sábado, 16 de febrero de 2013

Frecuencias radiofónicas abusos y esperanzas




Por Julio Escoto

Un técnico explicó con sencillez: el Estado es propietario del nominado “espectro radiofónico”, que es la radiación electromagnética de una longitud de onda, dividida en frecuencias y ciclos. El ciudadano corriente lo conoce como el “dial” del aparato de radio con las rayitas que exhiben emisoras. Y dado que ese es un bien universal y único, se reglamenta por convenciones entre naciones y pertenece a los países, no a particulares. El Estado lo concesiona por tiempo limitado para usufructuar una o más frecuencias, pero no lo traspasa en pleno a la persona jurídica o natural.

Las radiodifusoras del mundo aparecen localizadas en el dial a un hertzio de distancia, mientras que en Honduras se sitúan a tres hertzios, pero ello no implica que al medio no haya frecuencias sino que esas están silenciadas, bien porque la autoridad directora (Conatel) no las otorga o por especulación. Según nuestro experto, hay personas y compañías que enmudeciendo esos espacios, impiden la competencia y aseguran monopolios. O bien aguardan que el mercado eleve el valor de la frecuencia para cotizarla a superior precio, lo cual es negocio vedado por ley.

Las ocasiones en que se intentó regular democráticamente al espectro, la reglamentación entrante fue torpedeada por los actuales propietarios de emisoras mediante presión política, chantaje y soborno. Del mismo modo, no se emite hoy otra ley porque en términos generales los diputados responden a intereses particulares y no al bienestar de la nación, a la vez que modernizar el espectro obligaría a entregar frecuencias radiales a sectores de la sociedad usualmente excluidos y desposeídos, tales como etnias, grupos culturales y de servicio comunal.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada cercanamente en Argentina (Ley 26.522, 2010) es considerada a escala mundial modelo en su campo ya que cumple el propósito de ampliar y proteger la diversidad informativa y cultural de ese país. Amparada bajo el lema “otra comunicación es posible”, considera a la comunicación un “derecho humano y no mero negocio”. Sus principios antimonopólicos “tienden a garantizar pluralidad de voces y horizontalidad informativa”, expresa Dênis de Moraes en alai-amlatina@alai.info.

A fin de hacerla instrumento de beneficio colectivo, la ley fue extensamente socializada en 24 foros implementados en diversos puntos del país con sindicatos, asociaciones profesionales, universidades, emisoras comunitarias y movimientos de derechos humanos, los que constituyeron la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que entregó al gobierno legislativo insumos perfectos en la materia.

Fueron creados entonces “tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: de gestión estatal (medios públicos); gestión privada con lucro y gestión privada sin fines de lucro (organizaciones no gubernamentales, entidades sociales y comunitarias, sindicatos, fundaciones)”. Hace varios años El Salvador sancionó una ley de medios similarmente avanzada y con diversidad de emisoras de rango popular (palabra que engendra alérgico miedo entre oligarquías y burocracias) expresada en radios locales de barrio, de pueblos, de emergencia, musicales, educativas, universitarias, culturalistas, entre otras.

La de Argentina crea medios alternativos y “limita el número de licencias que puede tener una misma persona o empresa y controla la propiedad cruzada de medios. Con el objetivo de promover la diversidad de contenidos nacionales y locales, esa nueva legislación recoge antecedentes de países europeos y americanos al incluir exigencias mínimas de producción nacional, local y propia”, de modo que se fortalezca la identidad colectiva.

“Los avances en Argentina ponen de relieve el papel regulador y activo que el Estado precisa desempeñar en la vida social para lograr, dentro de las reglas de la democracia, legislaciones 

antimonopólicas, universalizar el acceso y la información e intentar detener la avasalladora concentración de los medios”, concluye Moraes.

En Honduras, que anuncia proceso similar, démosle al gobierno los beneficios de la duda y la esperanza. Ojalá no salgan con otra chabacanada neoliberal como sus habituales. El tema es tan vital y actual que continuará.

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