COFADEH
___________________
Fueron enviadas en forma física y electrónica ocho solicitudes de información desde Tocoa sobre proyectos de minería metálica y ZEDES en el departamento de Colón; sobre órdenes de captura supuestamente en proceso de ejecución contra liderazgos campesinos de Finca Panamá y tres peticiones a la Municipalidad que preside Adán Funes, de LibRe, sobre planillas de sueldos y salarios, empresas privadas de seguridad operando en este municipio de Tocoa y fragmentaciones de terrenos donados a mujeres, entre otras.
_______________________
El pasado fin de semana, en Tocoa, Colón, fue facilitado un taller a defensores y defensoras de derechos humanos sobre los contenidos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada en 2006.
Participaron más de 20 liderazgos de distintas organizaciones sociales y empresas campesinas del Valle del Aguán, que por primera vez tuvieron en sus manos este instrumento de cultura democrática.
El taller fue facilitado por el Comité de Familiares de Detenidos - Desaparecidos en Honduras, COFADEH, en el marco de un proyecto de acompañamiento y apoyo a defensores de territorios y bienes comunes de la Naturaleza, que co ejecutan además FIAN y el CEPRODEC en los valles del Aguán y Siria, con apoyo de la UE.
“Fue un taller realmente distinto al que hemos estado acostumbradas, porque fue creativo, dinámico y práctico”, comentó Haydé Saravia, portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA.
“Para mí es muy importante saber ahora que no necesitamos formalidades ni fundamentaciones o motivaciones para pedir información a los entes públicos ni mucho menos decir para qué queremos los datos”, resumió Pedro Ulloa, del Movimiento Campesino del Aguán, MCA.
“Es una ley que nos obliga también a documentarnos sobre lo que vamos a pedir y a recibir, lo que nos hace protagonistas de la relación ciudadanía - Estado”, ilustró al final Fátima Navas, del sindicato de trabajadoras de la Municipalidad de Tocoa.
Las personas participantes en el taller cuestionaron la aprobación de leyes restrictivas de derechos humanos como la intervención de teléfonos, comunicaciones públicas y privadas, y la ley de secretos oficiales en materia de seguridad y defensa, que chocan contra la política de transparencia y acceso ciudadano a la información pública.
No obstante esa opacidad deliberada de las elites políticas, policiales, militares y empresariales, permanece el derecho universal de cualquier persona a ejercer su independencia frente al Estado solicitándole “hacer público lo público”.
La Ley de Transparencia contiene 39 artículos que obligan a todas las instituciones estatales y privadas a publicar información de oficio o a petición de parte, y faculta al Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, a socorrer a los peticionarios cuando sus solicitudes son negadas o contestadas parcialmente o en forma maliciosa.
El principal compromiso al cierre de esta jornada fue que las y los peticionarios informarán al Observatorio de Derechos Humanos, a COPA y al COFADEH sobre las respuestas o silencios que reciban de las instituciones cuestionadas.
“Estaremos atentas al plazo inicial de 10 días hábiles que tienen los sujetos obligados para contestar sus peticiones y vamos a analizar con ustedes las respuestas o denegatorias que reciban, para acompañarles en los recursos de revisión ante el IAIP o de amparo ante la Corte Suprema de Justicia según sea el caso”, prometió la abogada Lorena Rubí, responsable técnica del proyecto por parte del COFADEH.
Las peticiones
Las peticiones hechas el pasado lunes 29 de septiembre a la Municipalidad de Tocoa indagan sobre sueldos y salarios pagados en planilla completa desde enero a septiembre de 2014, datos que deberían estar publicados de oficio en su portal de transparencia según el artículo 13 de la Ley.
También hubo consultas escritas a esta Corporación sobre su nivel de responsabilidad legal en el otorgamiento de permisos de operación a empresas privadas de seguridad, nombres de dichas empresas, total de hombres en armas, tipos de armamentos y controles que realizan sobre ellas.
Igualmente, la Asociación de Mujeres Casa Luna pidió que el Alcalde Adán Funes exprese por escrito las razones que consideró la Corporación para fragmentar un terreno donado a su favor en 2002 en el barrio Miraflores.
La secretaría de mejores prácticas o comité de las “ciudades modelo” recibió también la pregunta ¿En qué fase o momento está la consulta popular para la instalación de una ZEDE en el departamento de Colón?
Por su parte, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) fue interrogado sobre las concesiones mineras metálicas otorgadas para exploración y/o explotación en los sectores de Quebrada de Arena y San José de Corrales, en el municipio de Tocoa, Colón, así como la ubicación exacta de los proyectos mineros Manto 1, 2 y 3 en este mimos municipio.
El Movimiento Campesino de Rigores preguntó al Instituto Nacional Agrario sobre los avances en el proceso de titulación de tierra a varias empresas de este movimiento en el valle del Aguán.
Y, por su parte, el Movimiento “Gregorio Chávez” pidió información pública al Juzgado de Letras de Trujillo sobre la supuesta emisión de órdenes de captura a campesinas y campesinos de la Finca Panamá, militarizada y criminalizada por el régimen.
El observatorio de derechos humanos pidió al Ministerio Público que informe sobre el número de exhumaciones programadas para la segunda fase de la Comisión Especial de Investigación de Muertes Violentas en el Aguán, señalando los sitios y las fechas, y que evalúe los resultados de la primera fase, especialmente en lo concerniente a patrones de muerte, tipos de armas, procesos penales derivados, órdenes de captura emitidas a imputados y supuestos responsables intelectuales.
El Manual Operativo de la Fuerza Xatrucho en el marco del conflicto agrario en el Valle del Aguán es una petición pendiente surgida al cierre del taller sobre uso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública…
No hay comentarios:
Publicar un comentario