El comisionado de Policía, Elder Madrid Guerra, continuará el proceso judicial acusado por violaciones a los derechos humanos, luego que se negara la petición de aplicarle el decreto de Amnistía 2-2010 para casos políticos, en la audiencia inicial en el Juzgado de Letras Penal de Comayagüela, realizada ayer.
Los testigos, que son parten de un grupo de 24 personas detenidas ilegalmente y torturadas por elementos del comando Cobras, bajo el mando de Madrid Guerra, el 12 de agosto del 2009, aunque no declararon, afirmaron que seguirán incesantes en esta búsqueda de justicia, y para que no se repitan estos hechos de lesa humanidad.
Las víctimas de vejámenes, falta a los deberes de los funcionarios y tortura, son Gerardo Arturo Flores Valeriano, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera López, José Natividad Pérez Lorenzo, Oscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña Pavón, Darwin Isaac Amaya Alvarado, Alba Leticia Ochoa Camacho, Sergio Raúl Jerezano, Darwin Said Hernández Carbajal, Oslin George Cantillano, Rosario Vásquez, Emerson Rosicler Barahona y Daniel Ángel Cárcamo Sánchez y otras nueve personas más, sumando en total 24 personas.
El grupo representado legalmente por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, ese día se movilizaba por el centro de Tegucigalpa, algunos habían participado en una manifestación pacífica contra el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, otras iban transitando por donde el contingente policial los capturó sin dar explicación.
Ayer se iniciaba nuevamente el juicio contra el comisionado de policía Elder Madrid Guerra, quien al momento de los hechos fungía como encargado del comando Cobra, y desde entonces progresivamente ha sido ascendido de puesto.
Pese a que el artículo 116 de Ley Orgánica de la Policía, establece que: “Cuando a un miembro de la Carrera Policial se le haya dictado auto de prisión y medidas cautelares por delito doloso se suspenderá de inmediato de su cargo, sin perjuicio de sus derechos. Si la duración de la medida adoptada excediere los seis (6) meses, dará lugar a la terminación de la Carrera sin responsabilidad para el Estado, salvo que estas acciones sean derivadas del servicio o que haya indicios de legítima defensa, causa fortuita o fuerza mayor”.
Sin embargo, en el caso del comisionado Elder Madrid Guerra, quien estaba a cargo del Comando de Operaciones Especiales (Cobras), en el 2009, fue premiado y ascendido de cargo como jefe de Inteligencia y es el actual director estratégico de la Secretaría de Seguridad, por lo que “¿en manos de quién estamos?”, se pregunta Alba Ochoa, una de las víctimas de tortura el 12 de agosto del 2009.
La abogada del área de Acceso a la Justicia del COFADEH, Karol Cárdenas, dijo que la cita de ayer era para el caso que se le sigue a Elder Madrid Guerra.
El Ministerio Público y el COFADEH, ofertaron los medios de prueba, las declaraciones de las víctimas, y al momento en que se le cedió la palabra a la defensa, se interpuso una la acción por falta de acción” (la falta de acción cuando no pueda proseguirse art. 46.2 del Código Procesal Penal) , argumentando que no se debe continuar con la acción penal, debido a que en este caso hay cuatro imputados más a quienes se les aplicó el decreto de Amnistía, y que así como se había beneficiado a ellos, también a su representado se le debería aplicar, y que se debe aplicar dicho decreto porque el Código Procesal Penal no establece cuáles son los delitos por violaciones a los derechos humanos.
“Por lo tanto solicitamos que esa falta de acción se declare sin lugar, por carecer de asidero legal ya que los cuatro imputados no han sido beneficiados con el Decreto de Amnistía, porque existe un recurso de apelación interpuesto por el COFADEH y el MP, que está pendiente de resolución, por lo tanto no está firme”, declaró Cárdenas.
Por otro lado, el Decreto de Amnistía 2-2010 en su párrafo II establece que en los delitos de lesa humanidad y violaciones a DDHH no será aplicado, manifestándole al defensor abogado Jacobo Humberto Salandía, que Honduras es signatario de una serie de tratados internacionales de los cuales forman el Derecho Interno, y que la doctrina establece cuáles son los delitos de violaciones a derechos humanos, expresando e al juez que son aquellos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función, en este caso eran funcionarios armados contra civiles y sometidos a su custodia, que eso agrava la acción que había ocultado el hoy imputado.
