Son ejemplos de censuras recientes la negación de las estadísticas policiales al Observatorio de la Violencia, el control de contenidos audio sonoros a los medios comunitarios por la CONATEL, y el llamado de atención a la diputada Doris Gutiérrez por hacer una pregunta política a Ramón Custodio sobre la Policía Militar y el golpe de Estado de 2009.
En este último caso, el diputado Pérez del Partido Nacional -que preside la comisión inter partidaria para la selección de las candidaturas al CONADEH-, dijo a Custodio el martes pasado que existía un acuerdo interno entre partidos para silenciar ese tipo de preguntas en las audiencias públicas.
(Las preguntas y respuestas eran transmitidas en vivo por el canal estatal desde el edificio del Congreso Nacional, pero las mismas debían ser entregadas por escrito antes de ser formuladas al aire).
Hasta el momento de enfrentar a Custodio las higiénicas preguntas de Waldina Paz, Erick Sánchez, Edwin Pavón y Cruz Asencio, entre otros, no rozaban el interés del público ni la tranquilidad de los postulantes.
Pero vinieron, luego, las interrogantes disidentes al más esperado del primer día de audiencias, el actual Comisionado que aspira a su tercera reelección.
Con la llegada de Custodio al sillón el proceso que parecía interesante sufrió su más seria fractura de confianza, porque él era precisamente el candidato que más debía ser interrogado sobre sus posiciones políticas durante el golpe y el golpismo.
Con su conducta Custodio había puesto en precario la figura constitucional del CONADEH al extremo de echar a perder casi toda la cooperación internacional a esta institución en los últimos cinco años y borrar su presencia en los principales foros interamericanos y universales; además de haberlo divorciado de la población hondureña.
Y aunque las preguntas de las diputadas Doris Gutiérrez, del PINU, y Claudia Garmendia de LibRe no fueron directas, más bien fueron excesivamente educadas, Custodio contestó con sinceridad. Rechazó la aprobación de la policía militar por inconstitucional y explicaba el traslape generado por Juan Orlando Hernández entre defensa y seguridad, también inconstitucional.
Fue triste ver en ese momento al diputado Pérez cómo interrumpió al Comisionado Custodio para decirle que existía un acuerdo de silencio a los temas políticos y que era libre de contestar de todos modos a las preguntas ya formuladas, sin poner en riesgo su calificación final.
Aquella revelación fue triste pero más triste fue el viraje del interrogado: abandonó de inmediato la respuesta y acudió a la lisonja, consoló a liberales y nacionalistas diciéndoles que las elecciones de noviembre de 2009 fueron las más observadas y las más constitucionales de la historia nacional.
Como vemos en el primer día de audiencias para elegir al nuevo Comisionado o Comisionada, fueron censuradas las preguntas, y como veríamos después, en el tercer día, sufrieron las respuestas.
El canal del Congreso cortó el jueves la transmisión cuando el abogado Joaquín Mejía, candidato de la Coalición contra la Impunidad, contestaba con claridad la pregunta maliciosa del diputado cachureco por Santa Bárbara, Rolando Dubón Bueso, sobre la supuesta resolución favorable a los golpistas por la Corte Penal Internacional en diciembre pasado.
El candidato Mejía contestaba que es falso decir que la Corte Penal niega los crímenes de lesa humanidad en Honduras después del golpe de Estado.
Viendo a la cámara, Mejía dice que la Corte Penal no concluyó todavía en su examen preliminar sobre los crímenes políticos y delitos de lesa humanidad causados por los golpistas, pues el caso sigue abierto, tan abierto que la próxima semana regresa la Fiscalía de la CPI al país para recabar nueva información.
No pudo concluir al aire este argumento, porque la señal de la televisora dejó el salón de los espejos donde se realizaba la audiencia y pasó a la Cámara Legislativa donde Toño Rivera confirmaba el quórum en sustitución de Mauricio Oliva.
La censura también ha sido visible esta semana en la Policía Nacional donde niegan las estadísticas de violencia e inseguridad por razones de protección de la imagen país, justo cuando incrementan los hechos brutales contra jóvenes y mujeres.
Es tal la urgencia de la censura oficial que esta semana el gobierno de Juan Orlando Hernández puso en vigencia la Ley de Secretos Oficiales, que revierte absolutamente la ley de transparencia y acceso ciudadano a la información pública aprobada en 2006.
Y también constituyen censura previa los llamados celosos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a radioemisoras comunitarias autorizadas por el ex presidente Porfirio Lobo, por criticar al Presidente Hernández y poner en riesgo la seguridad de su familia…
A criterio de la COATEL las emisoras comunitarias sólo pueden hablar de cultura, desarrollo, arte, cocina, medicina y agricultura, de Dios sería mejor, pero nunca sobre los asuntos del poder aquí en la tierra.
No caben dudas, camina al autoritarismo un régimen que en sólo una semana acudió a cuatro tipos diferentes de censura previa, como lo pueden atestiguar la diputada Gutiérrez, el abogado Mejía, la profesora Garmendia, el Observatorio de la Violencia y la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras.
Si este comportamiento continúa así, el futuro del Estado de Derecho está lejos de volver a ser recuperable en el corto plazo y sobreviene entonces una dictadura, que habremos de derrocar nuevamente con la organización popular.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 22 de marzo 2014
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