Por Thelma Mejía
La doctrina de la seguridad nacional, impuesta por Estados Unidos en América Latina y que abonó las dictaduras de los años 70 y 80, vuelve a cobrar vigencia en Honduras de la mano de una nueva norma que fusiona la defensa militar del país con el esquema policial de preservación del orden interno.
La ley creó la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), un organismo clave en la estructura de seguridad que aparece sin una clara dependencia de organismo alguno y en el que no se aprecia un control civil democrático.
"En este proyecto se unen o fusionan la defensa militar y la seguridad interna, lo cual es peligroso, porque uno de los propósitos posteriores a la Guerra Fría fue separar ambos campos por los efectos negativos que tuvo en la violación sistemática de los derechos humanos" en la región, dijo a IPS la socióloga Mirna Flores, experta en la materia.
"Estamos frente a viejos conceptos de seguridad nacional de tiempos de la Guerra Fría en América Central y el peligro es que se sustituya la retórica discursiva del anticomunismo hacia las ‘nuevas amenazas’, como pueden ser los jóvenes presuntamente delincuentes, disidentes del régimen, la protesta social o la imposición de poderes absolutos", añadió.
La aprobación de la Ley de Inteligencia, hace dos semanas, tomó por sorpresa a organizaciones defensoras de los derechos humanos, de instancias civiles y académicas por la premura del caso, la falta de consenso y por haber saltado por dos de los tres debates necesarios en este tipo de trámite parlamentario.
El diputado Sergio Castellanos, del izquierdista partido Unificación Democrática, fue el primer sorprendido cuando se introdujo el proyecto. Pidió tiempo para un mayor debate, pero no pudo con la amplia mayoría derechista conformada por los representantes del gobernante Partido Nacional y de un ala del Partido Liberal.
La norma se aprobó en medio de una feria legislativa que, también sobre tablas, sancionó reformas constitucionales y otras legislaciones secundarias que han generado polémica en el país, como la que regula la minería y la de revisión y suspensión de exoneraciones fiscales sin excepción, entre otras.
En el caso de la Ley de Inteligencia, algunos vacíos que presenta se relacionan con la falta de definiciones conceptuales que rigen las legislaciones modernas para no dejar espacio a decisiones de carácter discrecional.
Así lo explicó a IPS el experto Roberto Cajina, consultor civil en Seguridad, Defensa y Gobernabilidad Democrática, para quien la falta de definiciones y límites del nuevo texto puede ser una "tentación" para los abusos.
"Se debe tener claro qué se entiende por investigación, inteligencia, acción estratégica, protección de privacidad, seguridad nacional, unidades especiales, operaciones encubiertas, agentes especiales, medidas de protección especial, fondos reservados y riesgos especiales, por citar las más importantes y que no están en esta ley", detalló Cajina.
Asimismo, el consultor dijo que en el artículo 28 de los 33 con que cuenta la nueva normativa se indica que la DNII podrá reclutar miembros activos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eso es "muy delicado y debe ser revisado con detenimiento", apuntó.
"Tal como está redactado, abre espacios peligrosos. No está de más advertir sobre una ‘piratería’ de la DNII hacia las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Qué tipo de inteligencia realizan unas y otras?", se preguntó.
"Si esto no se deja claro, habrá problemas, contradicciones serias, y el panorama cambiará radicalmente. Es necesario delimitar los campos de acción de cada uno de ellos", reiteró Cajina.
Tanto Cajina como la socióloga Flores coinciden en señalar como otro de los vacíos de la ley el hecho de que la DNII se vuelve una especie de agencia sin adscripción orgánica a ninguna institución o autoridad civil, es decir que no queda claro de quién depende orgánicamente.
También, la norma obliga a las entidades privadas a "cooperar brindando la información que les sea requerida a fin de apoyar el esfuerzo de inteligencia".
En este aspecto, los expertos proponen un mejor desarrollo sobre el tipo de información que deben dar las empresas privadas, pues así como está redactado deja abierta una puerta a la discrecionalidad, "de tal forma que el director de la DNII puede, sin mayor justificación, calificar a cualquier entidad como sujeto de interés que debe proporcionar la información que requieran", advirtieron.
"Estamos alarmados ante esta ley que metieron sin tapujos, sin que hubiera debate y más amparándose en viejos conceptos de la Guerra Fría", advirtió a IPS la activista Bertha Oliva, del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
Oliva dijo que le preocupan algunos aspectos de la ley al otorgar potestad a la DNII para crear "unidades especiales de investigación e inteligencia" y para cooperar con "otros órganos de inteligencia del Estado".
"¿Significa acaso que existen más? ¿Cuáles son? ¿Por qué no los conocemos? Creo que hay muchas lagunas que pueden terminar en abusos", puntualizó.
En los años 80, los cuerpos de inteligencia de Honduras crearon el llamado Batallón de la Muerte, que terminó siendo responsable de la desaparición forzada de 187 personas por razones político- ideológicas, según un informe oficial.
Ese antecedente hace temer que se reedite esa figura, al dar el Poder Ejecutivo amplias facultades a militares y policías para conducir un cuerpo de inteligencia que por ley estaba consignado como mandato de la Comisión de Reforma para la Seguridad Pública, una instancia civil que trabaja en reformas estructurales a la policía, fiscales y justicia.
Pero según Matías Funes, jefe de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, sus propuestas no tienen eco en los poderes Legislativo y Ejecutivo. "Es como si hubiera una agenda paralela", y el país así no avanza en institucionalidad y democratización, dijo.
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