Por Marvin Palacios
A pocas semanas de que la organización internacional Human Rigths Watch (HRW), presentará en esta capital, el informe “Aquí no hay investigaciones”, el gobierno designó una unidad especial conformada por policías, militares y fiscales con el mandato de investigar, esclarecer y llevar ante la justicia a los responsables de más de 140 muertes violentas acontecidas en los últimos años por la disputa de tierras en el Bajo Aguán.
Específicamente el fiscal general Oscar Chinchilla expresó el jueves 27 de febrero que se procederá a la investigación de al menos 147 asesinatos que permanecen en la impunidad. La mayoría de muertes corresponden a campesinos, defensores de derechos humanos y un porcentaje a guardias de seguridad.
El jueves 27 de febrero, Chinchilla anunció en conferencia de prensa ( acompañado por el director general de la Policía, comisionado Ramón Sabillón) que "el esquema que llevamos es ir a resolver estas muertes violentas, establecer cuáles fueron las causas, quiénes son los responsables".
El funcionario sostuvo que existen varias hipótesis en torno a estas muertes violentas, algunas de ellas que involucran a los terratenientes que poseen extensas plantaciones de palma africana, como los responsables de los crímenes, otra que establece que los múltiples homicidios son generados por disputas entre grupos campesinos y como tercera hipótesis indicaría que hay participación del crimen organizado.
Al tiempo de anunciar que en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón se instalará en los próximos días la unidad investigadora de 147 casos, Chinchilla señaló que "no podemos descartar (ninguna) tenemos que tomarlas todas, investigarlas y al final determinar, independientemente de que una u otra muerte responda a una de estas hipótesis, investigar y enjuiciar al que sea responsable".
El pasado 13 de febrero el director de Human Rigths Watch (HRW), José Miguel Vivanco expresó en torno al Informe “Aquí no hay investigaciones”, relativo a casi un centenar de muertes violentas perpetradas por agentes del estado y guardias de seguridad en el Bajo Aguán (costa norte) que “la conclusión es devastadora, no hay nadie que haya sido condenado por los homicidios cometidos, torturas, detenciones ilegales y al menos 3 desapariciones de personas”.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha mantenido denuncias permanentes sobre las muertes violentas acontecidas en el Aguán desde 2009 a 2012, que involucran a terratenientes de la zona, policías, militares y guardias de seguridad de empresas privadas, (de los cuales también hay víctimas mortales) en una dinámica de muerte generada por el conflicto de tierras.
La incidencia a través de sus medios de comunicación, conferencias de prensa con las víctimas y sus familiares, la comparecencia ante foros internacionales, reuniones con congresistas estadounidenses y acciones de búsqueda de desaparecidos hasta la realización de exhumaciones, son entre otras, las acciones emprendidas por el COFADEH en el tema del Bajo Aguán.
La coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva señaló que el informe de Human Rigths Watch lo que hace es ratificar que existe desinterés que priva en los agentes del estado de Honduras para investigar hechos de violaciones graves a los derechos humanos y que no se investiga nada.
“A partir de eso me imagino que han tomado en cuenta que hay que investigar, o por lo menos decir que se va a investigar, pero en el fondo no investigar nada para que las cosas sean inamovibles; pero lo otro es que se deba al trabajo que hemos realizado las organizaciones locales e internacionales de protección y defensa de derechos humanos, en donde hemos hecho esfuerzos articulados por la situación de criminalización, persecución y de barbarie que se ha vivido en el Aguán”, explicó Oliva.
La defensora de derechos humanos resaltó que el anuncio de las autoridades hondureñas “tiene sus efectos en la actualidad, pero no hay que olvidar que hace poco tiempo se produjo la visita del hombre fuerte en materia de seguridad de Estados Unidos (se refiere al zar antidrogas William Brownfield) quien anunció que se iba a suspender la ayuda en materia de seguridad y defensa a nuestro país, si no se hacía por lo menos la reparación (indemnización) a los familiares de las víctimas del Aguán”.
El informe “Aquí no hay investigaciones”, Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras, resalta que policías y fiscales no cumplieron procesos básicos para investigar los delitos y llevar ante la justicia a los responsables.
Además señala que la administración del ex presidente Porfirio Lobo Sosa adoptó medidas para tratar de mitigar los conflictos a través de la mediación y compra de tierras, pero la estrategia para abordar la violencia consistió en incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad y atribuir su origen a grupos delictivos. El gobierno no adoptó medidas preventivas para proteger a personas en riesgo, incluso cuando existían evidencias de que podían ser objeto de ataques.
Vivanco explicó que existen distintos diagnósticos con respecto a la cantidad de homicidios en el Aguán, “hay cifras que superan los cien casos en los últimos años, hay otras que están inmediatamente inferiores, pero nuestro informe no debate cifras, lo que nos importó más, fue ver cómo había reaccionado hasta ahora la justicia en esos casos, y la conclusión es devastadora, no hay ningún caso, ninguno”.
Y lo decimos con toda responsabilidad porque hemos trabajado con la Fiscalía, tanto en Tegucigalpa como a nivel local y creo que la comunidad internacional se va a sorprender acerca de que “no hay nadie que haya sido condenado, no hay condena, por ninguno de los homicidios cometidos, ni por los casos de tortura y las detenciones ilegales, aseguró el defensor de derechos humanos.
Añadió que también “en al menos 3 desapariciones de personas, no hay investigaciones, son todas primarias en etapas iniciales y constantemente se les niega a las víctimas y a sus familiares información sobre el estado del proceso, cuando el Código Procesal Penal hondureño, obliga a los fiscales a compartir información e informar a los familiares de cuál es el estado de los procesos”.
Al referirse sobre el por qué Human Rigths Watch enfocó su informe en las muertes violentas ocurridas en medio de una conflictividad generada por la tierra en aquella zona, Vivanco señaló que se hizo sobre el Bajo Aguán “porque de la ayuda en el ámbito militar, el 35 por ciento de esa ayuda que se le da los militares hondureños y a la policía para el combate al narcotráfico, “está condicionada al tema de los derechos humanos”.
Señaló que el Congreso de Estados Unidos le presta colaboración de todo tipo a las fuerzas militares de Honduras, pero esa cooperación no puede entregarse si no se cumplen con algunos requerimientos en el ámbito de derechos humanos.
“Son tres condiciones: Una que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, otra, con medidas concretas que permitan establecer rendición de cuentas por violaciones a derechos humanos y hay una en particular, la tercera condición, que habla específicamente del Bajo Aguán…”, detalló José Miguel Vivanco.
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