Por Javier Suazo
El gobierno de la República a través de sus voceros del Gabinete Económico, caso del presidente del Banco Central y el Ministro de Finanzas, anunció el viernes 10 de octubre que se había llegado a un acuerdo preliminar con el FMI, el cual consiste en la firma de un Acuerdo “Stand Bay” de 36 meses. Igual informaron que el mismo deberá ser aprobado por el Directorio de dicho organismo para entrar en vigencia a partir del 10 de noviembre de 2014.
En declaraciones a la prensa, ambos funcionarios manifestaron que el compromiso negociado por el gobierno es la reducción del déficit fiscal, saneamiento de las empresas publicas reduciendo el porcentaje de perdidas de la ENEE y un menor monto de la masa salarial del sector publico, en especial de la administración centralizada.
No obstante estos esfuerzos de los funcionarios públicos y del propio presidente Juan Orlando Hernández para llegar a este punto de la negociación, cabe destacar las declaraciones del subdirector del FMI para el departamento del Hemisferio Occidental, Robert Rennhack, en el sentido que el acuerdo implica un fuerte sacrificio fiscal mayor a lo previsto. Esto cayó como “balde de agua fría” para la población que ha soportado después del golpe de Estado diez (10) trancazos sin que los indicadores económicos y sociales mejoren y más bien empeoren como ejemplo el alto déficit fiscal y de balanza comercial, sobreendeudamiento, desempleo, pobreza, costo de los servicios públicos y de la canasta básica de alimentos.
En las empresas públicas ya empezaron los despidos de empleados públicos, siendo evidente la “canillera” de empleados del gobierno central por la cancelación de plazas. Aunque el presidente Juan Orlando Hernández está en contra del un sobreajuste en las tarifas de energía eléctrica y eliminación de subsidios al consumo de la clase media y baja, los vientos que soplan es que el ajuste que trae el convenio es severo.
Acompañado de ello será necesaria una reducción considerable del gasto público, ya que el tamaño del sector público a criterio de los voceros del gobierno es desproporcionado, lo que implica la fusión y cierre de varias instituciones y el recorte de partidas presupuestarias. Estos recortes se esperan mayores a los propuestos en el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Republica 2015, ya que las proyecciones de captación de ingresos se elaboraron considerando un escenario inicial optimista de crecimiento del PIB y de avances en la reducción del déficit fiscal durante 2014.
La firma del convenio con el FMI, desde la óptica del gobierno, es un alivio a la crítica situación de las finanzas públicas que enfrenta, pero implica un costo político mucho mayor en caso que los vaticinios del Señor Rennhack se cumplan. En el corto plazo el acuerdo es beneficioso para el gobierno ya que se tendrá acceso directo e inmediato a 220 millones de dólares para apoyo presupuestario y de balanza de pagos, mejorará el riesgo país y habrá mayor apoyo de otras fuentes del crédito; en el mediano plazo, puede significar una camisa de fuerza ya que las medidas recomendadas conllevan una mayor resistencia de la población, inestabilidad política y protestas públicas.
En esta perspectiva, es de esperar que el gobierno no se salga del manual del FMI, manteniendo como objetivo único de política económica la estabilidad de precios, que implica una tasa de política monetaria alta y contracción de los medios de pagos y el gasto público; otras. Ello seguirá impactando negativamente en el sector real por la baja inversión, en tanto se ha demostrado que un mayor gasto en inversión pública cumple un rol fundamental como dinamizador de dicho sector y del empleo.
En el discurso del FMI y de funcionarios de gobierno este tipo de gasto de inversión se espera apoyar dentro del convenio al liberalizarse recursos con la reducción del gasto corriente, sin embargo los montos liberados son insuficientes por la restricción del pago del servicio de la deuda. Asimismo, el bajo monto de la inversión publica y nivel de ejecución demuestra que todavía el Estado hondureño no tiene una política clara de apoyo a los sectores productivos, más allá de los negocios “raros” y pocos transparentes de COALIANZA.
El gobierno de la República ha manejo las negociaciones con el FMI sin considerar la participación de los actores políticos, confiando en la alianza de las bancadas de los partidos liberal y nacional en el Congreso de la República; sin embargo, en la medida que se avance en el proceso de ajuste fiscal necesitará del apoyo de dichas fuerzas, y de otros actores como los trabajadores, campesinos, grupos de interés como los médicos y los maestros y academia.
En el gobierno anterior, el incumplimiento con el FMI se debió a una decisión política de abandonar la disciplina fiscal para hacer frente a la lucha electorera, actuando la maquinaria del partido de gobierno en el Congreso de la República en consonancia con las decisiones del Ejecutivo; es más, se puede decir que la agenda del Ejecutivo la dictó la presidencia del Congreso de la República. El gobierno actual espera cumplir el convenio ¿estabilizar las finanzas publicas? pero también le apuesta a la inversión extranjera para evitar el sesgo recesivo del ajuste. Ello solo lo podrá lograr con un pacto social o político, a menos que piense imponer su agenda por la fuerza tal como ha sido denunciado por las fuerzas de oposición.
A nuestro entender, el gobierno le apostará al cumplimiento del convenio por duro que fuera. En primer lugar, porque garantizar la estabilidad económica a toda costa es un prerrequisito del modelo monetarista neoliberal en marcha. En segundo lugar porque el cumplimiento de este prerrequisito posibilita, al menos en teoría, que exista un clima propicio para la inversión privada (nacional o extranjera) y, en tercer lugar, porque el nivel de endeudamiento de la economía es tal que sin convenio con el FMI será imposible seguir honrando los pagos de deuda a los acreedores.
La pregunta que surge es ¿A qué le apostará la oposición política? En primer lugar a la crítica de los duro de ajuste y sus impactos negativos en el bolsillo de los ciudadanos. En segundo lugar al acompañamiento de empleados públicos, trabajadores y grupos de interés en sus demandas por mejores condiciones de vida. En tercer lugar a proponer un ajuste menos duro que el actual, pero sin salirse del manual del FMI.
Se cuentan con los dedos aquellos líderes y dirigentes de la oposición que le apuestan a una ruptura con el FMI; la bandera del Socialismo Democrático parece ser que se quedará en casa en las próximas contiendas electorales.
Tegucigalpa, DC, 14 de octubre de 2014.
No hay comentarios:
Publicar un comentario