“Lo que está pasando con nuestra comunidad es una clara violación a los derechos humanos y territoriales de las familias que habitamos la comunidad garífuna Barra Vieja, Tela, siendo el desalojo parte de una estrategia de expulsión del pueblo negro de la costa atlántica”, indicó Carlos Castillo, presidente del patronato de dicha comunidad.
El desalojo para las 400 personas que habitan Barra Vieja, se ejecutó el martes 30 de septiembre de 2014 con una fuerza combinada de policía y ejército. La comunidad Barra Vieja está ubicada contiguo al proyecto turístico Indura Resort, en la ciudad de Tela, Atlántida, perteneciente a la élite de poder de Honduras, implicados directamente en el golpe de estado del 2009.
“Nosotros ese mismo día, ya en horas de la noche regresamos a nuestra comunidad porque nos pertenece ancestralmente. Recordemos que fueron nuestros antepasados quienes llegaron en 1802 procedentes de lugares aledaños y comenzaron descombrar los guamiles que habían en esta zona e hicieron las pequeñas casas para habitarlas”, aseguró Carlos Castillo.
Argumentó que en esa misma comunidad empobrecida han nacido y crecido dignamente en sus pequeñas casas de manaca, madera y otros materiales. “Aquí mismo también han nacido nuestras hijas y e hijos, y hemos sobrevivido por más de dos siglos cultivando la tierra y desarrollando la pesca artesanal”.
“El proceso de desalojo inició desde el pasado mes de agosto, pero fueron truncados ante los repetidos fallos de redacción de la orden de desalojo, la cual eran dirigidas a personas y no a la comunidad de Barra Vieja”, indicó Norma Quioto, dirigente de la comunidad.
Esta mujer, con su fuerza, lamentó la actitud de las autoridades judiciales quienes el lunes 29 de septiembre después de la cinco de la tarde lograron elaborar una nueva orden de captura que fue la que se llevó al día siguiente para ejecutar el desalojo.
Menores afectados
Cuando personas extrañas a la comunidad llegan a Barra Vieja, los niños y las niñas comienzan a sentir zozobra. “Nuestros hijos piensan que son los policías y los militares que vienen a desalojarlos de las casas”, aseguró una vecina quien cargaba a su hijo en brazos.
De acuerdo a testimonios de las madres y padres de familia, la mayor parte de los menores tiene problemas psicológicos ya que ellos y ellas vieron cuando los policías y militares armados entraron a las casas y comenzaron a sacar por la fuerza las pertenencias de cada familia.
“A mí me sacaron mis juguetes y me los tiraron a la calle”, dijo un niño de 3 años de edad mientras sus ojos se llenaban de lágrimas creyendo que el equipo de Radio Progreso y el semanario aMecate Corto, éramos parte de las personas que íbamos a desalojarlos nuevamente.
“Mis hermanos y yo sacamos la ropa y los juguetes, y salimos corriendo para la lancha que está a la orilla del mar. Así no escapamos de esos hombres malos que vienen a sacarnos de nuestras casas (Militares y policías)”, indicó una niña mientras junto a otros menores se mecían en una hamaca colgada de dos árboles de coco.
Mirna Zambulá madre de dos menores indicó que actualmente carecen de alimentos ya que no pueden salir a trabajar por el temor que en cualquier momento lleguen a ejecutar un nuevo desalojo.
“Nosotros necesitamos la ayuda de víveres para que nuestros hijos puedan tener algo que comer. Además necesitamos la solidaridad de las diferentes organizaciones sociales del país, porque nos estamos enfrentando a las familias Maduro, Facussé, Atala, Rosenthal, Juan Orlando Hernández, etc, ya que son los principales socios de este proyecto turístico”, indicó.
“Hasta el momento son pocas las organizaciones que se han solidarizado con nosotros. Recordemos que aquí tenemos un cerco mediático que imposibilita que nuestros gritos de justicia salgan por los medios de comunicación. No así hay una campaña sobre las supuestas bondades del proyecto turístico para las comunidades garífunas y el pueblo hondureño.
