Esta semana se presentaron los resultados de una investigación en el caso del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Públicos (INJUPEMP), en ellos se indica que durante la administración de Andrés Torres —ex director de esta institución— se destinaron 95 millones de lempiras para la contratación de abogados externos, a pesar que la institución contaba con un cuerpo de asesores legales y profesionales del derecho.
Daysi de Anchecta, magistrada del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), dijo que esto no solo se da en el INJUPEMP, también pasa en otras instituciones del Estado que a pesar de tener cuerpos de asesores legales o profesionales del derecho, recurren a contratar externos.
El CNA dio nombres de los seis abogados contratados por el INJUPEMP: Santos Inestroza Tejeda, Ángel Irías Rodezno, Norman Torres, Teófilo Zúniga Salgado, Efraín Flores Hernández y Lenín Ernesto Martínez.
Andrés Torres es acusado de 24 delitos por la contratación de estos seis abogados.
Tanto Gabriela Castellanos —titular del CNA—, como el director de la Unidad de Investigación, Dagoberto Aspra, afirmaron que el ex director del INJUPEMP incurrió en seis delitos por abuso de autoridad, seis por violación a los deberes de los funcionarios públicos, seis por malversación de caudales públicos y seis por defraudación fiscal.
“Esta violación evidente de la Ley de Contratación del Estado pone en evidencia un perjuicio patrimonial al INJUPEMP de 95 millones 964 mil 191 lempiras producto de la firma de estos seis contratos,” expresó Gabriela Castellanos.
Más corrupción en el INJUPEMP
Otro de los escándalos de corrupción en esta institución de jubilaciones, fue la contratación de la empresa DiazGar, que trabajaba como intermediaria en la compra/venta de bonos soberanos entre el INJUPEMP y la UNAH; la cantidad defraudada fue de 5 millones de lempiras por los servicios de intermediación; la empresa DiazGar nunca estuvo inscrita en el Registro Público de Mercados de Valores de la Comisión Nacional de Banca y Seguros de Honduras (CNBS).
Según se establece en el informe, Andrés Torres, realizó estas contrataciones sin seguir los procedimientos que establece la Ley de Contracción del Estado, la cual estipula que las instituciones deben realizar Licitación Pública considerando el pliego de condiciones que es el modelo preparado por la oficina normativa de contratación y adquisidores.
A finales de septiembre, el Ministerio Público solicitó a Estados Unidos, la extradición del hondureño César Antonio Díaz García, representante legal de la empresa DiazGar S. de R. L.
Al parecer en Honduras, aportar dinero para recibir una pensión y jubilación digna, por parte de los empleados públicos; o aportar para recibir luego servicios de salud de calidad en un Seguro Social por parte de la clase trabajadora, se constituye en una maldición; en resumidas cuentas, a ambos sectores de la población trabajadora les ocurrió lo mismo: les malversaron y robaron sus fondos.
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