La organización no gubernamental Coalición contra la Impunidad, en la que participan 25 organizaciones cuyos mandatos comprenden la defensa y promoción de los derechos humanos1, invitó a un grupo de personas expertas en derechos humanos para que observara el proceso de designación del próximo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La Coalición manifestó su preocupación por el deterioro de la institucionalidad hondureña, especialmente la encargada de la impartición de justicia y la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas y colectividades.
Según la Coalición, el proceso de designación del próximo Comisionado presenta graves falencias. Entre ellas, se señala que la Ley Orgánica de la institución no es exigente en las condiciones y requisitos de las personas candidatas y algunas de ellas son aparentemente vagas y fáciles de cumplir. Asimismo, la escogencia del Comisionado no es transparente; no contempla la realización de audiencias públicas ni la participación de la sociedad civil; está rodeada de secretismo; algunas exigencias aparecen vagas y fáciles de cumplir.
Las organizaciones creen que posiblemente en estos días se prepare un acuerdo entre los partidos políticos más cercanos al nuevo gobierno, en el que participan además partidos ligados a los autores del golpe de Estado.
Quienes suscribimos este informe aceptamos el encargo de realizar una misión al país para observar el proceso y elaborar este informe con conclusiones y recomendaciones.
La misión tuvo lugar del 24 al 27 de febrero de 2014. Su agenda contempló una serie de reuniones y entrevistas con organizaciones no gubernamentales, abogados/as, defensores/as de derechos humanos, intelectuales, víctimas de violaciones de derechos humanos de la época de las dictaduras militares y posteriores, incluyendo aquellas producidas en los días del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Se entrevistó, además con la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con jueces destituidos luego del golpe de 2009.
Además, se entrevistó con los Embajadores de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América, así como con autoridades y funcionarios de las Naciones Unidas en el país. Asimismo, la Misión fue receptiva al interés de comunicadores y medios de comunicación social que han seguido el proceso de selección del Comisionado.
La misión participó también, junto a otros actores locales, en un panel sobre perfiles de candidatos (as) y papel de la sociedad civil en su elección.
En atención a que la designación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es decidida por el Congreso Nacional, se sostuvo entrevistas con los diputados y diputadas de los partidos políticos Liberal (PL), Anticorrupción (PAC) y Libertad y Refundación (Libre). La delegación lamenta no haber recibido respuesta del Partido Nacional (PN) a la demanda de entrevista.
II. El proceso de la designación del Comisionado
La ley orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos dispone que “La persona titular, de la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, será elegida por el Congreso Nacional para garantizar las acciones y medida de las autoridades, con el propósito de lograr el efectivo cumplimiento de las leyes y disposiciones que garanticen los derechos humanos.” (Artículo 2).
Luego la ley en su artículo 4 agrega: “La persona titular para Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, será elegida por el Congreso Nacional por un período de seis (6) años por mayoría de votos, pudiendo ser reelegido.”
El mismo texto prevé los siguientes requisitos a ser tomados para el perfil de la persona titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos: Artículo 5.
Para ser elegido titular como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, deber reunir los requisitos siguientes:
a. Ser hondureño por nacimiento;
b. Estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos;
c. Ser mayor de 30 años;
ch. Ser profesional de las ciencias jurídicas y sociales o profesional universitario
versado en derechos humanos; y,
d. Ser de reconocida honorabilidad
La falta de una mayoría calificada para la designación, según las organizaciones de la sociedad civil, facilita arreglos entre partidos con tendencias políticas más afines para elegir un/a candidato/a más cercano a sus posiciones, en perjuicio de una mayor valoración de los méritos de otros pretendientes al cargo.
La sociedad civil y otras instituciones manifestaron su preocupación por la posibilidad de que se esté considerando la renovación del mandato del actual Comisionado, Ramón Custodio, por parte de partidos políticos afines al actual gobierno. Como se recordará, el actuar del señor Custodio fue muy objetado por el abandono de su función de protección de los derechos humanos desde el día del golpe de Estado, a cuyos promotores y beneficiarios apoyó desde el inicio de los acontecimientos.
Algunas buenas noticias durante la misión En las entrevistas con los partidos políticos, la misión constató la existencia de condiciones que posibilitarían que se disipen los legítimos y justificados temores de las organizaciones, que dieron origen a nuestra presencia en el país: El 25 de febrero, la víspera de la reunión con los partidos políticos, se supo que el Congreso Nacional adoptó un “Reglamento y conceptos de las audiencias públicas para elección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos”. La delegación celebra que el “Reglamento y Conceptos” contemple la participación en el proceso de observadores que son todas las personas naturales o a título particular o en representación de una organización gubernamental o no gubernamental, medios de comunicación u otro sector de la sociedad civil sea invitada y debidamente acreditada como observador de todo o parte del proceso de selección, nombramiento y juramento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Es de esperar que el citado documento sea aplicado en la próxima -e inmediata- nominación del próximo Comisionado.
Una segunda buena noticia, es que todos los partidos políticos que conversaron con la delegación manifestaron que estaban de acuerdo con todo lo que expusieron los delegados. Ninguno rechazó nuestras observaciones y criterios y en todo momento y de forma unánime manifestaron, además de su agradecimiento por las recomendaciones, su disposición a que el proceso se lleve a cabo en las mejores condiciones y teniendo en mente los más altos intereses de derechos humanos de la sociedad hondureña.