La justicia al servicio del poder económico
“Con lo que está pasando en nuestra comunidad queda demostrado que aquí el sistema de justicia, la policía, los militares y la misma municipalidad son los mandaderos de quienes controlan el poder económico y político de Honduras”, indicó José Gamboa, vecino de la comunidad.
Las comunidades garífunas tienen una riqueza natural; rodeadas por el mar, por el parque nacional Jeannette Kawas, las lagunas Los Micos, Quemada y El Diamante, por lo que el proyecto Turístico, conocido como Bahía de Tela, pretende quedarse con las tierras donde han vivido las comunidades garífunas.
El complejo turístico Bahía de Tela fue construido con una inversión de 122 millones de dólares, equivalentes a más de 2,400 millones de lempiras, mediante una alianza público-privada, en la que el gobierno de Honduras es dueño del 49% de las acciones y un grupo de empresarios, del 51%. El proyecto fue inaugurado en noviembre del año pasado, al mismo tiempo que se efectuó una reunión del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).
El complejo turístico cuenta con más de tres kilómetros de playa natural donde solo se puede ingresar como cliente. Este año fue inaugurado el uno de los mejores campos de golf del continente americano, el cual incluye 18 hoyos. El campo de golf, diseñado por el reconocido jugador Gary Player, quien está incluido en el Salón de la Fama del Golf. (En Honduras solo la alta clase económica y política juega este deporte).
La Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, culpa al proyecto turístico de rellenar 80 hectáreas del humedal de Laguna de los Micos, para la construcción de un campo de golf, sin tomar en cuenta el daño ambiental causado en la zona.
“Más de 20 comunidades garífunas han sido incluidas dentro las Ciudades Modelo (Zede) que pretenden el Estado de Honduras subastar al capital extranjero para la creación de republiquetas cuasi independientes, siguiendo el modelo de los libertarios que han visto en Honduras un lugar propicio para instalar un laboratorio político social destinado a derruir los estado-nación existentes en Centroamérica”, según un comunicado de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh.
Desalojo en Barra Vieja conforma estrategia de expulsión del pueblo garífuna
“Lo que está pasando con nuestra comunidad es una clara violación a los derechos humanos y territoriales de las familias que habitamos la comunidad garífuna Barra Vieja, Tela, siendo el desalojo parte de una estrategia de expulsión del pueblo negro de la costa atlántica”, indicó Carlos Castillo, presidente del patronato de dicha comunidad.
El desalojo para las 400 personas que habitan Barra Vieja, se ejecutó el martes 30 de septiembre de 2014 con una fuerza combinada de policía y ejército. La comunidad Barra Vieja está ubicada contiguo al proyecto turístico Indura Resort, en la ciudad de Tela, Atlántida, perteneciente a la élite de poder de Honduras, implicados directamente en el golpe de estado del 2009.
“Nosotros ese mismo día, ya en horas de la noche regresamos a nuestra comunidad porque nos pertenece ancestralmente. Recordemos que fueron nuestros antepasados quienes llegaron en 1802 procedentes de lugares aledaños y comenzaron descombrar los guamiles que habían en esta zona e hicieron las pequeñas casas para habitarlas”, aseguró Carlos Castillo.
Argumentó que en esa misma comunidad empobrecida han nacido y crecido dignamente en sus pequeñas casas de manaca, madera y otros materiales. “Aquí mismo también han nacido nuestras hijas y e hijos, y hemos sobrevivido por más de dos siglos cultivando la tierra y desarrollando la pesca artesanal”.
“El proceso de desalojo inició desde el pasado mes de agosto, pero fueron truncados ante los repetidos fallos de redacción de la orden de desalojo, la cual eran dirigidas a personas y no a la comunidad de Barra Vieja”, indicó Norma Quioto, dirigente de la comunidad.
Esta mujer, con su fuerza, lamentó la actitud de las autoridades judiciales quienes el lunes 29 de septiembre después de la cinco de la tarde lograron elaborar una nueva orden de captura que fue la que se llevó al día siguiente para ejecutar el desalojo.
