Facturas con fechas incorrectas y pagos injustificados son parte de las observaciones que hizo la Oficina Administrativas de Bienes Incautados (OABI) al Ministerio Público sobre fondos millonarios que la primera dependencia le desembolsó como parte de dinero requisado a bandas de criminales.
En una misiva enviada por el director de la OABI, José Humberto Palacios Moya al fiscal general, Luis Alberto Rubí, le hace observaciones sobre el traslado y uso de 444 mil, 113.65 dólares correspondientes a ingresos extra presupuestarios asignados por la OABI a favor de las unidades que directamente luchan contra la criminalidad organizada, adscritas al Ministerio Público (MP). Palacios Moya le hace ver a Rubí que “los documentos justificantes de la liquidación presentan situaciones como que las facturas fueron pagadas en meses anteriores a la fecha en que la OABI efectuó la asignación de ingresos extrapresupuestarios que la Ley Sobre Privación de Dominio ya establece su destinación específica a las unidades que directamente luchan contra la criminalidad organizada, adscritas al Ministerio Público”.
“Se observa que se está cubriendo erogaciones de un contrato de arrendamiento, con dichos ingresos extra presupuestarios y no con la asignación presupuestaria ordinaria asignada al Ministerio Público”, dice el documento.
Tal vez fue un lapsus
Palacios Moya considera en la nota a Rubí que “imagino que por un Lapsus Calami la Fiscalía justifica pagos de arrendamiento de un local (espacio) para la OABI en el edificio Torre Altamira, lo cual es incorrecto, ya que la OABI es una entidad dependiente del Ejecutivo que funcionan en su propio local (incautado), lo anterior se apunta con el fin de evitar perjuicios futuros que representan compromiso administrativos”.
Agrega Palacios Moya que en el informe de liquidación del MP se establecen “saldos pendientes de desembolsar” de parte de la OABI a favor de la Fiscalía, situación absolutamente sin fundamento porque además de corresponder esos valores y pagos a desembolsos ya efectuados, ninguna normativa gubernamental compromete a la OABI para que subvencione compromisos de la Fiscalía”.
El director de la OABI recuerda al MP que “las observaciones descritas seguramente serán analizadas por los entes contralores (a los que mandó copia) del Estado, tanto en la Fiscalía como en la OABI y por lo tanto ambas instituciones deben prevenir deducciones de responsabilidades subsanando los inconvenientes existentes de manera transparente y objetiva”.
Copias
Humberto Palacios Moya envió copia además a la Secretaría de la Presidencia, Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad, Tribunal superior de cuentas y a la Secretaría de Finanzas, entre otras, sobre los hallazgos en la justificación de gastos que hizo la Fiscalía.
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