La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) afirmó que llamada ‘familia militar’ sigue protegiendo los supuestos crímenes que cometieron las FF.AA. durante la dictadura, al reaccionar tras las renuncia del asesor de los ministros con dedicación exclusiva en casos de DD.HH., Alejandro Solís, en el marco de denuncias por presiones al poder judicial, por el enjuiciamiento del hermano del comandante en jefe de las FF.AA. Humberto Oviedo Arriagada.
Cabe recordar que el general (r) Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, hermano del actual comandante en jefe de las FF.AA., s encuentra procesado junto a 25 militares más, por ser el autor material del asesinato de cinco jóvenes universitarios, un obrero y un agricultor en la ciudad de Temuco, ocurrido el 10 de noviembre de 1973, quienes, de acuerdo a un bando militar de la época, habrían fallecido luego de intentar asaltar un polvorín en el sector de isla Cautín.
“No basta con que quede al descubierto que el hermano del actual comandante en jefe de las FF.AA, el general (r) Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, se encuentra procesado por ser el autor material de estos asesinatos, sino que es siniestro como se moviliza esta “familia militar”, que chantajearon a través de un abogado del ejército, para sacar del medio al asesor de los jueces con dedicación exclusiva en derechos humanos, Alejandro Solís”, denunció la presidenta de la AFEP.
Alicia Lira enfatizó que “a 24 años de la llegada de nuevos gobiernos al país, hoy con el cambio de Piñera a Bachelet en la presidencia de la república, queda en evidencia que las Fuerzas Armadas siguen interfiriendo, siguen presionando, la ‘familia militar’ sigue enquistada y ocultado información, pero además sigue amparando la impunidad y poniendo un manto de silencio a quienes son autores de crímenes tan horrendos como el de estos compañeros en Temuco”.
La representante de la AFEP recalcó que “la renuncia de Alejandro Solís es un hecho grave a nuestro juicio, porque es aceptar las presiones de la llamada “familia militar” para entrometerse en otro poder del estado, que se encuentra investigando los crímenes que se cometieron bajo dictadura, quienes llegaron a solicitar el despido de Solís, por sus críticas y por la forma de llevar adelante estos procesos”.
Las siete personas asesinadas el 10 de noviembre de 1973, son: Florentino Molina Ruiz, detenido en el regimiento Tucapel el 6 de noviembre de 1973; Juan Antonio Chávez Rivas, estudiante de la entonces Universidad Técnica del Estado (UTE, hoy Usach); Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, trabajador, detenido el 7 de noviembre; Juan Carlos Ruiz Mancilla, estudiante de la UTE, detenido en su casa en Punta Arenas y llevado en avión hasta Temuco, el 7 de noviembre; Amador Montero Mosquera, estudiante de la UTE, detenido el 7 de noviembre; Pedro Mardones Jofré, estudiante de la UTE; y Carlos Aillañir Huenchual, agricultor, detenido por una patrulla militar en la localidad de Quepe.
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