III. Recomendaciones de la Misión
La misión intervino en los paneles del día 26 de febrero y escuchó las intervenciones de las representaciones de las organizaciones encargadas de la convocatoria. Con estos aportes y sobre las conversaciones y visitas realizadas, así como de la revisión de los “Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos” (Principios de París), la misión adopta las siguientes recomendaciones al Congreso Nacional:
1) En cuanto al perfil del Comisionado:
a) Debe ser una persona reconocida por su inobjetable apego a las normas morales y jurídicas;
b) Debe tener un intachable compromiso con la democracia, sin que se le pueda reprochar quiebre alguno en este aspecto;
c) Debe ser una persona de gran credibilidad. Todas las personas víctimas de una violación de derechos humanos deben tener la seguridad que la
institución del Comisionado les atenderá, en pleno cumplimiento de su mandato de protección y defensa de los derechos humanos;
d) Debe asumir la tarea de garante de los derechos humanos de todas las personas y colectividades sin discriminación de ninguna índole;
e) Debe actuar sin considerar las opiniones políticas ni religiosas de las víctimas que recurren a él ni las propias o las de integrantes de su equipo;
f) Debe ser una persona experta en derechos humanos y, en lo posible, con una trayectoria de vida de compromiso en esta materia;
g) Debe tener experiencia en educación en derechos humanos, y el propósito de implementar programas en esta materia, para todos los niveles sociales, etarios, de género u opciones sexuales;
h) Debe tener una independencia absoluta respecto de las asociaciones, partidos políticos, credos religiosos, autoridades políticas y de cualquier otra índole con las que estuviere ligadas; y
i) En la selección de personal, debe respetar el principio de igualdad de todas las personas al acceso a las funciones públicas, aplicando criterios objetivos y técnicos de las personas que seleccione.
2) Sobre el proceso de designación:
a) El Congreso Nacional debe seleccionar al candidato con prescindencia de la militancia política, del credo, etnia, color género u opción sexual, de sus opiniones filosóficas, ideológicas o de otra índole, posición social o económica, y sin ningún tipo de discriminación.
b) Incorporar buenas prácticas de otros países en procesos de selección similares, las cuales incluyen al menos los siguientes aspectos:
i. La convocatoria debe partir de un perfil previamente establecido y hacerse pública para que cualquier persona que cumpla los requisitos de elegibilidad pueda participar, en igualdad de condiciones, en el proceso. La publicidad podrá incluir la impresión en diarios de máxima circulación; la inclusión en el sitio web oficial del Congreso; y los anuncios en el canal del Congreso; entre otros.
ii. La convocatoria también debe definir una hoja de ruta con fechas, plazos, actividades y responsables.
iii. El proceso debe tener una metodología de trabajo en la que se definan los aspectos a ser evaluados, los métodos de evaluación (revisión de documentos, audiencias públicas, etc.) y los puntajes por cada rubro.
iv. En todo momento se deben prever herramientas de información pública a la ciudadanía con el fin de que pueda estar informada y participar con observaciones. Tales herramientas pueden incluir la publicación de la lista de todas las personas que se hayan postulado al cargo; la convocatoria a audiencias públicas; la publicación en el sitio web del Congreso de los documentos entregados por las personas postulantes; etc.
v. La decisión final debe explicar claramente las razones que llevaron al Congreso Nacional a elegir a la persona designada.
3) Garantías y condiciones de participación activa de la sociedad civil y la población en general en el proceso de selección:
a) investigación sobre los antecedentes e historia de las personas candidatas, formulando consultas que estos debieran responder;
b) mantener informada a la sociedad civil acerca del procedimiento y establecer procesos de reclamo de lo que no esté conforme a la ley o las exigencias generales de los concursos públicos.
4) Sugerencia de puntos para conformar una agenda para trabajar con el nuevo Comisionado:
a) Presentar reclamos sobre cada violación de derechos humanos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales;
b) Hacer informes alternativos a los que elabore el Comisionado;
c) Solicitar informes factuales, periódicos al Comisionado y al Congreso Nacional en lo que le corresponde respecto del fortalecimiento presupuestario del Comisionado;
d) Ofrecer al Comisionado colaboración en investigaciones u otras actividades que se estime necesario;
e) Exigir el cumplimiento de las recomendaciones hechas por los Estados en el marco del Examen Periódico Universal y de todas las decisiones de órganos internacionales de protección de derechos humanos; y
f) Ofrecer servicios de mediador en conflictos en los que puede ser útil.
Estas sugerencias, formuladas de buena fe y de manera independiente, no son limitativas de cualquier otra iniciativa tendiente a mejorar y transparentar el proceso de selección a fin de que la persona con el mejor perfil pueda asumir el importante cargo de Comisionada Nacional de Derechos Humanos.
La Misión agradece a las organizaciones de la sociedad civil, víctimas, parlamentarios, diplomáticos acreditados en Honduras, funcionarios y académicos por el apoyo, las valoraciones e insumos para el cumplimiento exitoso de los objetivos planteados. Honduras vive momentos importantes y grandes retos en materia de derechos humanos. Sin duda alguna, una elección responsable, certera, transparente y participativa del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos servirá para que las personas tengan confianza en que el/la magistrado/a de conciencia velará por el efectivo cumplimiento de los derechos humanos reconocidos en la normativa hondureña y los tratados internacionales de los que el Estado hondureño es parte.
Roberto Garretón (Chile)
Hugo Lorenzo (Uruguay)
Lucrecia Molina (Guatemala)
Alejandra Nuño (México)
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