Menores afectados
Cuando personas extrañas a la comunidad llegan a Barra Vieja, los niños y las niñas comienzan a sentir zozobra. “Nuestros hijos piensan que son los policías y los militares que vienen a desalojarlos de las casas”, aseguró una vecina quien cargaba a su hijo en brazos.
De acuerdo a testimonios de las madres y padres de familia, la mayor parte de los menores tiene problemas psicológicos ya que ellos y ellas vieron cuando los policías y militares armados entraron a las casas y comenzaron a sacar por la fuerza las pertenencias de cada familia.
“A mí me sacaron mis juguetes y me los tiraron a la calle”, dijo un niño de 3 años de edad mientras sus ojos se llenaban de lágrimas creyendo que el equipo de Radio Progreso y el semanario aMecate Corto, éramos parte de las personas que íbamos a desalojarlos nuevamente.
“Mis hermanos y yo sacamos la ropa y los juguetes, y salimos corriendo para la lancha que está a la orilla del mar. Así no escapamos de esos hombres malos que vienen a sacarnos de nuestras casas (Militares y policías)”, indicó una niña mientras junto a otros menores se mecían en una hamaca colgada de dos árboles de coco.
Mirna Zambulá madre de dos menores indicó que actualmente carecen de alimentos ya que no pueden salir a trabajar por el temor que en cualquier momento lleguen a ejecutar un nuevo desalojo.
“Nosotros necesitamos la ayuda de víveres para que nuestros hijos puedan tener algo que comer. Además necesitamos la solidaridad de las diferentes organizaciones sociales del país, porque nos estamos enfrentando a las familias Maduro, Facussé, Atala, Rosenthal, Juan Orlando Hernández, etc, ya que son los principales socios de este proyecto turístico”, indicó.
“Hasta el momento son pocas las organizaciones que se han solidarizado con nosotros. Recordemos que aquí tenemos un cerco mediático que imposibilita que nuestros gritos de justicia salgan por los medios de comunicación. No así hay una campaña sobre las supuestas bondades del proyecto turístico para las comunidades garífunas y el pueblo hondureño.
La justicia al servicio del poder económico
“Con lo que está pasando en nuestra comunidad queda demostrado que aquí el sistema de justicia, la policía, los militares y la misma municipalidad son los mandaderos de quienes controlan el poder económico y político de Honduras”, indicó José Gamboa, vecino de la comunidad.
Las comunidades garífunas tienen una riqueza natural; rodeadas por el mar, por el parque nacional Jeannette Kawas, las lagunas Los Micos, Quemada y El Diamante, por lo que el proyecto Turístico, conocido como Bahía de Tela, pretende quedarse con las tierras donde han vivido las comunidades garífunas.
El complejo turístico Bahía de Tela fue construido con una inversión de 122 millones de dólares, equivalentes a más de 2,400 millones de lempiras, mediante una alianza público-privada, en la que el gobierno de Honduras es dueño del 49% de las acciones y un grupo de empresarios, del 51%. El proyecto fue inaugurado en noviembre del año pasado, al mismo tiempo que se efectuó una reunión del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).
El complejo turístico cuenta con más de tres kilómetros de playa natural donde solo se puede ingresar como cliente. Este año fue inaugurado el uno de los mejores campos de golf del continente americano, el cual incluye 18 hoyos. El campo de golf, diseñado por el reconocido jugador Gary Player, quien está incluido en el Salón de la Fama del Golf. (En Honduras solo la alta clase económica y política juega este deporte).
La Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, culpa al proyecto turístico de rellenar 80 hectáreas del humedal de Laguna de los Micos, para la construcción de un campo de golf, sin tomar en cuenta el daño ambiental causado en la zona.
“Más de 20 comunidades garífunas han sido incluidas dentro las Ciudades Modelo (Zede) que pretenden el Estado de Honduras subastar al capital extranjero para la creación de republiquetas cuasi independientes, siguiendo el modelo de los libertarios que han visto en Honduras un lugar propicio para instalar un laboratorio político social destinado a derruir los estado-nación existentes en Centroamérica”, según un comunicado de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh.
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