La crisis educativa en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sigue agudizándose. Está semana dejó, por un lado protestas del movimiento estudiantil, quien se opone a las nuevas normas académicas y por otro lado, las primeras represalias de las autoridades universitarias quienes denunciaron ante el Ministerio Público a tres estudiantes de la carrera de Sociología por la toma de las instalaciones universitarias en el segundo periodo de clases.
El tema de aprobación de las normas académicas, viene desde hace meses, en este periodo las autoridades han discutido en el Consejo Universitario los artículos que conformarán este nuevo reglamento, que fue aprobado y que está a la espera de ser publicado en la Gaceta Universitaria.
Paulatinamente al debate, el movimiento estudiantil ha desarrollado varias protestas y toma de instalaciones, una de ellas fue la acción realizada por los alumnos y alumnas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-Vs) en la última semana del segundo periodo académico, toma que duró casi una semana.
Los estudiantes nunca imaginaron que la acción de protesta generaría represalias por parte de la dirección del centro regional, pero el director de la Unah-Vs, el doctor Francisco Herrera, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público acusando a los estudiantes de Sociología Ovét Córdova, Marcos Rubí y Javier Hernández, por el delito de detentar el espacio de áreas o edificios del Estado, denuncia que obligó a los alumnos a presentarse a las instalaciones de la Fiscalía en San Pedro Sula, para declarar sobre el tema.
En este nuevo proceso administrativo que caracteriza a la cuarta reforma universitaria los escenarios han cambiado, prueba de ello es el resultado que deja la polémica de las normas académicas. Cuando se inició a discutir la propuesta se efectuó una manifestación estudiantil en una reunión de Consejo Universitario, en el que la Policía Militar capturó al estudiante de Pedagogía Darío Morán, quien fue puesto en libertad días después pero bajo muchas condicionantes.
Ahora en San Pedro Sula se da una acción similar a la que el director Francisco Herrera califica como un acto de orden y también de demostrar a los estudiantes que hay un reglamento que prohíbe tomarse las instalaciones universitarias y evitar la entrada de personal administrativo, docente y estudiantil al centro.
“Nosotros hablamos con los estudiantes que sostenían la toma, les pedimos que nos dejaran entrar y continuar con el desarrollo de las clases; pero nos dijeron que no, que ellos mandaban y que estaban en su derecho de cerrar las instalaciones”, manifestó el director Herrera en una entrevista realizada por Radio Progreso.
Herrera dijo que siguieron el proceso legal y por eso fueron al Ministerio Público a poner la denuncia contra los dirigentes estudiantiles, asimismo, dijo que están analizando junto a una comisión académica las sanciones contra los estudiantes que pueden ser: suspensiones permanentes, temporales o expulsiones; lo anterior basado en la Ley Orgánica de la Unah.
Por su parte los afectados no han hecho esperar su pronunciamiento al respecto y en palabras de Ovét Córdova, coordinador de la Federación de Asociaciones de Estudiantes (Fae) dijo: “esto es el reflejo de lo que pasa en el país, vivimos en un gobierno académico dictatorial, poco democrático, represor y que criminaliza la lucha”.
Córdova que declaró ante la Fiscalía el pasado miércoles 8 de octubre, lamentó que las autoridades no aplicarán el reglamento interno como proceso legítimo en contra de los dirigentes, sino que a su criterio intentan tratarlos como criminales con una denuncia judicial que podría causarles repercusiones de carácter legal en su historial de vida.
Entre tanto, Marcos Rubí dirigente del Movimiento Estudiantil Revolucionario Lorenzo Zelaya (Mer-Lz), repudió el proceso de acusación y además agregó que hay una intensión oculta de las autoridades para dañarles con este proceso.
Rubí aseguró que la citación del Ministerio Público fue emitida el 3 de octubre, pero que las autoridades retuvieron la cita y la entregaron hasta el día lunes 7 de octubre, esto para que no pudieran preparar una defensa legal.
“Las autoridades universitarias buscan intimidarnos y desarticular al movimiento que está en oposición contra el proceso de privatización que lleva la universidad. Pero tanto el director Herrera como las demás autoridades represoras están equivocadas al pensar que con acusarnos a nosotros el resto de estudiantes en lucha dejarán de exigir un alto a los atropellos que están cometiendo”, enfatizó Rubí.
En referencia a las acciones que vienen en los próximos días, el estudiante de Ingeniería Mecánica Erlin Gutiérrez dijo que para el próximo 15 de octubre, día en el que se celebra la autonomía universitaria, desarrollarán una manifestación para pronunciar su rechazo a las normas académicas y a la nueva Ley de Educación Superior.
“No tenemos miedo, seguiremos en la lucha estudiantil, por la defensa de la educación pública y por el respeto a los derechos de los alumnos y también para exigir un alto a la represión de la protesta social, que ahora es implementada en la universidad”, concluyó Gutiérrez.
El director de la Unah-Vs, Francisco Herrera, dijo que en ningún momento intentan reprimir al movimiento estudiantil y que la intención de las acusaciones es para hacer respetar las leyes existentes en el centro regional.
Luego de la audiencia declaratoria de los estudiantes, la Fiscalía anunció que investigará el caso y que en los próximos días se pronunciará sobre la continuación o finalización de los expedientes.
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