Un pacto fiscal que pueda elevar la calidad del gasto público, promover la equidad, dotar de mayor transparencia la acción fiscal y favorecer el desarrollo de la institucionalidad democrática, proponen al gobierno de Juan Orlando Hernández los integrantes del Grupo Promotor del Diálogo Fiscal.
La anterior propuesta, la realizaron ex funcionarios de finanzas y economistas de los países de la región centroamericana, quienes integran el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal, en un foro al que llamaron: “Pacto Fiscal: un Instrumento de Cohesión y Desarrollo Social”, desarrollado en Tegucigalpa.
Hugo Noé Pino, miembro del Grupo Promotor y del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI-, manifiesta que un Pacto Fiscal debe garantizar el derecho de la ciudadanía a saber cómo se utilizan los recursos del Estado.
“Usted ha de saber que en nuestro país y en el resto de Centroamérica existe la famosa expresión: yo no pago impuestos porque los derrochan o se los roban; el Pacto Fiscal garantiza de que así como es un deber pagar impuestos, es un derecho participar en cómo se utilizan esos recursos”, explicó Pino, exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central de Honduras.
Los gobiernos de la región centroamericana se han caracterizado por ser poco partidarios de incluir en la toma de decisiones a sus pueblos, ante ese hecho Juan Alberto Fuentes, economista y exministro de Finanzas en Guatemala, invita al gobierno hondureño a promover un pacto fiscal democrático, que refleje los intereses de la mayoría.
“Y uno de los instrumentos básicos para hacer eso es la política fiscal, ya sea por la vía de impuestos donde haya equidad, o por la vía del gasto atendiendo a los sectores más desfavorecidos”, dijo Fuentes.
Agregó que tiempo atrás “se destacaba el tema de la reforma agraria, pero en las sociedades actuales, creo que es el instrumento fiscal el más importante para favorecer la igualdad”.
Los desacuerdos e intereses, obstáculos para no lograr un pacto fiscal
Los intereses de los diferentes sectores de la sociedad, que se remarcaron durante y después del golpe de Estado de 2009, a criterio de la diputada del Partido Innovación y Unidad –PINU-, Doris Gutiérrez, son parte de los obstáculos para que no se llegue a concretar un pacto social y fiscal.
“Tenemos que ver, también, desde la perspectiva de cómo lograr un mayor aprovechamiento de los recursos del Estado, pasando por sacrificios, aquí tenemos funcionarios que ganan cantidades que no corresponden a la situación de un país empobrecido como el nuestro, sé que hay cuatrocientos funcionarios que ganan cantidades que no corresponden a nuestra realidad.”, agregó Gutiérrez.
Por su parte, Mauricio Díaz Burdett, coordinador del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), expresa que la existencia de un pacto fiscal en el país dependerá del acuerdo que se logre entre el gobierno y los diferentes sectores de la empresa privada.
Recuerda que durante el gobierno de Ricardo Maduro existió una propuesta para un pacto fiscal, coordinada por el exministro de finanzas, Arturo Alvarado, sin embargo no se concluyó por la “falta de consensos sobre la base de una gran cantidad de intereses”.
“No es un asunto sencillo, y de ahí que pueda tardar un poco, pero de todas maneras es una materia pendiente y no hay forma en la que Honduras pueda escapar en el corto y media plazo de la urgencia y obligación de tener un pacto fiscal”, indicó Díaz Burdett.
Los miembros del Grupo Promotor del Diálogo Fiscal, concluyeron que un pacto fiscal y social ayudará a enfrentar colectivamente, y de forma integral, la compleja situación del país en materia económica y fiscal.
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