“Obviamente el crimen y los criminales se sienten en un ambiente de total impunidad que les permite atacar incluso a la autoridad que tiene delegada las facultades y la obligación de brindarnos seguridad a nosotros” expresó el abogado y ex fiscal de Ministerio Público Omar Menjivar en torno al vil asesinato de dos fiscales el pasado viernes en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
La abogada Marlene Banegas, titular de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la abogada Olga Patricia Eufragio quien se desempeñaba en la Fiscalía del Medio Ambiente en San Pedro Sula, fueron asesinadas el viernes 10 de octubre en la Avenida de Circunvalación de esta ciudad, catalogada en el mundo como la más violenta.
El exfiscal Omar Menjivar, quien además forma parte del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (Madj) dijo que estos hechos ponen en evidencia la desidia y el falso discurso del gobierno, que sostiene que el tema de seguridad está mejorando.
“Lo que vemos es que ni siquiera las autoridades que tienen altísimas responsabilidades, como las que tenía la fiscal Marlene Banegas, tenía protección, porque ella era la coordinadora de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, es decir, ella tenía la responsabilidad en la zona norte del país de investigar los homicidios, asesinatos y los delitos contra la vida, y ni siquiera ella tenía protección, no digamos los ciudadanos comunes”, expresó Menjivar.
Los profesionales del derecho condenan las condiciones de extrema vulnerabilidad en que los fiscales comprometidos con la justicia realizan sus labores, en una institución que no les garantiza los recursos mínimos para investigar y castigar a los criminales más violentos y a los sicarios más despiadados del país.
“Ella (Marlene Banegas) se movilizaba en unas condiciones de altísima vulnerabilidad. A pesar de las complejas y arriesgadas responsabilidades que tenía como coordinadora de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, iba en un carro cualquiera, sin seguridad de ningún tipo, acompañada nada más de la otra compañera (Olga Patricia) que también perdió la vida en el mismo atentado”, señaló Omar Menjivar.
Por su parte, el abogado Luis Chevez de la Rocha, miembro de la Convergencia por los Derechos Humanos en la zona norte, condenó la falta de protección del gobierno a los operadores de justicia. “Nosotros creemos que estas muertes son producto de las políticas de seguridad que ha implementado el actual gobierno, que no prioriza brindar protección a los operadores de justicia”.
Manifestó además que esto es el reflejo de la política de seguridad fracasada del gobierno, que está dando tumbos. Para Chevez, no es con la militarización que se resuelve el problema de la violencia.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Conadeh, indicó esta semana, que la violencia e impunidad ha cobrado la vida de 83 profesionales del derecho desde el 2010 a la fecha, casos que en su mayoría se encuentran en total impunidad.
Un sistema deficiente
El abogado Omar Menjivar expone que: “los fiscales de nuestro país, luchan sin herramientas. Básicamente, lo que tiene el fiscal, si es que siente algún compromiso con las funciones que les ha asignado la ley y el juramento que prestaron al momento de asumir estos cargos, es solamente voluntad, porque si vamos a ver el tema de los recursos, de la logística, de las herramientas necesarias para llevar a cabo un trabajo eficiente, nos vamos a encontrar con que realmente realizan el trabajo en condiciones de precariedad absoluta”.
Lo cierto es que a una semana de la muerte de las fiscales Marlene Banegas y Olga Patricia Eufragio, las autoridades siguen patinando en hipótesis, no se sabe con exactitud las razones, ni quienes son los autores materiales e intelectuales del doble crimen.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández dijo “bajo ninguna circunstancia quedará impune”. Esa advertencia la manifestó en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, acompañado de los miembros de las instituciones que integran el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Aunque no acompañó a los familiares en el último adiós de las fiscales, Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República, desde la comodidad de su oficina, dijo que este hecho criminal no solo enluta al Ministerio Público, sino que al pueblo hondureño en general.
Chinchilla señaló que esta semana se integraron equipos encaminados a ubicar, investigar, enjuiciar y castigar con todo el peso de la ley, a quien haya participado en ese lamentable delito.
Un mensaje directo al Estado
El abogado Samuel Madrid, Comisionado de Seguridad de Municipalidad de San Pedro Sula, dijo que el asesinato de las dos fiscales evidencia un mensaje directo hacia el Estado hondureño. “Esto nos hace un llamado a entender que vivimos en un país altamente vulnerable”.
Ningún fiscal del Ministerio Público ha querido referirse al tema, por las repercusiones que podrían traer sus valoraciones, aunque se ha constatado que tras la muerte de las fiscales, el ambiente que prima, es de zozobra y miedo.
Ley de Protección a Periodistas, Defensores y Operadores de Justicia
Ante a las muertes de comunicadores sociales, activistas que defienden libertades públicas, abogados y fiscales, en el Congreso Nacional sigue estancada la Ley para la Protección de Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.
La diputada del Partido Innovación y Unidad (PINU), Doris Gutiérrez, señaló que la ley no ha pasado a un tercer debate porque no existen los fondos económicos para su ejecución. Sin embargo ante los últimos acontecimientos violentos que cobraron la vida de dos fiscales en San Pedro Sula, se planteará a los jefes de bancada retomar la discusión del tema, pero además que se haga el esfuerzo para conseguir los fondos necesarios y que la ley después de ser aprobada, no quede en papel mojado. La sociedad civil también urgió al Congreso Nacional retomar esta discusión.
La presión para que se desengavete en el Congreso Nacional la Ley de Protección a los Periodistas, Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Operadores de la Justicia crece tras el asesinato de dos fiscales en San Pedro Sula.
“Esa acción de engavetar la ley aprobada ya en dos debates es una irresponsabilidad del gobierno de Juan Orlando Hernández,” según declaró el abogado Guillermo López Lone de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).
López Lone no se explica cómo es que solo haya protección para los fiscales General y Adjunto y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el resto de operadores de la justicia que son los que hacen el trabajo fuerte para llegar a los juicios, están desamparados.
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