El juez declaró sin lugar “la acción por falta de acción” y declara sin lugar la aplicación del decreto de Amnistía, por lo que la defensa interpuso un recurso de reposición el cual también solicitamos sin lugar, y así lo estimó el juez, por lo que la defensa deberá reponer un recurso de apelación, y tiene tres días para hacer esto, declaró la procuradora del Cofadeh.
Hemos presenciado una audiencia conforme a derecho, y queda suspendida hasta que la Corte de Apelaciones resuelva, con estas suspensiones se dilata el proceso, en medio un ambiente que carece de asidero legal. Hasta entonces continuará el juicio, y los testigos y víctimas continuaran pendientes en búsqueda de justicia, apuntó Cárdenas.
Victimas esperan justicia
Una de las víctimas es Mabel López, ella manifestó que se continua dando largas al asunto, aunque se desarrolló la audiencia, nosotros no declaramos, pero lo que quería Elder Madrid era ampararse en el Decreto de Amnistía y la nulidad del proceso que se lleva a cabo. Nosotros no nos damos por vencidos, creemos que este caso debe continuar y ver si se a plica o no la justicia.
Por su parte, Raquel Hernández, madre de un joven quien iba pasando por el centro de Tegucigalpa y fue capturado y torturado, y a quien se les negaba ver a su hijo, dijo que este hecho de no aplicar el decreto de amnistía a Madrid Guerra, le llena de fortaleza saber que no le ha aceptado dicha petición al responsable del grupo armado que les agredió. “Queremos que este caso y nuestra perseverancia en esta lucha sea un precedente de respeto a los derechos humanos de los demás hondureños”.
Mientras que José Natividad Pérez Lorenzo, originario de La Paz, recordó que él participaba en la manifestación del 12 de agosto del 2009, en exigencia del retorno del presidente depuesto por los militares, José Manuel “Mel” Zelaya.
“Fui capturado en los bajos del Congreso Nacional, un soldado se me paró sobre los pies, y vi que capturaban a otras personas, a horas de mediodía, nos llevaron a un sótano del Congreso, y después llevados al cuartel del comando COBRAS, en la colonia 21 de octubre de Tegucigalpa”.
Apareció Elder Madrid, lo logramos identificar porque vimos su apellido en el uniforme. Nos llevaron al Hospital Escuela, ´solo a pasear´ porque no nos atendieron, me dijeron que “Mel” tenía dinero para pagarnos la curación porque medicinas allí no habían y que éramos unos callejeros y bandoleros, además que no teníamos que andar allí, relató don José.
Agregó que, “después nos llevaron al CORE-7, (Policía Metropolitana número 1) al día siguiente nos llevaron al juzgado y después a la CSJ. A unos compañeros los trasladaron a Támara y a mí me llevaron a la oficina del COFADEH. Tenía la clavícula derecha quebrada”.
En este caso, don José Pérez, ve un sistema de justicia lento, siempre suspenden las audiencias, pero seguirán insistiendo.
Otra de las víctimas es Magdaleno Lazo Pineda, quien viajó desde el departamento de La Paz, a la audiencia, y dijo que seguirán en la lucha para que se haga justicia, que gente como Elder Madrid no siga abusando del pueblo, y que pague lo que hizo contra este grupo.
“También velamos para que con esta búsqueda de justicia no se repitan los abusos de autoridad sobre otros hondureños y hondureñas que luchan por un país de derecho. Que la policía recuerde que están para cuidar y defender al pueblo, y no para agredir y ofender”.
A mi ellos me maltaron física y sicológicamente, me golpeaban el rostro y me decían que yo era un revoltoso y que andaba pagado por “Chávez” (Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela).
Cabe mencionar que se está iniciando nuevamente el juicio, porque a Elder Madrid Guerra, comisionado de Policía, se había quedado fuera del proceso y se le había dado un sobreseimiento definitivo, pero en febrero pasado la CSJ le revocó esa figura, y el grupo de afectados espera que se le pueda brindar prisión por todos los delitos que se le imputan,” ya que todos violentan nuestros derechos humanos", aseguraron las víctimas.
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