El periodista Marvin Palacios, miembro del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, (COFADEH); Willfredo Paz, vocero del Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos en el Aguán; Vitalino Álvarez y Jony Rivas integrantes de la Plataforma Agraria Regional del Aguan, fueron acusados por la fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, de ser los principales responsables de una campaña de desinformación en su contra.
Los militares difundieron la acusación mediante un comunicado leído en una conferencia de prensa el día 18 de febrero de 2013, en la zona del Bajo Aguán.
En el escrito también señalan que las alertas que los defensores de derechos humanos emiten, en donde denuncian las violaciones a los derechos humanos de los campesinos y campesinas de las comunidades de la zona, son publicadas inmediatamente por una red de medios y organizaciones internacionales de derechos humanos que "emiten conclusiones y acusaciones parcializadas que deterioran la imagen de la nación hondureña". Entre los medios digitales se encuentran defensoresenlinea, hondurastierralibre y voselsoberano.
Asimismo se refieren a que el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, (CODEH), es otro de los organismos que los acusa falsamente, por lo que lo emplazan a presentar las pruebas ante los tribunales competentes, en una clara acción de intimidación.
El comando Xatruch está conformado por más de 500 efectivos entre militares y policías, y esta acantonado en el Bajo Aguán "para conducir operaciones de estabilización en el departamento de Colón".
Según Diario El Heraldo en su edición del Sábado 12 de enero de 2013,"en el 2009, miles de campesinos invadieron alrededor de 6,000 hectáreas de tierras fértiles de las riberas del caudaloso río Aguán, sobre el Atlántico, que históricamente han sido concesionadas o vendidas por el gobierno a ricos terratenientes o empresarios agro-industriales nacionales.
Tras la ocupación comenzaron los violentos desalojos, la mayoría a cargo de policías y militares, y luego los crímenes que han alcanzado también a guardianes privados contratados por los terratenientes. Los campesinos sostienen que la tierra les pertenece porque el gobierno de Honduras se la asignó en los años 80 mediante una reforma agraria".
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