando Hernández como un gobierno de corte autoritario e instamos a las organizaciones sociales a articularnos para hacerte frente a esta arbitrariedad, a las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales les exhortamos a realizar todas las gestiones y acciones que sean necesarias a fin de salvaguardar nuestra integridad institucional, personal y nuestros bienes.
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