Por Enrique González
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La XXV Asamblea del Consejo Empresarial de América Latina contará con la presencia de Mariano Rajoy, Felipe González y empresarios como Juan Luis Cebrián, Antonio Brufau o César Alierta
Del 1 al 3 de octubre se celebra en el campus Distrito Telefónica de Madrid la XXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), bajo el lema ‘Espacio Empresarial Iberoamericano, una oportunidad para el crecimiento’, un acto que será inaugurado por el presidente Mariano Rajoy y contará con la presencia del expresidente Felipe González, el magnate de la prensa Juan Luis Cebrián y miembros de la élite empresarial española, como Antonio Brufau (Repsol), César Alierta (Telefónica) y el presidente de honor del CEAL, Enrique Iglesias, ex secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos.
En el marco de este acto, en la Casa de América (Palacio de Linares) el empresario hondureño Miguel Facussé recibirá el primer Premio Fundadores, una condecoración que pretende dar reconocimiento a su visión “como actor de la economía de Honduras” y su “incidencia en el desarrollo de la región y la sociedad”. En la página web de Dinant, la empresa principal de Facussé, se afirma que el galardonado “mantiene una visión de crecimiento sostenible en la cual promulga la prosperidad económica, el desarrollo social y el bienestar de la comunidad en toda incursión de negocios”. Sin embargo, un breve recorrido por la hemeroteca ofrece información sobre el nominado que no recoge este perfil.
“Depredador de la prensa” Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), Facussé “pertenece a uno de los clanes de la oligarquía más poderosos que se reparten la riqueza del país”, y fue “uno de los principales apoyos del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que derrocó al presidente Manuel Zelaya”. Tras el golpe “comenzó una severa represión, que aún continúa, contra los medios de comunicación de oposición”, habiéndose registrado el asesinato de 19 periodistas desde entonces. Esta represión, afirma RSF, se orienta “en especial contra los (medios) comunitarios” cuyas transmisiones “contrarían los intereses de los grandes propietarios, Miguel Facussé Barjum a la cabeza”. No obstante, “el magnate y su milicia privada pueden contar con el apoyo de la Policía y del Ejército para ejercer su represión”. El protagonismo de Facussé en la represión de la opinión contraria a sus intereses ha llevado a RSF a otorgarle la calificación de “depredador de la prensa” de 2013, una distinción que reserva a algunas decenas de personajes cada año.
El empresario “hecho a sí mismo” El octogenario Miguel Facussé Barjum es el empresario más rico y poderoso del país y uno de sus principales terratenientes. Su empresa Dinant se dedica a la industria de la alimentación y los agrocombustibles. A finales de los 70 se integró a un grupo conocido como Asociación para el Progreso de Honduras (APROH), que participó en la persecución a opositores del régimen militar y del que fue vicepresidente. Posteriormente, APROH apoyó la transición de gobiernos militares a gobiernos electos democráticamente, y a comienzos de los 80 Facussé se convirtió en consejero económico de la presidencia, beneficiándose de la agenda privatizadora que él mismo impulsó. Entre 1998 y 2002, su sobrino Carlos Flores Facusse fue presidente de la República, lo que le permitió aumentar su influencia en los círculos de poder.
De acuerdo a un informe de la agencia Bolpress, su “sólida amistad con los gobiernos militares de facto” le permitió ser uno de los principales beneficiarios de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), de la que obtuvo millonarios préstamos a costa del endeudamiento público de Honduras. Posteriormente, se declaró en quiebra y eludió pagar el préstamo. En 1991, el procurador general de la República le acusó criminalmente, junto a otros empresarios de su entorno, por los delitos de estafa, fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación en perjuicio de CONADI. El caso no prosperó, y el procurador fue destituido de su cargo. Diez años después, un tribunal emitió una orden de captura contra él, tras ser imputado por contaminar las fuentes acuíferas de la capital con emisiones de su empresa. El resultado fue el mismo: la juez que abrió el caso fue separada de su cargo y la orden de captura fue revocada.
