Generar en cada país y la región centroamericana un movimiento amplio, que desde la sociedad civil profundice la lucha por la democratización de las comunicaciones y reivindique el derecho a la comunicación, fue la conclusión a la que se llegó al finalizar el Encuentro Centroamericano de Periodistas Comunitarios y Defensores/as de Derechos Humanos, realizado esta semana en Tegucigalpa.
En el encuentro, organizado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias –AMARC- y la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras –AMCH-, los periodistas comunitarios acordaron demandar al poder Ejecutivo y Legislativo de los pueblos centroamericanos el desarrollo de políticas públicas y marcos jurídicos que garanticen la pluralidad de medios como una de las condiciones para medir la calidad de la democracia en la región.
Oscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos y representante de AMARC para Centroamérica, expresó que “la comunicación es un derecho humano, no una mercancía”.
Agregó que es “necesario” crear una agenda ciudadana de lucha para garantizar “en nuestros países el goce y disfrute del derecho a la comunicación”.
La agenda ciudadana de lucha debería enfocarse en el reconocimiento de la radiodifusión comunitaria; demandar un clima de seguridad para el ejercicio periodístico y la democratización en la asignación de la pauta publicitaria estatal, apuntaron los más de cien periodistas comunitarios y defensores/as de derechos humanos de la región centroamericana.
Entre censura y discriminación
En medio de una corriente transformadora en el ámbito mediático, marcos político- jurídicos favorables a los oligopolios mediáticos comerciales, lo que ha propiciado una fuerte presión del mercado sobre el ejercicio periodístico, favorecen a la censura y autocensura, es la situación a la que se enfrentan las y los periodistas en Centroamérica, según el diagnóstico “Violaciones a los Derechos Humanos de Periodistas y Medios Comunitarios” realizado y presentado por AMARC y Comunicándonos, en el Encuentro Centroamericano de Periodistas Comunitarios.
La periodista e investigadora nicaragüense, Patricia Orozco, explica que desde la llegada al poder del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, los periodistas se enfrentan a una serie de amenazas y agresiones.
“Hay una mayoría abrumadora de periodistas que coinciden en afirmar que hay problemas con la libertad de expresión, que hay amenazas, que hay riegos; en segundo lugar hay un grupo de periodistas que hablan de amenazas a muerte, en el ejercicio de su profesión las han enfrentado”, detalló Orozco.
La encuesta realizada a los periodistas, hombres y mujeres nicaragüenses, indica que el principal derecho violado en el que coinciden es el acceso a la información pública.
De acuerdo a la investigación, en el caso de El Salvador siete de cada diez periodistas han sufrido censura alguna vez en su carrera, y a tres de cada diez comunicadores y comunicadoras se les ha restringido el acceso a la información.
Andrea Cristancho, investigadora y periodista en El Salvador, manifiesta que la situación para el periodismo en ese país no es alentadora: ¿Por qué?, porque por un lado encontramos que se ha venido configurando un clima de silencio; un 67 por ciento de los periodistas aseguró que ha sido censurado; también, un porcentaje importante señaló que ha sido sometido a algún tipo de agresión.
Cristancho explica que entre los entes agresores de los/as periodistas destacan los gobiernos centrales y los partidos políticos salvadoreños.
Mientras que en Guatemala, la investigación, que fue realizada por la comunicadora Anna Jover, demuestra que existe una interrelación entre la calidad de la democracia, el acceso a la información y el ejercicio de la libertad de expresión, tanto de los medios de comunicación comunitaria como de los comerciales.
“Hay una situación bastante compleja alrededor de las políticas, de las leyes que están establecidas para proteger a los periodistas y a los medios comunitarios, el problema es que estas leyes no se están cumpliendo; y existen un clima político contradictorio y contraproducente para la defensa de los derechos humanos y, justo, para aquellos periodistas que quieren investigar lo que está sucediendo en el país con los territorios y con el narcotráfico”, dijo Jover.
En el caso de Honduras se reveló que existen avances importantes de parte de la ciudadanía en cuanto a la comunicación comunitaria, sin embargo se destaca el reflejo de un contexto de inseguridad y violencia que incapacita al Estado y convierte el ejercicio del derecho a la comunicación social en actividades de alto riesgo.
Según el diagnóstico realizado por la periodista Dina Meza, un 72 por ciento de los periodistas entrevistados dijeron sufrir algún tipo de censura, ejercida por funcionarios públicos, los anunciantes y el propietario del medio.
Además se destaca que de la muestra encuestada, la mayoría identifica a la Policía como la principal fuente de amenaza y agresiones hacia comunicadores.
“Es preocupante que el Poder Judicial se encuentra en tercer lugar, cuando el papel de este deber ser interceder en los casos en que la libertad de prensa y expresión se ve coartada”, dijo Meza.
Las investigadoras instan a los Estados centroamericanos a apoyar las iniciativas que estén encaminadas la protección de los derechos humanos de los periodistas y de los medios comunitarios, con el fin de garantizar una comunicación más democrática en los países.
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