En una sesión a puerta cerrada, diputados y diputadas al Congreso Nacional aprobaron una serie de reformas al Código Penal para incrementar las condenas de reclusión para quienes cometan delitos contra operadores de justicia y titulares de los poderes del Estado; la junta directiva del Legislativo asegura que esas reformas “son un mensaje contundente en la lucha frontal contra la delincuencia”. Sin embargo para los legisladores que se abstuvieron a votar, el gobierno hondureño ha convertido la represión del delito en un “acto demagógico”.
Y es que a dos semanas del asesinato de dos fiscales en San Pedro Sula, a manos de supuestos integrantes de una pandilla, los legisladores reformaron el artículo 116 del Código Penal, referente al homicidio simple que incluye penas de 15 a 20 años de reclusión.
Otro de los artículos modificados fue el 222, mediante el cual se establece el delito de extorsión; las penas por este delito ahora oscilan entre 15 y 20 años, y si se comete contra un policía, un fiscal, un magistrado, un juez, contra el ministro de Defensa, ministro de seguridad o todos los que integran el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, o contra los diputados del Congreso Nacional a quienes se les amenace con que se les va quitar la vida, se le aumentará a un tercio esa pena.
Esas reformas, para el abogado y diputado de Libertad y Refundación –LibRe-, Jari Dixon Herrera, son un acto de demagogia y politiquería barata del actual gobierno cada vez que hay brotes y crisis de criminalidad.
“No podemos estar en contra de la represión del delito, pero tampoco podemos estar a favor de usar la seguridad del Estado o la seguridad de la población hondureña para hacer proselitismo político; sino se combate la criminalidad desde todos los puntos, desde todos los ángulos aquí no habrán resultados positivos”, dijo Herrera.
Asegura que el combate a la criminalidad resultará cuando los gobiernos implementen políticas públicas de prevención. “Ni los jueces, ni los diputados, ni los fiscales, todos los que integraron ayer se pueden sentir seguros porque aumentamos penas en el hemiciclo legislativo, es una farsa, nosotros no estamos dispuestos a seguir utilizando la seguridad del país en ese tipo de cosas”.
Fátima Mena, coordinadora de la bancada del Partido Anticorrupción –PAC-, coincide que la prevención es la que vendría a ayudar “bajar los índices de violencia y criminalidad”, para ello demanda que el gobierno de Hernández utilice de manera eficiente los fondos del “Tasón de Seguridad”.
“Este Tasón sigue siendo un gran misterio, en ese Tasón parte de los acuerdos es que mucho tenía que ir orientado para la prevención del delito, que eso lo que realmente va a bajar los índices de violencia”, expresó.
Prisión de por vida por conspirar
La noche de miércoles, los llamados “padres de la patria” además modificaron el artículo 322, que califica de magnicidio cuando se dé muerte al presidente de la república, a los titulares del poder Legislativo y Judicial, y a quienes constituyen el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La pena por el delito de magnicidio será de 40 años de reclusión hasta la privación de la libertad de por vida.
El Código Penal en su artículo 324 establecía que por el delito de conspiración y proposición se cumpliría una pena de uno a dos años, pero con las nuevas reformas las personas que lo cometan guardarán 40 años de cárcel a privación de por vida de la libertad a quien esté conspirando o proponiendo causar muerte a los titulares de los tres poderes del Estado, o contra algún miembro del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y contra operadores de justicia.
Rasel Tomé, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, opina que las nuevas penas por el delito de conspiración son únicamente para atemorizar a la población y así no critique las malas acciones del gobierno en turno.
“Suficiente atribuciones y prerrogativas tiene un alto funcionario del Estado, estos que andan con muchos carros de seguridad, y además quieren intimidar a la gente para que no pueda criticar. La democracia es un juego de ideas, libres planteamientos; la crítica es parte del rol que le corresponde a los medios de comunicación, a los políticos de oposición y a los sectores organizados contra el gobernante”, arguyó Tomé.
Para organizaciones como el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares –CPTRT-, el aumento de las penas o la privación de la libertad de por vida es “un trato cruel e inhumano”, pues se hace caso omiso de que la dignidad de la “persona humana constituye una cualidad propia de la misma que le corresponde a todo ser humano” con independencia de sus características particulares.
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