Narcotráfico Desde el golpe de Estado de 2009, la presencia militar de EE UU y la financiación de actividades de las fuerzas armadas hondureñas han aumentado notablemente, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico en la región. Washington ha asignado 45 millones de dólares para la expansión de la Base Soto de la Fuerza Aérea en Palmerola y ha abierto tres nuevas bases militares. La organización Rights Action ha denunciado que las operaciones militares de fuerzas hondureñas en el valle del Bajo Aguán se benefician de estos fondos, mientras que otras fuentes apuntan a que fuerzas estadounidenses han entrenado a guardias de seguridad de Facusse.
Entre tanto, documentos filtrados por Wikileaks muestran que el empresario hondureño está implicado en el tráfico ilegal de drogas. Un cable de la embajada de EE UU en Tegucigalpa del 19 de marzo de 2004 informa de que un avión con mil kilos de cocaína de Colombia aterrizó en terrenos de su propiedad. El cable aseguraba que ésa era la tercera vez en 15 meses que se había vinculado una de sus propiedades con actividades de narcotráfico. Años después, sus agentes de seguridad han recibido entrenamiento militar por efectivos estadounidenses, y participan en la represión de campesinos en el Bajo Aguán, en estrecha colaboración con el Ejército y Policía hondureñas.
Represión del movimiento campesino A comienzos de los 90, Facussé participó en la iniciativa que llevó al Gobierno a abrir a los grandes capitales el Valle del Bajo Aguán, una zona de asentamientos campesinos relativamente recientes. Desde 1994, ha venido acaparando tierras para la siembra de palmas para agrocombustibles, forzando el desplazamiento de población o la venta de terrenos y haciéndose con las mejores tierras del valle más fértil de Honduras. Hoy día, es propietario de una quinta parte de la región, y entre 200 y 300 agentes armados trabajan a su servicio.
Con ocasión de una masacre de cinco campesinos en noviembre de 2010, el Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) acusó a “sicarios y asesinos del empresario Miguel Facussé” como responsables, denunciando que Policía y Ejército no sólo no se enfrenta a estos grupos armados, “sino que los protegen y dotan con sus vehículos, fatigas y armas de grueso calibre para cubrir sus masacres”. MUCA, que adelanta una campaña de boicot a las empresas de quien será próximamente galardonado por la CEAL, exigió a su vez “el desarme del Ejército de sicarios armados que comanda Miguel Facussé con entrenamiento militar por equipos Rangers de Estados Unidos”.
En febrero de 2012, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denunció que la militarización llevada a cabo por el Gobierno ha convertido la región “en una especie de campo de concentración, donde los campesinos son sometidos a permanente operativos y allanamientos, como parte de la estrategia de terror implementada en esa región, para destruir el proceso de resistencia de los campesinos y así lograr ratificar el poder de Facusse y sus sicarios”.
Según cifras del Comité de Familias de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), al menos 44 personas han sido asesinadas en la zona desde el golpe de 2009. El Observatorio Permanente de Derechos Humanos estima que entre 2008 y 2013, 128 personas han muerto en el marco de este conflicto, 90 de las cuáles son campesinos. En un comunicado de mayo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cita un informe que recoge 122 muertes violentas desde 2010.
De acuerdo a otro informe de 2011, elaborado por una misión investigadora del Consejo Mundial de Iglesias y Foodfirst Information and Action Network (FIAN), “en todos los casos, según testigos y miembros de los movimientos de campesinos, los guardias de seguridad que trabajan para Miguel Facussé y René Morales están considerados los protagonistas primordiales”. Por su parte, Human Rights Watch ha denunciado que nadie ha sido arrestado o enjuiciado por estos asesinatos.
En mayo de este mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 123 líderes y lideresas de los movimientos campesinos que luchan por la tierra en la región, “solicitando al gobierno de Honduras adoptar las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad”.
Las denuncias acerca de la participación de Facussé en la represión y el asesinato de campesinos han trascendido más allá de los grupos de derechos humanos. En abril de 2011, después de investigar la situación en el Bajo Aguán, el banco alemán de desarrollo DEG decidió anular un préstamo de 20 millones de dólares que había otorgado a Dinant. Una semana después, la corporación energética francesa EDF anuló una operación de compra de créditos de carbono a la misma empresa.
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